El pasado martes 28 de julio se publicaron los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al segundo trimestre de 2020, esto es, los datos a 30 de junio que, como cabía esperar, son demoledores: desde principios del presente año, desde antes del Covid, el número de personas ocupadas (es decir, trabajando) ha descendido en 3,4 millones, un 16,8%, sin considerar ocupados -evidentemente- a los aproximadamente dos millones de personas que se encuentran todavía inmersos en un ERTE. Uno de cada seis trabajadores ha perdido su empleo o está en ERTE.

Sin embargo, el INE, en un ejercicio de malabarismo estadístico, seguramente dictado por el tándem de manipuladores profesionales formado por Iván Redondo y José Felix Tezanos, considera que los dos millones de personas inmersas en un ERTE están ocupadas (supongo que ocupadas en rezar día y noche para que les llamen de vuelta al trabajo) y, lo que es más estrambótico aún, considera que de los 1,4 millones restantes que definitivamente han perdido su empleo desde principios de año solo 176.000 tienen la consideración de “parados” pues el resto “no han podido cumplir todas las condiciones que la OIT (Organización Internacional del Trabajo) exige para ser clasificado como parado y han quedado clasificados como inactivos” debido a que “el confinamiento y el cierre de empresas ha impedido a 1.628.500 personas buscar empleo a pesar de estar disponibles para trabajar”. Si no fuera un asunto tan serio, y con implicaciones tan dramáticas para los que lo están sufriendo y sus familias, sonaría a chiste, a un ‘sketch’ de algún cómico de segunda: si no les dejan salir de sus casas, y si las empresas a las que podrían pedir trabajo están cerradas por el “coma inducido” impuesto por esta panda de incompetentes lunáticos comunistas, ¿cómo van a buscar trabajo?.

Si para negarse a reconocer a cerca de 22.000 fallecidos por Covid, el 45% del total, se escudan en imaginarias instrucciones de la OMS en el sentido de solo considerar fallecidos por Covid a los que se les haya hecho un test PCR que haya dado positivo, ahora para ser parado hay que cumplir unas ciertas condiciones definidas por la OIT que tampoco especifican. No se puede tener más cara ni menos vergüenza: el propio INE cuantifica a los “que no cumplen todas las condiciones que exige la OIT para ser clasificados como parados” en 1.628.500 personas, como se ha dicho.

Con esos trucos de trilero aficionado, concluyen que el número de parados a 30 de junio es de “solo” 3,4 millones, equivalente al 15,3% de la población activa (según ellos). Así, con esa esperpéntica manipulación, se atreven a decir que en el peor semestre de la historia económica de nuestro país desde que se tienen registros el desempleo solo ha aumentado en un 1,5% (del 13,8% a finales de 2019 al 15,3% a 30 de junio, según ellos): ¡otro éxito de Sánchez, el nuevo Rey Midas que convierte en oro todo lo que toca! Vayan preparándose los ministros para una nueva ovación a la entrada del próximo Consejo de Ministros, y vayan preparándose los diputados para otro homenaje por todo lo alto en la próxima visita del fulano al Congreso.

¿Cuál es la realidad?

El propio INE facilita los números para cuantificar la magnitud del desastre:

Sumemos a la población activa que reporta el INE (22,0 millones de personas) los 1,6 millones que el propio INE reconoce que han sido clasificados como inactivos a pesar de que están “disponibles para trabajar”, con lo que la población activa (personas en disposición de trabajar y con deseo de hacerlo) es, realmente, de 23,6 millones.

Quitemos de la población ocupada que reporta el INE (18,6 millones de trabajadores) los aproximadamente 2,0 millones que están todavía en ERTE, y resulta que la población REALMENTE ocupada es sólo de 16,6 millones. Por cierto, digo los “aproximadamente” dos millones en ERTE porque el número exacto no se conoce, es un secreto de Estado, aunque parezca increíble, ya que el dato de la evolución del número de trabajadores sujetos a ERTE es imprescindible para conocer el grado y el ritmo de recuperación de la actividad económica; el dato real debe ser muy malo, pues si no lo fuera ya lo estarían utilizando para su propaganda.

Entonces, por diferencia, es obvio que el número de personas “activas” que están desocupadas, esto es el NUMERO DE PARADOS es de SIETE MILLONES, el 29,6% de la población activa, prácticamente uno de cada tres, de los cuales CINCO MILLONES son desempleados (parados con todas sus letras), equivalente al 21,2% de la población activa, y DOS MILLONES más están en ERTE, con el riesgo cierto de ir también al paro si su empresa no consigue no ya reabrir, sino recuperar los niveles de actividad previos a la crisis.

