El Servicio de Empleo Público Estatal ha sufrido ya varios colapsos durante este año. Todo se debe, por supuesto, a las prestaciones por el régimen del ERTE, cuya aplicación generalizada ha colapsado la entidad. Hay que tener presente que, por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Empleo, el Servicio de Empleo Público Estatal es el organismo autónomo de la Administración General del Estado al que se le encomienda la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, teniendo numerosas competencias, entre las que destaca la gestión y el control de las prestaciones por desempleo, sin perjuicio del cometido de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre obtención y disfrute de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social que el artículo 12 de la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, atribuye a los funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y del Cuerpo de Subinspectores laborales.

Los datos de trabajadores sujetos al régimen del ERTE resultan muy llamativos, como se puede comprobar, por cortesía de www.epdata.es, en el siguiente gráfico:

evolucion


Hay que tener presente que, por cada empleador que decide activar el mecanismo del ERTE, se inicia un procedimiento administrativo. En el desarrollo de sus trámites, se controla el cumplimiento de los requisitos del empresario solicitante para comprobar si efectivamente concurren los presupuestos propios del ERTE y, posteriormente, hay que notificar la finalización del procedimiento, el reconocimiento del derecho a la prestación por parte de los trabajadores y el abono a estos de la cuantía fijada. Obviamente, esos trámites corresponden a empleados públicos, personas al servicio de las Administraciones Públicas que, teniendo una buena formación, superior a la de muchos líderes políticos, han superado procesos objetivos de selección, algo que, tristemente, no sucede con los dirigentes públicos, que cobran mucho más trabajando mucho menos.

En 2010, el Servicio de Empleo Público Estatal tenía en su plantilla 10.828 empleados, pero, actualmente, incluye 7.935, a pesar de que, en primavera, se incrementó el número de empleados en 1.000 trabajadores temporales, a los que se sumaron otros 500 en octubre, aunque no todos se han incorporado. Sin embargo, ello no es suficiente, como ha quedado demostrado, y el diario elEconomista.es ya indicó que los gestores del SEPE han solicitado 132 millones de euros para poder implementar medidas necesarias para acabar con la saturación, que no parece preocupar demasiado al Gobierno.

El problema más evidente es que, a pesar de lo previsible de las circunstancias actuales, no se realizó un plan de contingencia más contundente, que podría haberse materializado con dinero público que, lamentablemente, se prefiere utilizar para pagar el salario de 1.200 asesores del Gobierno que, con total seguridad, consiguen menos de lo que podría lograrse con 1.200 trabajadores o más para el Servicio de Empleo Público Estatal, que deberían formar parte, más que por un programa por contingencia, de un programa estructural que pueda aligerar el Servicio de Empleo Público Estatal como entidad que, desgraciadamente, tiene los pies de barro en una época en la que debería tener pilares de acero.