La llegada al poder del más rancio, anacrónico y, como siempre, totalitario y criminal frentepopulismo, no debía extrañarnos a la vista de la evolución política, social, moral, económica y cultura del último medio siglo de nuestra historia; sí, señoras y señores, sí, como lo leen, cinco décadas ya de decadencia y degeneración, de confundir libertad con libertinaje, de falta de autoridad, de Estado de impunidad, del entierro de Montesquieu, de derechos sin obligaciones ni responsabilidades, de lo anormal como normalidad, de aceptar lo inaceptable, de dejar hacer, de voluntaria ceguera, de ceder poco a poco hasta cederlo todo. Pocas cosas faltaban para que el “paraíso marxista” se asentara en España y… ya está aquí: la renta mínima.

Los países socialistas –desde la URSS y los del Este europeo hasta la Camboya de Pol Pot-- tenían una característica esencial: el Estado lo era todo, y el partido más aún. No había necesidad de propiedad privada de ninguna clase porque todo era propiedad del Estado, incluso los ciudadanos, por eso, todos trabajaban para él, todos eran funcionarios, todos recibían un salario de él… una renta mínima; y todos debían obedecerle. Esa era, y es, la esencia del marxismo, la base del “paraíso socialista” en el que aseguran que no hay ni ricos ni pobres, ni diferencias de clases, ni de ningún tipo porque la igualdad es absoluta, en el que el pleno empleo es una realidad porque todos trabajan para el Estado, único que piensa y sabe lo que cada cual precisa y se lo procura, en el que el orden es completo porque no se entiende, ni permite, que haya quien no quiera disfrutar de tanta felicidad terrenal.

Con la próxima imposición de la denominada “renta mínima”, la revolución marxista --ahora con tintes bolivarianos--, va a dar un paso esencial en la imposición de su sistema totalitario.

Con la excusa/trampa de ayudar a los supuestamente más necesitados (¿?), el Estado facilitará a cerca de 1,8 millones de españoles un salario de 430€/mes. ¡Qué bien suena! Es decir, que además de los tres millones de funcionarios de toda clase y condición, entrarán en la nómina estatal casi dos millones más. A partir de ahí una enorme cantidad de nuestra población activa, en edad de producir, trabajar y luchar, más los que de ellos dependan, deberán su existencia al Estado; ergo, se le someterán sin condiciones. A partir de ahí ni siquiera cuestionarán la cada día más imprescindible y abusiva presión fiscal porque… sería insolidario, clasista, capitalista, fascista.

No importa, sino todo lo contrario, que la renta mínima –injusta por sí misma-- suponga la esclavitud de una parte muy importante de nuestra sociedad; la anulación de la sana ambición, de la competitividad, del afán de superación y de la iniciativa; la excitación de la pereza; la consolidación de la vagancia; la muerte de la independencia, dignidad y libertad individual, porque, al fin y al cabo, es de lo que se trata: de anular al hombre para, embrutecido, poder manipularlo en beneficio de una minoría, de la nomenclatura, otra de las características del marxismo, bien que de ella no se puede hablar.

El problema no es que la renta mínima se vaya a imponer porque llueva sobre mojado, es decir, sobre una población, sobre unas generaciones, que van a acogerla –los que la reciban y los que no—, sin rechistar, con agrado, como algo justo y necesario, como un derecho más, no, el problema es que una vez implantada nadie se atreverá ni a rechazarla ni, menos aún, a derogarla. Y es que de nuevo la “izquierda” dará un paso que consolidará la “derecha” y viceversa, según de qué se trata.