Lo he escrito, lo he dicho y lo he explicado: el franquismo social, a futuro, será considerado como uno de los aspectos más positivos y más trascendentes, por su continuidad en el tiempo, del régimen de Francisco Franco. Tesis que he desarrollado y sustentado en mi libro Franco Socialista. La revolución silenciada 1936-1975. Desde el punto de vista del personaje sería su cuarta victoria tras las de la guerra civil, el reconocimiento internacional y el desarrollo económico. Victorias, casi todas ellas, alcanzadas contra todo pronóstico y con muchas barreras por franquear. Lo que sus biógrafos o contrabiógrafos actuales deberían valorar en toda su extensión.

 

A día de hoy, pese a ser una realidad incuestionable, implementado por decisión y compromiso de Franco, el franquismo social, que es una censurada seña de identidad del Estado de las Leyes Fundamentales, permanece ahogado en la penumbra por una curiosa alianza tácita entre los intereses de la mordaza de la corrección política, del antifranquismo retrospectivo y del peso de la historia política y económica en la historiografía. Lo cierto es que, fuera de los ámbitos del Derecho y solo hasta determinada época, a duras penas si ha merecido media docena de desiguales trabajos de investigación, en los que es habitual que el autor busque, retorciendo la realidad, cómo evitar que el lector lo estime como algo positivo. Sin embargo, es un elemento clave para entender, comprender y asumir, los amplios apoyos sociales que Franco consiguió alcanzar; su popularidad y el respaldo de millones de españoles constituyendo lo que se denominó el franquismo sociológico. Algo de lo que sus contrabiógrafos suelen prescindir.

 

En concordancia con lo anterior, si bien es usual reconocer el desarrollo económico logrado por el Régimen (la crítica actual se centra en afirmar que el crecimiento pudo ser mayor, aunque estuviera entre el 7% y el 8% anual de media durante 14 años; un crecimiento continuado de una magnitud que no se ha vuelto a producir), “edad de oro” de nuestra economía desde los tímidos arranques de la industrialización en España, pese a los intentos de relativizarlo, se tiende a minusvalorar, por insuficiente dedicación a explicarlo, lo más trascendente: el cambio social que se produjo de forma acelerada desde mediados de los cincuenta. No es solo que pasáramos de una sociedad rural (más del 45% de la población dedicada a tareas agrícolas y ganaderas), con un sector servicios antiguo, a una sociedad urbana y consumista con un PIB moderno que permitía la estabilidad en el empleo, que pasó de niveles subdesarrollados a figurar entre los países desarrollados (9ª potencia imdustrial), sino que la sociedad española abrió el camino para corregir la desigualdad recortando las diferencias sociales de forma constante desde mediados de los años cincuenta. Recorrimos el camino desde la oligarquía y los jornaleros a una sociedad de clases medias en la que cada año más españoles abandonaban las filas del proletariado. Una sociedad que veía posible, por las condiciones creadas, la movilidad del progreso tras las penurias impuestas por la dura y forzada posguerra.

 

En 1938, se han cumplido en silencio 80 años, se promulgaba el Fuero del Trabajo, el origen del actual Estado del Bienestar y del sistema de relaciones laborales/protección del trabajador del que aún quedan referencias y al que se refieren los sindicatos al hablar de recortes y derechos perdidos a recuperar.

El Fuero del Trabajo fue la carta de derechos sociales y laborales del régimen de Franco que implicaba la puesta en marcha de lo que hoy se denomina Estado del Bienestar (Franco utilizaba la expresión Estado Social). Tanto es así que uno de los economistas habituales de hoy ha llegado a decir, realizando un reconocimiento indirecto, que lo que a él le preocupaba no es que Franco estuviera enterrado en El Valle de los Caídos sino que estuviera presente en el Estatuto de los Trabajadores; que los problemas de “falta de flexibilidad laboral” de nuestro sistema de relaciones laborales y de protección del trabajador con despidos caros, tienen su origen en el Fuero del Trabajo.

 

El Fuero del Trabajo, afirmaba Franco ante los trabajadores en 1942, “contiene en el orden social nuestro programa, el espíritu católico de un pueblo revivirá en nuestras actividades [...] hemos de hacer desaparecer el viejo concepto de las masas proletarias”. Franco se proponía poner fin a la lucha de clases y al concepto social de proletarios, que implicaba injusticia y pobreza, a través de la Justicia Social.

