La Comunidad de Madrid ha reducido hasta en un 65% la ocupación de viviendas mediante el método conocido popularmente como patada en la puerta o el asalto, desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado mes de octubre de 2019.

Así lo ha adelantado el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, visitó ayer una vivienda bunkerizada, según la denominan los técnicos de la Agencia de Vivienda Social -AVS-, en el madrileño distrito de Tetuán, cuyo objetivo es preservarla, evitar su ocupación y poder adjudicarla a personas o familias en situación desfavorable. Este procedimiento consiste en la instalación de una puerta antivandálica y el chapado de las ventanas del inmueble.

La Comunidad de Madrid destina 4 millones de euros anuales a seguridad, reparación y bunkerización del parque de viviendas de la AVS, formada por más de 23.200. El objetivo es evitar ocupaciones y poder acometer reparaciones en los inmuebles, una vez desocupadas, para poder entregárselas a las familias con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

En algunos casos se hace necesario también proteger las terrazas, e incluso las puertas de acceso a las mismas situadas en los áticos, para evitar trepados o descolgamientos desde otras plantas o pisos.  El coste de la instalación de cada puerta de este tipo supone un desembolso para la Comunidad de Madrid de 1.373 euros.  

Una vez que la vivienda es adjudicada y la familia que la recibe va a entrar a vivir, es necesario nuevamente sustituir esa puerta antivandálica y antiocupación por una puerta estandar, lo que supone una nueva reforma que tiene un coste medio de 1.079 euros. En total, a la Administración madrileña le supone estas medidas de protección un coste por vivienda superior a los 2.400 euros.

Pérez ha subrayado que “los ciudadanos demandan nuevas medidas y una legislación que permita que las mafias y los delincuentes que ocupan las viviendas puedan, en caso de que accedan ilegalmente a una vivienda, ser desalojados inmediatamente y con todas las garantías legales. Toda vivienda ocupada ilegalmente resta una posible vía de asistencia a aquellas personas o familias que sí necesitan realmente una vivienda, debido a su estado de precariedad o vulnerabilidad”, ha señalado el consejero.

“En el caso de la Administración regional, -ha señalado Pérez- que lidera el ranking nacional con más de 23.200 viviendas públicas, el objetivo de la AVS es destinarlas a aquellas familias que cuentan con escasos recursos. Sabemos que la mayor parte de las ocupaciones no se llevan a cabo por familias necesitadas, sino por mafias organizadas o personas que buscan hacer negocio con ello, por lo que también se evitaría la comisión de nuevos delitos”.

“Según los datos de que disponemos en las zonas donde se es más beligerante, en la medida que la ley lo permite, contra la ocupación se ha reducido el número de pisos ocupados como es el caso de la Comunidad de Madrid. Cuanto más permisiva sea la Administración, mayor nivel de ocupación encontraremos”.