Pasamos, en este momento, un periodo peligroso para la democracia. Entre otras causas por el intento del Gobierno de controlar los medios de información para que se conviertan en instrumentos de desinformación, y por su acelerada transición hacia un poder totalizador, eliminando la independencia del poder judicial y de los órganos supeditados y auxiliares del mismo; cual es el de la policía judicial. Esto es un escándalo de dimensiones bíblicas, y nos dirige en nuestra memoria a lugares donde el poder ha sido, o es, despótico y absoluto, alejado de cualquier fórmula democrática; salvo que se llamen democráticas las repúblicas populares, es decir comunistas.

Es evidente a todas luces que, con el nombramiento dudosamente legal de Dolores Delgado, la que fue ministra de Sánchez, para la Fiscalía General del Estado, el Gobierno pretendió que la fiscalía no fuera del Estado, sino del Gobierno, para manejar a su gusto la orientación del Ministerio Público en la Justicia. Lo evidencia, por ejemplo, los intentos de impedir que la fiscalía investigue las muertes en las residencias por causa del abandono que han sufrido los ancianos por causa del COVID19. Así lo reflejaba la web Altavoz de Sucesos con estas palabras:Fue el pasado 23 de marzo cuando la Fiscalía General del Estado ordenaba la apertura de diligencias de investigación tras conocerse la existencia de ancianos fallecidos por coronavirus en numerosas residencias de España. La Fiscalía General decidió abrir una investigación a fin de determinar la gravedad de los hechos y su posible relevancia penal, designando a Manuel Dolz, secretario de Estado de Justicia.

Pero Dolores Delgado ha decidido archivar la investigación de la Fiscalía General de manera inmediata pese a que la propia Fiscalía General calificó la situación de «alarmante» y confirmó con el Ministerio de Defensa que militares de la UME «habrían detectado la existencia de personas ancianas, algunas de ellas enfermas, residiendo en situaciones extremas y malas condiciones de salubridad, así como residentes fallecidos».”

La fiscalía se opone a que se procese al Delegado del Gobierno en Madrid por haber autorizado las manifestaciones del 8M, que ha sido la principal causa del contagio masivo que ha llevado a que España sea uno de los países con más muertes por millón de habitantes. Lo mismo que ha hecho la Abogacía del Estado que con este procedimiento ha dejado de ser del Estado para ser del Gobierno. Ambos hechos son la prueba del algodón de que el Gobierno ha puesto en marcha todos los mecanismos para impedir que el Delegado del Gobierno sea juzgado por su presunta responsabilidad en la autorización de una manifestación en Madrid donde concurrieron miles de personas el 8 de Marzo, cuando tan solo tres días después se suprimieron los viajes del IMSERSO y se fueron adoptando medidas extraordinarias para confinar a la población ante la escalada exponencial de contagios. De esa forma tratan de taponar una vía de agua que apunta al procesamiento de miembros del Gobierno presuntamente implicados y responsables, incluido el Sr Sánchez.

La policía judicial está para servir en los procedimientos judiciales, y la judicatura es soberana en la instrumentación de las medidas procesales, conforme al Derecho Procesal. El cese del coronel Pérez de Cobos puede calificarse de cacicada y de presunta prevaricación del órgano que ha abusado de su poder para transgredir la obligación que tiene la Guardia Civil de custodiar el secreto de los sumarios judiciales, e inducir al delito.

La juez Doña Carmen Rodríguez Médel, no obstante, como procede en derecho, persiste en proseguir la causa abierta contra el Delegado del Gobierno en Madrid, oponiéndose a las pretensiones de la Abogacía del Estado y a la Fiscalía, por entender que no son admisibles parar la dilucidación de responsabilidades civiles y/o penales que hayan podido concurrir.

Es obvio que la juez defiende con su postura la separación de poderes y la obligación de todo juez de perseguir, incluso de oficio, los delitos de los que pudiera tener conocimiento en grado indiciario. Lo mismo que la policía judicial en el uso de sus prerrogativas. O, incluso, cualquier ciudadano; por ejemplo, el firmante de este artículo, que pertenece a un grupo que pretende interponer una denuncia ante el juzgado correspondiente, ya que tiene el deber de denunciar presuntos delitos si es testigo de ello, porque así lo establece el Código Penal.

El caso de las residencias de ancianos, y los miles de muertos producidos con la presuntamente deliberada intención de dejar sin asistencia médica a ancianos contagiados por el coronavirus resulta especialmente doloroso y sangrante.

Es repugnante la actitud del vicepresidente del Gobierno de echar balones fuera y repartir responsabilidades, acusando a los gobiernos autonómicos de la dejación del auxilio pertinente que coadyuvara a la atención médica y hospitalaria al personal atendido en las residencias de la tercera edad. Y, sobre todo, atacando al Gobierno de Madrid, cuando se da el caso que en Cataluña hubo instrucciones que inducían a no atender hospitalariamente a los ancianos, sin hacer mención a este o a otros casos que pudieran existir, con manifiesta aviesa intención.

La catadura moral de este personaje desciende a los abismos de lo admisible en una sociedad normal. Hemos de recordar que el Gobierno asumió todas las responsabilidades en materia de la adopción de cuantas acciones y disposiciones se establecieran para afrontar la pandemia, dejando de manifiesto, especialmente, que las comunidades autónomas quedarían supeditadas a las decisiones del Gobierno de la Nación; cuestión esta que era comprensible y deseable.

Contra esta centralización hubo quejas de los gobiernos nacionalistas vasco y catalán que reclamaban el ejercicio de esas competencias ante lo que consideraban un atropello a su autogobierno. Por tanto, el Gobierno de la Nación asumió motu proprio todas las responsabilidades en la materia. Y no debemos olvidar que el Vicepresidente de Asuntos Sociales sigue teniendo y tenía la responsabilidad de custodiar y actuar para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas de la tercera edad, y más específicamente el derecho a la vida, que es el primero de ellos, evitando la conculcación del artículo 14 de la Constitución Española que obliga a la no discriminación por razones de edad.

Considero que si hay responsabilidades concurrentes en otros gobiernos autonómicos, estos también han de responder en la parte que les toca, pero en esta materia es el vicepresidente Sr. Iglesias el presunto culpable por antonomasia de lo que sucedió en las residencias de la tercera edad, por la obligación que concurre en su ámbito de responsabilidad de custodiar que nadie se vea en la tesitura de morir por causa de desatención presuntamente dolosa, como es bastante evidente que ha sucedido, con efecto de homicidio cuando menos imprudente.

Por añadidura de ello, su deleznable comportamiento de activar el ventilador para repartir la mierda y diluir sus responsabilidades constituiría, si este país no pasara por este tránsito hacia la tiranía y tuviera dignidad, causa suficiente para una moción de censura. Yo no sé a qué espera la oposición para hacer algo que no sean solamente discursos.