El Doctor Fraude, el responsable (por acción o por omisión) de al menos 40.000 fallecidos por Covid que se deberían haber salvado, el socio de comunistas, terroristas y golpistas, ha conseguido batir todos los récords negativos en cuanto a destrucción de empleo. En nuestra historia económica, al menos desde 1940, la máxima tasa de desempleo se alcanzó durante el primer trimestre de 2013, en el peor momento de la anterior mega crisis, con 6,3 millones de desempleados y un 26,9% de paro. Los Picapiedra, apenas seis meses después de hacerse con el sillón del consejo de ministros, han llegado a los 7 millones de desempleados y a casi el 30% de paro: ¡unos fenómenos, siempre pensando en los más desfavorecidos!. En cambio el que ellos presentan como un execrable dictador, un enemigo de los trabajadores, el general Franco, dejó a España con SEISCIENTOS MIL (si, han leído bien, 600.000) desempleados, el 4,4% de la población activa. Ahí queda eso.

Si la tasa de paro es escalofriante, no lo es menos la tasa de ocupados sobre la población total.

En España somos cerca de 47,5 millones de habitantes (incluyendo los 8,5 millones de inmigrantes legales, pero sin incluir a los ilegales, estimados en un millón). Pues bien, de esos 47,5 millones, solo trabajan 16,6 millones, el 35%, uno de cada tres. Esos 16,6 millones de trabajadores deben mantener, cada uno, a dos personas que por la razón que sea están desocupadas: jubilados, estudiantes, parados o verdaderos inactivos (que no quieren o no pueden trabajar por la razón que sea, sin incluir a los desempleados propiamente dichos). Ni siquiera en los peores momentos de la anterior crisis se llegó a ese mínimo, si bien es cierto que nos acercamos mucho (37% en el primer trimestre de 2013).

Me dirán ustedes que una parte de esos parados, los sujetos a ERTE, son solo temporales. Es cierto, una parte volverá a trabajar, pero ¿cuántos? A fecha de hoy, salvo en la hostelería, el ocio (discotecas, cines, etc …) y el transporte público no existen restricciones significativas para el desarrollo de la actividad. El resto de empresas y negocios están funcionando sin restricciones, digamos que “con normalidad”, salvo que la demanda en casi todos los sectores ha disminuido drásticamente, y eso ya no es debido al Estado de Alarma, es debido al colapso económico provocado por la negligencia y las desastrosas medidas tomadas por estos incapaces. Estamos prolongando el mecanismo de los ERTEs, y yo estoy de acuerdo con ello, como una fórmula de evitar que vayan directamente al paro, con la esperanza de que se recupere la actividad, pero desgraciadamente eso no va a ocurrir de la noche a la mañana.

¿Qué va a decir y a hacer ahora el Gobierno?

La descerebrada ministra Calvo ya nos ha dado estos días una pista sobre lo que van a decir al hablar de los cientos de rebrotes: “hay rebrotes porque los tiene que haber, porque hay contagios …”, así que “hay parados porque los tiene que haber, porque no hay empleo …”. Tiempo al tiempo.

En cuanto a hacer, no van a hacer nada. Si pudieran, derogarían la reforma laboral de 2012, justo lo contrario de lo que conviene, pero afortunadamente nuestros socios europeos se lo impedirán. Si tuvieran un mínimo de responsabilidad y de interés por el bienestar y el progreso de los españoles no deberían estar haciendo otra cosa, día y noche, que pensar en medidas para incentivar la creación de empleo, y aquí dejo tres ideas para lo que pueda servir: (1) exención (total o parcial) en el pago de las cuotas empresariales de la Seguridad Social para nuevos empleos, con incentivo especial para jóvenes (menos de 30 años) y mayores (más de 50); (2) bajada a 600 o 700 €/mes del salario mínimo interprofesional para nuevos contratos; y (3) despido libre, sin indemnización, para nuevos empleos, de modo que el empresario se anime a contratar, aunque no lo vea claro, sabiendo que si se equivoca puede rectificar sin incurrir en costes adicionales. Estas tres medidas serían temporales, por ejemplo durante 2 o 3 años, de modo que pasado ese periodo los contratos pasarían a ser ordinarios (cotización completa a la SS, ajuste del salario al mínimo estándar y derecho a indemnización en caso de despido, con antigüedad desde que termina este periodo “de emergencia”) y solo deberían ser de aplicación si el contratado es español nativo, no inmigrante.

Y, claro está, cerrar a cal y canto la entrada de inmigrantes hasta que no alcancemos el pleno empleo e incentivar -con incentivos económicos- el regreso a sus países de origen de los que ya están, en especial los desempleados y sus familias.