En estos días de pandemia, algunos se han referido al cierre de fronteras y las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos citando recurrentemente la celebérrima fórmula schmittiana sobre la manifestación fáctica del verdadero poder soberano, que es quien decide sobre la excepcionalidad. En realidad, Carl Schmitt no aludía con esto al recurso por parte de los Ejecutivos a los poderes excepcionales o de emergencia previstos en las Constituciones, cuyo ejercicio está acotado a predeterminadas circunstancias de gravedad o alteración de la normalidad jurídico-política, como resulta de la crisis sanitaria del Covid-19, sino al estado de excepción, algo mucho más profundo y vasto en su obra que remite al propio concepto de lo político.

Puestos a seguir con el genial politólogo y jurista alemán, sorprende que en estos momentos de tanta excepcionalidad, en coherencia con lo anterior, no se haya reparado en traer a colación también una temática que cobra plena vigencia y a la que este teórico de la democracia dedicó su atención: la dictadura como forma de gobierno emanada, precisamente, de la máxima excepción. La dictadura, institución clásica de Roma, rescatada con las revoluciones liberales y democráticas de los siglos XVIII y XIX, ha pervivido a lo largo de la historia bajo diversos regímenes, fueran liberal-parlamentarios, autocráticos, autoritarios o puramente totalitarios de un signo u otro e implantadas con carácter transitorio o con vocación de permanencia. Y parece que, por todo lo que estamos presenciando, no es una forma lejana y arrumbada en el tiempo, sino que retorna bajo el pretexto de lucha contra el coronavirus.

Los poderes de emergencia tasados en las Constituciones, llamados estados de excepción, implican una suspensión o restricción provisional de alguno de los derechos garantizados en éstas ante una situación grave o extraordinaria prevista en la norma con la finalidad de defender la propia Constitución o en pos de un bien superior. Por ejemplo, proteger la salud pública ante una pandemia.

Sin embargo, el enfoque schmittiano de estado excepcional no debe confundirse con los mencionados estados de excepción constitucionales, aunque se solape con ellos. La excepción es la condición para que irrumpa en el momento de crisis, de alteración del orden existente, el soberano quien es el mismo que decide sobre la excepcionalidad para enfrentar la amenaza que quiebra la normalidad y regularidad jurídica. Lo cual presupone el acto político por excelencia, que es la previa designación del “enemigo”, sin el cual no puede existir la excepción, comunidad política ni lo propiamente político. La excepción se decide contra el hostil que amenaza el orden normativo preestablecido.

Así, la suprema excepción que implica la suspensión general del orden jurídico significa la imposición transitoria de una dictadura cuya finalidad puede ser el restablecimiento del orden preexistente, una vez conjurado el peligro existencial o, como suele mostrar la historia de forma más habitual, una dictadura sin posibilidad de regreso a la regularidad anterior, sino a la instauración constituyente de un nuevo orden.

Un ataque sin precedentes del Régimen contra los derechos y las libertades

El gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemas decretó el estado de alarma, que es el más leve y limitado dentro de los tres estados de excepción, graduados de menor a mayor restricción de derechos, del artículo 116 de la Constitución del régimen del 78 (alarma, excepción y sitio) y además, permite eludir el control parlamentario, cuya actuación se ciñe a convalidar los decretos de estado de alarma que pueden ser prorrogados ilimitadamente. Ahora bien, bajo el decreto dictado por el ejecutivo para combatir al “enemigo”, el Covid-19, y escudados en las recomendaciones de un comité científico y expertos médicos se ha suspendido de facto derechos y libertades que, bajo ningún concepto, están contemplados en la previsión del estado de alarma, el cual, entre otras medidas, solo permite la posibilidad de restringir la libre circulación en determinados lugares y a determinadas horas. Así, de un plumazo se ha confinado a toda la ciudadanía en sus domicilillos y se ha impuesto un toque de queda permanente que supone un flagrante atentado contra derechos y libertades, incluso de los denominados como fundamentales, tales como el de reunión, libertad de circulación, residencia, reunión y manifestación. Con las medidas de “hibernación” de la economía, de parón forzoso de casi todas las actividades, se ha vulnerado el derecho al trabajo y el de libertad de empresa. Por la vía de hecho, se ha suspendido la ley de transparencia, contribuyendo al apagón informativo que además sostienen cadenas y medios de prensa regados con dinero público; a lo que se suman las encuestas sesgadas del CIS, un organismo público puesto al servicio del gobierno de forma burda y descarada. Qué decir de los rastreos promovidos en internet y redes sociales por el Ministerio de Interior bajo la coartada de contrarrestar los “ciber-bulos” y localización de discursos sobre la infección que puedan ser considerados peligrosos e incluso punibles; y otras medidas del ente público RTVE, como verifica RTVE también para la neutralización de supuestos “fake news”, atentando con todo  lo anterior contra el derecho a la información, a la vez que se imponen subrepticiamente mecanismos de censura y se coarta el derecho a la libertad de expresión.

