Pablo Iglesias afirmó hace pocas semanas que “cuando la Constitución se saca, es para aplicarla, y el 128 sirve para definir el patriotismo, es poner lo general por delante de lo particular”. La gracia es que hay otros preceptos en la Constitución que deben tenerse en cuenta, como el artículo 31.2, que establece que “El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”. Por este precepto, se marca el deber de utilizar los recursos públicos aprovechándolos de la mejor manera posible para conseguir el mayor rendimiento con el contenido de las arcas públicas.

Cuando se controle la pandemia del Covid-19, habrá que planificar las actuaciones para conseguir la recuperación de la economía, que está sufriendo grandes daños por los efectos generados por el coronavirus, siendo cierto que muchos serán los afectados que necesitarán recibir dinero público. Por ese motivo, será necesario, obviamente, incrementar la presión fiscal en España, pero también habrá que hacer recortes, que se podrán aplicar en aspectos organizativos o en aspectos propios de la actividad administrativa, aunque, lamentablemente, ya se sabe que cualquier dirigente político, con independencia de su partido político, preferirá siempre destinar dinero público a mantener a sus amigos y compañeros que a lograr el correcto funcionamiento de servicios públicos tan trascendentales como la educación o la sanidad, cuya gestión corresponde a las Comunidades Autónomas.

Ciertamente, hay margen para reducir el gasto público destinado a la organización administrativa sin afectar negativamente a los servicios públicos. Simplemente, hay que pedir sacrificios a los dirigentes públicos.

Si Pablo Iglesias pide sacrificio a los ciudadanos, él también tendrá que pedírselo a Pedro Sánchez y a los demás ministros, que deberían aceptar la reducción contundente el número de ministerios existentes ahora mismo, cuyo número asciende a 22, aunque esa cantidad podría reducirse suprimiendo varios, como los de política territorial, universidades, consumo, o igualdad, siendo necesario también disminuir el número de altos cargos y de asesores. Además, habrá que pedir la reducción de las consejerías de todas las Comunidades Autónomas, pues el dinero público disponible debe destinarse a los que más lo requieren, sin que puedan entenderse como personas necesitadas a los militantes y afines de partidos políticos cuyo único mérito en la vida es tener buenos contactos.