Durante los últimos meses de 2020 y las primeras semanas de 2021, se ha hablado sobre el tema de la subida del salario mínimo interprofesional. Precisamente, desde Unidas Podemos y los sindicatos se ha solicitado un incremento del salario mínimo porque se considera esa medida es absolutamente indispensable para mejorar la situación de los trabajadores.

A partir del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de octubre de 2020 afirma que “La fijación del SMI es una actividad de dirección política conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de julio de 1991, excluida de control jurisdiccional en virtud del artículo 2. a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (en adelante, LJCA) sin que en el caso de autos se plantee su impugnación respecto de los aspectos en que sí es controlable” y que “respecto de los elementos reglados cabe su impugnación atendiendo a los previstos en las normas específicas reguladoras, no de otras normas generales”. Asimismo, la sentencia señalada expresa que “el "teniendo en cuenta" referido a los criterios del artículo 27.1 como pautas del juicio de pertinencia en la fijación del SMI lleva a una decisión prudencial por su alcance, pero de signo político en cuanto a la pertinencia y su acierto o desacierto, lo que tenga de criticable por exceso o defecto, será valorable política y no jurídicamente”.

La fijación de un incremento o de una disminución del salario mínimo depende de la valoración política y económica que realice el Gobierno sobre la situación general. Con los elementos fácticos que encuentre del análisis de los factores del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, puede hacer el diagnóstico procedente.

Atendiendo a las circunstancias derivadas de la situación económica, no parece que resulte idóneo incrementar el salario mínimo. Precisamente, un aumento en la cantidad mínima a abonar por los empresarios a los trabajadores en concepto de salario sería contraproducente para el mercado de trabajo, ya que los empleadores están teniendo escasos ingresos y no pueden asumir más costes salariales y de Seguridad Social, de manera que muchos empresarios se verían obligados a despedir a alguno o algunos de sus trabajadores o incluso a cerrar sus establecimientos mercantiles.

Los sindicatos organizaron movilizaciones para protestar por la congelación del salario mínimo, que no se quedaba inmovilizado desde tiempos de los Gobiernos de Mariano Rajoy. Sin embargo, es cierto que causaron escaso ruido por su afinidad con el Gobierno estatal, pero han conseguido un incremento brutal en las subvenciones que reciben del Estado.

No resulta idóneo incrementar el salario mínimo, aunque tampoco parecía adecuado incrementar las subvenciones a los sindicatos y se ha decidido hacerlo con dinero público que podría haberse dedicado a otros fines con una mayor utilidad social, como, por ejemplo, las ayudas económicas que requieren muchos empresarios para poder mantener su actividad económica.