 

“El Movimiento Nacional viene a apoyarse en esto: en las clases trabajadoras españolas, trabajadoras en todos los órdenes, que ponen su esfuerzo y voluntad al servicio de la nación. Viene a hacer realidad lo que existía solamente en las predicaciones, pero que nadie realizaba; viene a hacer realidad una doctrina social y católica que llegue a todos los rincones y a todos los hogares. Pero para que esto suceda tenemos la necesidad de producción, tenemos la necesidad de más bienes. No venimos a arrancarlos a los que legítimamente los ganaron; venimos a que la tierra española, a que la industria española floreciente se arme y se multiplique, pero también a que [la riqueza] se distribuya con una mayor justicia y una mayor equidad”

 

En este sentido es fundamental analizar cuál fue el discurso programático de Franco en materia social y qué grado de consecunción del mismo se alcanzó durante su Régimen. En líneas generales su planteamiento se cimentaba en la idea de que la libertad es una quimera cuando se carece de recursos y de derechos reales, por lo tanto se prioriza ese objetivo: lo real frente a lo teórico. Es usual en este discurso encontrar la afirmación de que sólo la riqueza, la producción de bienes, el crecimiento económico, hacen reales los derechos. Así resulta curioso que, mientras se constitucionalizan derechos y reivindicaciones sociales en la Constitución de 1931, pero no se transforman en realidades, sea su Régimen el que las hace tangibles (Franco distaba de ser un sectario refractario ante aquello que proponía el adversario y entendía que era positivo y asumible). Ahora bien, constatemos que la decisión de implementar esta orientación social en el futuro Estado -en realidad el Estado tal y como lo conocemos aparece con el Caudillo- es del propio Franco, está en su Manifiesto de Las Palmas de julio de 1936. Lo que asentará en su discurso haciendo converger dos corrientes: la Doctrina Social de la Iglesia y la propuesta social de José Antonio Primo de Rivera. La resultante, el franquismo social, como años después explicaría José Luis de Arrese, es una política de conciencia y no de conveniencia. Es más, al unísono de este desarrollo de los derechos sociales yo añadiría que el franquismo social es también un antecedente y un ejemplo del cosismo (califiquemos así, por ejemplo, los comedores en las empresas, los economatos, los huertos familiares, la vaca para las familias numerosas campesinas, la orientación de muchas ayudas concretas -unos pescadores que piden una grúa-...). Nunca se desdijo Franco de este designio social de su régimen político, ni renunció a hacerlo efectivo. Cuando José Antonio Girón de Velasco dejó el Ministerio de Trabajo, tras 16 años en los que el franquismo social se materializó en leyes, expresó al Caudillo su temor de que se perdieran los avances sociales alcanzados, Franco le tranquilizó diciendo que no sería así y que aún quedaba mucho por hacer. Ciertamente, cuando el desarrollo económico acelerado se desató de la mano de los tecnócratas siempre se tuvo presente la faz social de este, especialmente en los ámbitos de Vivienda, Sanidad, Promoción y Educación. Ocupando amplio espacio en los afamados Planes de Desarrollo fundamentalmente a partir del segundo.

 

La implementación de lo que denominamos franquismo social presenta algunas características muy específicas y singulares en las que sin ser exhaustivos tenemos que detenernos. La más destacable quizás sea que el discurso se desarrolla al compás de su aplicación práctica (no se espera a lo perfecto sino que se pone en marcha y se va perfeccionando). Estamos ante cambios que serán revolucionarios en su resultante, que avanzan al compás de la ley y que en algunos casos son una realidad antes de desarrollarse su marco legislativo: derecho teórico y derecho real. En segundo término, es interesante subrayar que los grandes avances se constitucionalizan, se hacen realidad legal, en los años de peor situación económica (contraviniendo la tesis actual de que en situaciones de crisis se opte por políticas de recortes en el gasto social). En tercer término, señalemos la transformación de todo tipo de prestaciones en derechos que nunca se recortan sino que se amplian desde 1937 a 1975. En cuarto término, en notable la asunción de una concepción dinámica de la ley (así sucede con el Fuero del Trabajo). En quinto lugar, el garantismo y protección que se da a esos derechos sin los que estos podrían vulnerarse (ejemplo claro es la irrenunciabilidad del derecho que protegía a los trabajadores en los tribunales ante cualquier presión empresarial). Por otro lado este franquismo social se iguala al constitucionalismo social posterior a la II Guerra Mundial. Recordemos, por ejemplo, que la España de Franco era uno de los países con más convenios de la OIT ratificados.

 

Resaltemos por otro lado el inconformismo, por no decir la autocrítica, del Régimen con su propia política social. Ahí están la prensa de la época, las publicaciones del Movimiento, los debates en las Cortes y las propuestas de la Organización Sindical. Si se sigue la trayectoria jurídica de las leyes que cimientan ese franquismo social es fácil percibirlo porque se reforman para su mejora, siempre para su mejora, de una forma más o menos constante, hasta alcanzar el objetivo teórico (así sucede, por ejemplo, con los subsidios/prestaciones familiares que, desde el minuto uno, son un derecho; o se pone de manifiesto en lo referente a la aparición y primer desarrollo de la Seguridad Social).

