El argumento contra la ley de memoria del gobierno es muy simple: “Ustedes llaman “democrática” a una ley que atacan las libertades de opinión, expresión, investigación y cátedra, y que pretende despojar a los españoles de su derecho a conocer versiones distintas y hacerse una opinión independiente. ¿Y por qué necesitan una ley así para imponer su versión de la historia? Porque saben perfectamente que su versión no se sostendría en un debate libre y democrático. Y porque necesitan esa versión para fundamentar sus políticas precisamente contra la libertad de los españoles.