Empezaré este artículo confesando públicamente que mi mayor deseo es que no se hagan realidad los temores que siento, después de conocer la maldita decisión adoptada por el gobierno español acerca de la apertura de las escuelas el próximo mes de septiembre. Antes de expresar cuáles son esos temores, considero que lo más lógico es dar a conocer los criterios y las orientaciones aprobadas por el gobierno.

Hace un par de semanas, la ministra de educación anunció que, debido a las normas emanadas por las autoridades sanitarias, la mitad de los niños tendrían clases presenciales en las escuelas y la otra mitad estarían confinados en sus casas recibiendo enseñanza online, ya que no podía haber en cada aula más de 12 a 15 alumnos. Como es lógico, ante tal disparate la mayor parte de los medios de comunicación pusieron el grito en el cielo, lo cual motivó que la señora ministra dijera otra cosa a la semana siguiente. El segundo anuncio consistió en asegurar que todos los niños recibirían enseñanza presencial desde el próximo mes de septiembre y que los gobiernos regionales deberían correr con los gastos suplementarios que se derivaran de esta “nueva normalidad escolar”. Es decir, del aumento en la contratación del profesorado, de la adaptación de los espacios escolares para garantizar que no haya más de 15 alumnos en cada aula y de la necesidad de respetar que las mesas estén separadas entre sí un mínimo de dos metros. Como era de esperar, los presidentes y presidentas regionales, de manera unánime, dijeron que no disponían de dinero para hacer frente al gasto extraordinario que conllevaban tales requisitos. De repente, Ciudadanos propuso que era más que suficiente respetar un distanciamiento de metro y medio, lo cual motivaba que cupieran más alumnos por aula y que, por lo tanto, el gasto se rebajara de forma significativa. A la vista de ese trascendental descubrimiento del portavoz parlamentario de Ciudadanos, el día 11 (jueves) la ministra anunció solemnemente, primero a los consejeros regionales de educación y después al público en general, que se permitirá que el número de alumnos por aula llegue a veinte y que tampoco será obligatorio el uso de mascarillas por el alumnado menor de diez años.Y como siempre, la ministra afirmó que esta última decisión la había tomado después de escuchar los consejos de los expertos sanitarios que asesoran al gobierno, sin que hasta ahora nadie sepa quiénes son esos expertos.

No tuve que hacer ningún esfuerzo mental para comprender que el único y exclusivo criterio para haber tomado esa decisión tan disparatada y peligrosa era el ahorro económico, ya que con esos criterios todo el alumnado podría estar el próximo año escolar recibiendo enseñanza presencial en las escuelas sin necesidad de duplicar la contratación de profesores. Como es bien sabido, el promedio de alumnos por aula en primaria, en las grandes ciudades españolas, se sitúa en torno a 20-25 y en la enseñanza secundaria está entre 25-30. Por otra parte, en las escuelas ubicadas en áreas rurales, ese promedio jamás supera la cifra de veinte. La única duda es saber qué piensan hacer con ese pequeño grupo de alumnos que sobrepasa la cifra mágica de veinte (oscilaría entre dos a cinco alumnos por aula). En el momento en que escribo este artículo nadie ha resuelto esa duda. Sin embargo, yo me temo que resolverán la incógnita diagnosticando a ese excedente como el grupito de los torpes (obviamente, ahora se utilizan etiquetas diagnósticas más sofisticadas, tales como alumnos con TDAH, o con TEA) e introduciéndolos en las clásicas aulas de educación especial, denominadas ahora “aulas de refuerzo pedagógico”. Según la prédica dominical del presidente de la región de Aragón, emitida el domingo, día 14, por la televisión gubernamental aragonesa, ni siquiera harán falta esas clases de refuerzo pedagógico si el presidente del gobierno central admite su magistral sugerencia: permitir que solo haya un metro de distancia entre unas y otras mesas para que quepan todos los alumnos en el aula sin tener que implementar ninguna adaptación económica, espacial, o pedagógica. De ese modo, según las palabras textuales pronunciadas por el presidente aragonés, se iniciaría el nuevo año escolar en las mismas condiciones que el año anterior.

¿Qué conclusiones se pueden obtener viendo esos dislates? Por desgracia, las mismas de siempre: que a las autoridades educativas les interesa un bledo la mejora de la calidad de nuestras escuelas e incluso la salud de los niños y del profesorado. Alguien demasiado ingenuo podría pensar que esos disparates son debidos a que nadie les ha explicado a las autoridades educativas lo que podían haber hecho, tomando como referencia la extraordinaria crisis a que ha dado lugar esta pandemia, para incorporar nuevos sistemas y modelos pedagógicos más allá de las insípidas “teleclases”. Esas hipotéticas personas ingenuas deben saber que ha habido muchos pedagogos y psicopedagogos independientes que hemos ofrecido alternativas innovadoras y contrastadas para elevar la calidad de nuestro sistema educativo, respetando al mismo tiempo todas las recomendaciones de los sanitarios para evitar el contagio a este virus. Lo que pasa es que ni el gobierno central ni los gobiernos regionales nos han hecho caso.

Para no extenderme demasiado, no me voy a referir a las alternativas que el gobierno central ha ofrecido a las universidades. Solo diré que son mucho más enloquecidas que las referidas a las escuelas. Un ejemplo puede servir de muestra: el ministro ha recomendado a los rectores que permitan asistir a las clases presenciales solo a la mitad del alumnado matriculado en cada asignatura y que aprovechen los campus para impartir el mayor número posible de clases al aire libre en pleno invierno. Obviamente, esas locuras explican que en el último informe elaborado por el QS World University Rankings solo dos universidades españolas se sitúen entre las doscientas mejor valoradas: una de Cataluña (en el nº 189) y otra de Madrid (en el nº 200).

No poseo ninguna autoridad para opinar sobre el peligro potencial que tienen esas enloquecidas medidas para la salud del profesorado y del alumnado. Sin embargo, el sábado por la noche presencié un debate televisivo sobre este tema, en el que todos los contertulios eran médicos, y se me ponía el vello de punta cuando se referían a ese potencial peligro. Por ejemplo, mencionaban que los niños se contagian en la misma medida que los adultos y que la diferencia está en que en los niños los síntomas suelen ser muy leves, o que incluso el contagio cursa sin síntomas. A su vez, dejaron claro que pueden contagiar a otras personas exactamente igual que lo hace un adulto infectado. Por lo tanto, si se aceptan como verdaderas esas dos premisas, resulta evidente que pueden contagiar a los profesores, a sus padres y, sobre todo, a sus abuelos sin que nadie se dé cuenta, precisamente por ser asintomáticos. Ya he dejado constancia de que no tengo idea de esos temas médicos, pero creo que no hay que ser un experto para darse cuenta del grave peligro en que estamos poniendo a los propios niños, al profesorado y a las familias si se abren las escuelas en el mes de septiembre respetando única y exclusivamente las normas aprobadas por el gobierno. Me parece increíble que se pretendan repetir las mismas negligencias que se cometieron con el personal sanitario: carencia de test a los alumnos y al profesorado y, especialmente, colocar en primera línea de riesgo a ambos colectivos sin dotarles de los equipos de protección individuales adecuados.