Luis Navajas Ramos es el nombre del septuagenario Teniente Fiscal del Tribunal Supremo que, esta semana, redactó en informe de trescientos diez folios en el que se desestimaban, por tanto se archivaban, TODAS las querellas interpuestas contra el gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia. También quedaban exculpados los responsables de Sanidad, es decir, Salvador Illa y sus chicos.

          En esa ardua tarea “técnica” encomendada por la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado García, ha sido asistido por Álvaro García Ortiz, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, y personas de la máxima confianza de la ex ministra, incluidos fiscales de la UPF (Unión Progresista de Fiscales). Esta asociación profesional fue fundada el 5 de junio de 1985 con el deseo, según sus pretensiones, de “promover, a la luz de la Constitución, la plena realización de los principios, derechos y libertades en ella consagrados”. Otras de sus altísimas aspiraciones eran defender la independencia judicial y la imparcialidad. Visto el informe, ustedes mismos pueden opinar sobre estos extremos proclamados.

          En sectores fiscales  ajenos a este entorno “progresista”, se ha generado un malestar dado que, se señala, el cometido de la Fiscalía General debe ser la de investigar, no la de defender al gobierno y responsabilizar a las comunidades autónomas de las negligencias cometidas. Para muchos  ha actuado como abogado del ejecutivo, cuando su función es otra bien distinta.  También en amplios círculos de la opinión pública, entre la que me encuentro, se considera que las valoraciones y consideraciones redactadas adolecen de objetividad e imparcialidad. Un nuevo caso de intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial evidencia el ataque a la división de poderes, característico de un “Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular” (Párrafo tres del Preámbulo de la Constitución).

          Ahondando más en el asunto de la cuestión constitucional, nuestra Carta Magna, en su párrafo 1, artículo 1 del Título Preeliminar, se vuelve a declarar –cito literalmente-: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho  (…)”.  Pues bien, a mí me parece que la actuación, a instancias de Dolores Delgado, ha sido sin independencia y más como una Secretaria de Estado, o Comisariado político dependiente del gobierno que oKupa el palacio de la Moncloa. Resulta verdaderamente  lamentable y repudiable, pero no sorprendente.

          Si conocemos los antecedentes, la sombra de dudas que rodeó a la designación y nombramiento de Dolores Delgado como Fiscal General del Estado, aumenta en las actuales circunstancias. Una ex ministra del primer gobierno socialista –subrayo socialista- de Pedro Sánchez,  asume la máxima responsabilidad en la jefatura superior y la representación del Ministerio Fiscal de España. No parece que sea un buen antecedente para valorar la imparcialidad de un candidato a ocupar tan alta dignidad. Pero es que, además, hay que recordar que, entre junio de 2018 y enero de 2020, ejerció funciones ejecutivas como ministra de Justicia y ex officio como Notaria Mayor del Reino del Gobierno de España. No venía de la carrera judicial que ya había abandonado, venía de representar los intereses políticos de un partido concreto, el PSOE. De su sesgo ideológico hay pruebas evidentes en: sus comparecencias en las ruedas de prensa; sus entrevistas como titular del ministerio de Justicia; de sus intervenciones  en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados y, de forma pública, con su presencia en tantos actos políticos que la identifican  y definen políticamente. No hay dudas al respecto, ha defendido las propuestas e iniciativas impulsadas por un gobierno socialista, y hay que subrayarlo,  de manera muy activa  y beligerante.

          Así, el Consejo General del Poder Judicial, el 16 de enero del año en curso, con 12 votos a favor y 7 en contra, ratificó la propuesta de su nombramiento a instancias del gobierno social-comunista, ya constituido, de Pedro Sánchez. Las objeciones de los votos en contra se basaban en que no había solución de continuidad, entre su puesto como miembro del gobierno y, su nombramiento como Fiscal General. Hay que precisar que, el mismo día en que cesó como ministra fue propuesta para tal cargo.

          Prometió su cargo, ante Felipe VI, el 26 de febrero. Previamente había sido recusada por la oposición, el 20 de febrero, cuando compareció ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Allí se dejó claro el rechazo a su idoneidad para su nombramiento. No podía ser de otra manera. Jamás un gobierno se había atrevido a llegar tan lejos en la interferencia de la independencia del poder judicial. Muchos comprendimos entonces que el ejercicio de sus funciones estaba viciado de origen y que, de manera dirigida desde Moncloa, sus actuaciones carecerían de objetividad e imparcialidad. No nos equivocábamos, pero no esperábamos que las evidencias pudieran ser tan tempranas.

          Desde la toma de su cargo quiso contar, pese a la avanzada edad de setenta y un años, con Luis Navajas Ramos, el número dos de la Fiscalía General, hombre de su entera y absoluta confianza quien, de manera interina, ya había ejercido en cuatro ocasiones como Fiscal General del Estado. Su labor como Teniente Fiscal del Tribunal Supremo se venía desarrollando desde el 1 de noviembre de 2014. Esperemos que su próxima jubilación, según parece, en diciembre, le permita un merecido descanso.