Cuanto menos, si no solo resulta inquietante la monitorización del confinamiento vía geolocalización de móviles, supone además una violación del derecho a la intimidad y al secreto en las comunicaciones de la ciudadanía.

A lo que se sumarían otras iniciativas liberticidas en el mundo entero, como la acometida motu proprio por WhatsApp para limitar el reenvío masivo de mensajes, que no puede ser interpretada de otra manera que como un medio indiscriminado para censurar preventivamente la propagación, llegado el caso, de mensajes subversivos a través de esta aplicación propiedad de Facebook, cuyas relaciones de colaboración con la agencias norteamericanas de seguridad e inteligencia NSA y CIA son sobradamente conocidas.

Estamos ante una suspensión generalizada de derechos y libertades anti-jurídica, conculcando la propia norma que rige al régimen del 78, y por tanto ante la emergencia de una dictadura de facto, con una deriva despótica. No es un golpe de estado partidista de corte bolivariano como pretende cierta derecha casposa, sino la dictadura del mismo régimen del 78 al completo, dada la solícita asistencia de todos los partidos al Ejecutivo por acción u omisión, reyertas de banderías aparte.

Está por ver si lo excepcional devolverá en algún momento la normalidad anterior a la pandemia o, por el contrario, como puede intuirse por la envergadura de las actuaciones excepcionales impuestas en España, y en buena parte del mundo con el confinamiento masivo de poblaciones, se está jalonando el camino hacia una nueva “normalidad” que instituirá en lo cotidiano el cercenamiento de derechos y libertades. Máxime para reforzar los mecanismos de control de conflictividad y represión social de una población noqueada de antemano por el coronavirus ante la gran crisis económica global del liberal –capitalismo que es una realidad cuyos efectos devastadores para España pronostican, para empezar, una espeluznante caída del 15% del PIB y tasas de desempleo superiores al 20%, con el consiguiente bucle infernal de repunte de déficit y deuda públicas, deterioro y devaluación de las condiciones socio-económicas de la ciudadanía y de la vida en general

Resistiré”

Si bien, con carácter anecdótico, puede haber algunos pocos, muy pocos, periodistas y juristas en España que comienzan a cuestionar tímidamente y de pasada algunos aspectos del estado de alarma, no puede hablarse de ninguna reacción significativa por parte de nuestros compatriotas frente a la vulneración de sus derechos y libertades bajo este estado de alarma impropio que algunos sí denunciamos desde el primer momento. A diferencia, por ejemplo, de otros países, tales como Estados Unidos en los que hay protestas contra las medidas de confinamiento o Alemania, cuyo Tribunal Constitucional ha fallado a favor de unos ciudadanos que pretendían manifestarse en la vía pública.

Nuestros queridos compatriotas pueden seguir endulzando su confinamiento, sometido a vigilancia policial y, a veces también bajo el escrutinio de vecinos chivatos vocacionales presentes en todas las dictaduras y estados policiales, con el jolgorio en los balcones, el trágala de las consignas oficiales y participar de las convocatorias de las 20h, los catárticos “2 minutos del odio” orwellianos, reconvertidos en aplausos acríticos de adhesión a la gestión gubernamental de una calamidad, así como atiborrarse de los amables reportajes de sainetes vecinales de entrañables y conmovedores gestos solidarios que emiten constantemente los informativos, junto a series de entretenimiento e infinidad de conciertos online.

Resistiré” es el himno oficial de la dictadura del Covid-19. Pero resistencia es también la consigna que los españoles deben interiorizar frente a esta dictadura cuyos resultados nos abocan a una catástrofe sin parangón.