La Comunidad de Madrid ha habilitado un total de 231 plazas para personas sin hogar o familias que han sido expulsadas de su alojamiento habitual y se han quedado en una situación de calle sobrevenida por la crisis sanitaria y social provocada por el coronavirus.

Los recursos residenciales abiertos en Atocha, en la capital, y en el municipio de Los Molinos tienen actualmente el 100% de sus plazas ocupadas. La capacidad de ambos ha sido aumentada hasta las 50 y 61 plazas, respectivamente. En ambos se alojan personas o familias en riesgo de exclusión social, que han sido derivadas por los servicios sociales municipales.

Asimismo, el recurso habilitado junto al Ayuntamiento de Madrid en el barrio de Las Tablas, que cuenta con una capacidad de 120 plazas, ya acoge a 62 personas. Este recurso ha sido habilitado para personas y familias en situación de calle, que tienen síntomas leves de COVID-19 pero no requieren hospitalización. La Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad ha habilitado estos tres espacios que están siendo gestionados por Cruz Roja Madrid.

La entidad ofrece alojamiento y cobertura de necesidades básicas, así como atención psicosocial a través de un equipo técnico y voluntario de la institución. El Servicio de Emergencia Social, dependiente de la Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social, cuenta con cuatro equipos de atención social con sus respectivas unidades móviles, responsables de la derivación de los casos a los tres recursos en funcionamiento.

La Comunidad de Madrid refuerza así la atención a los colectivos más vulnerables ante la situación de emergencia a causa del COVID-19. Por ello, sigue habilitando recursos para la atención de las personas y familias que se encuentran en una situación de exclusión social. Con la colaboración de los ayuntamientos de la región, la Dirección General de Servicios Sociales cuenta con una red amplia de actuación para detectar y atender aquellos casos de extrema necesidad.

La relación con los Servicios Sociales Municipales se regula a través de convenios con las entidades locales, que permiten la gestión de los servicios sociales de atención primaria que se dirigen a los vecinos de los distintos municipios o mancomunidades. Así, se establece la coordinación de las actuaciones en materia de Renta Mínima de Inserción, la promoción de proyectos para la lucha contra la pobreza infantil o el acceso de las personas más vulnerables a prestaciones y servicios con los que puedan mejorar su calidad de vida.