 

Es trascendente esa ductilidad. Recurramos a dos ejemplos: las relaciones laborales y la vivienda. A partir de lo dispuesto en el Fuero del Trabajo, además de la proclamación y puesta en práctica inmediata de derechos (en 1938 los trabajadores ya disfrutaron de vacaciones pagadas), de la aparición de la nueva inspección de Trabajo (realmente efectiva cuando llegara una generación formada en los principios del Fuero), se anunciaba un modelo de relaciones laborales (salarios y demás estaban fijados por el Estado) poco definido pero disonante, cuanto menos, con el que de la mano de Girón de Velasco se levantaría después. Este nuevo modelo de relaciones laborales quedó definido por la Ley del Contrato de Trabajo, las Reglamentaciones de Trabajo y la Ley de Convenios Colectivos. Las Reglamentaciones eran auténticos códigos de derechos cuyo objetivo era la protección del trabajador. Ahora bien, la negociación de los Convenios era para la mejora de lo contenido en las Reglamentaciones, de tal modo que un Convenio no podía subvertir lo alcanzado en las mismas. Las leyes de relaciones laborales lo que hacían era asumir las mejoras que ya se estaban implementando y vuelta a empezar. Así sucedió hasta la última Ley de Relaciones Laborales, impulsada por Licinio de la Fuente, aprobada poco después de la muerte de Franco y que sufrió los recortes en muchos aspectos del Estatuto de los Trabajadores (aprobado en 1980 y reformado en 1995) vigente (recomiendo encarecidamente al lector que revise algunas publicaciones de izquierda referentes a los meses de la elaboración y aprobación del Estatuto y verá cómo se interpretaba en clave de recortes y pérdida de derechos sociales/laborales, de retroceso).

 

El Fuero del Trabajo tenía como pilar, como objeto de derechos, en una economía subordinada al interés de la nación, no al trabajador aislado sino al trabajador-hogar: a la familia (objeto de especial protección en el discurso del franquismo social). Son los hogares, anotaba Arrese, el cimiento de la Patria. Ese hogar demanda salario familiar (el franquismo social desarrollará toda una gama de complementos salariales directos indirectos, siendo los más conocidos los subsidios-prestaciones familiares y los puntos) pero también vivienda digna en una España donde la mayoría de los españoles vivían en casas indignas, fundamentalmente en el ámbito rural.

La política de vivienda trazó un nuevo modo de vivir en hogares nuevos con singulares planteamientos urbanísticos a partir de la noción de barrio (Arrese pronunció diversas conferencias en Europa a finales de los cincuenta con el planteamiento de casas en la ciudad del Régimen). Inicialmente el franquismo social se inclinó por facilitar el alquiler (bajo y limitado) con derecho a compra que se mantuvo como horizonte hasta la llegada de Arrese al recién creado Ministerio de la Vivienda en 1957. El ministro falangista -las áreas de política social siempre estuvieron en manos de los falangistas- cambió la propuesta al estimar que había que hacer a los españoles dueños del hogar (“no queremos proletarios, queremos propietarios”) impulsando un cambio revolucionario edificando millones de viviendas sociales o de protección oficial (mediante la banca pública se pagaban a plazos sin hipoteca). Modelo que además rompía con la segregación socioeconómica de la ciudad, porque los distintos tipos de vivienda convivían favoreciendo la desproletarización al ritmo de la expansión de las clases medias.

 

Detengámonos finalmente en algo que me parece muy significativo, la forma en la que el Estado Social, la acción de ese Estado Social, se hacía realidad entre los españoles. La construcción de lo que hoy denominamos Estado del Bienestar, en sus tres grandes puntales (Sanidad, Educación, Promoción Social), se hizo, como no podía ser de otro modo, de forma progresiva; sin pausa pero constreñida por las dificultades económicas (la posguerra y los condicionantes lesivos de la II Guerra Mundial y del cerco/aislamiento internacional tras la acusación/votación bochornosa en las Naciones Unidas). El franquismo social actuaba gradualmente desde abajo hacia arriba: primero los trabajadores industriales, después los campesinos y trabajadores del mar para ir ampliando hacia arriba (dejaba fuera a quienes por sus ingresos podían cubrir los gastos a excepción del caso de las familias numerosas...).

 

Así cuando Franco muere ese Estado del Bienestar llega a unos 30 millones de españoles de 34 millones, que son todos menos la clase alta (5%-6% de la población), que también se incrementó durante el régimen de Franco (del 1% al 6%) aunque el Régimen había alumbrado una sociedad de clases medias. Las clases medias, en 1975 estaban en torno al 56% del total, con un 10% que se debían incorporar a ese segmento en el siguiente quinquenio a la vista de los objetivos de desarrollo social, cultural y económico previstos para el Horizonte 1980. Esa transformación era el testimonio de un cambio revolucionario que hacía realidad la promesa de elevar el nivel de vida de los españoles.

 

Todos estos cambios también forman parte del denominado “milagro español”, están en su origen pero también son producto del mismo. Calificación y término que, curiosamente, Franco repudiaba argumentando que no había existido tal “milagro”, ya que lo alcanzado era producto no de él, sino del trabajo, esfuerzo y sacrificio de los españoles.

FUENTE:REVISTA FNFF