La Comunidad de Madrid ha firmado convenios de colaboración para actualizar y mejorar los protocolos existentes de emergencias y de esta manera reforzar los principios de colaboración, cooperación y ayuda mutua entre administraciones.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas del Gobierno regional, Enrique López, ha detallado en la Asamblea de Madrid los planes de su departamento en esta materia para gestionar las emergencias de una manera más rápida y eficaz, especialmente en aquellas intervenciones críticas donde se produzcan víctimas (los accidentes de tráfico con atrapados y los incendios en viviendas).

López ha explicado que el último mes su departamento, a través de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), ha firmado un convenio con Castilla y León y otro con el Ayuntamiento de la capital de España para reforzar la cooperación y eliminar las fronteras administrativas en las emergencias que se produzcan en sus territorios.

Además,  ha confirmado que el Gobierno regional espera poder firmar próximamente con el Ejecutivo de Castilla-La Mancha un acuerdo idéntico al de Castilla y León, que ahondará en la idea de borrar los límites e impedimentos en la gestión de emergencias, articulando, con anticipación y previsión, mecanismos de coordinación claros, coherentes y efectivos. Se trata de “acuerdos que nos dotan de las herramientas necesarias para evitar situaciones como la acontecida el verano pasado en el incendio de Almorox”, ha explicado López.

Seguridad ciudadana 

El consejero ha defendido que “estos convenios de colaboración entre instituciones suponen una mejora importante en la prestación del servicio a los ciudadanos por cobertura, por comunicación, por sistemas de mando y control aplicables, y también porque se generan unos ahorros que repercutirán, para bien, en los servicios de seguridad y emergencias”.

En ambos protocolos se incluyen Zonas de Actuación Conjunta. En el caso de Castilla y León se establece una Zona de Actuación Conjunta ante Incendios Forestales (ZACIF) de cinco kilómetros de terreno forestal a ambos lados de la línea divisoria entre ambas regiones. Se trata de una zona en la que, por sus características, una demora en el tiempo de respuesta ante un incendio puede acarrear consecuencias graves para la vida, los bienes y el medio ambiente.

Por su parte, el protocolo con el Ayuntamiento de Madrid fija una Zona de Actuación Conjunta (ZAC) que se definirá a través de un estudio pormenorizado con potentes herramientas GIS (sistemas de información para conocer el tiempo de respuesta) y en la que, independientemente de los límites administrativos, prima la proximidad de un recurso de bomberos al siniestro y no la competencia administrativa.

Por ello, cuando se declare una emergencia en estas zonas prevalecerá la rapidez de respuesta en la activación de los efectivos de extinción y no el criterio geográfico o competencia en la gestión del territorio.

También estos acuerdos establecen nombrar a un Mando Único Responsable, que ejercerá la Dirección Técnica de Extinción y coordinará los recursos despachados por cada Administración.