El Gobierno ha reconocido que nunca existió un comité de expertos para la desescalada. Concretamente, la directora de Salud Pública ha remitido una nota en la que señala que “que no existe ningún comité de expertos encargado de la evaluación de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que pueden avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento, puesto que la responsabilidad corresponde al ministro de Sanidad tras su valoración con las distintas comunidades autónomas”. Todo ello implica que el Gobierno mintió a todos al afirmar que fueron unos expertos los que planificaron las fases de la desescalada y el avance en las mismas, algo que, si bien no debiera sorprender a nadie, si que debería resultar preocupante para los ciudadanos por lo patológico de la conducta del Gobierno.

Lo gracioso de la situación es que no se ha vulnerado por el Ministerio de Sanidad la regulación contenida sobre la información que debe suministrarse sobre los comités de expertos especializados en la materia sanitaria, conforme a la Ley General de Sanidad en relación con la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, de forma que, teóricamente, se ha respetado la legalidad. Sin embargo, se ha hecho algo que puede ser mucho peor, pues se escondió, durante semanas, la realidad del proceso de valoración del estado de la situación en la progresión de la pandemia en las diferentes provincias, ocultando decisiones políticas bajo el manto de una aparente intervención de científicos que no eran más que un escudo para evitar lo que habrían sido ataques políticos más que justificados.

Al menos puede comprenderse el sentido de muchas de las decisiones que se adoptaron, como las que impusieron más restricciones a provincias con capitales controladas por el PP que a provincias con capitales dirigidas políticamente por el PSOE, algo extensible a las Comunidades Autónomas en función de la relevancia que tuviera el partido político de Pedro Sánchez en sus respectivos territorios. También resulta más lógica ahora la ligereza con la que se trató a País Vasco.

Si el Gobierno ha podido ocultar información relacionada con el Covid-19 sobre algo tan básico como la existencia de un comité de expertos, habrá sido capaz de tergiversar la información pública sobre otros asuntos vinculados con el coronavirus en asuntos más relevantes, como el verdadero número de fallecimientos, que conocerán exactamente a pesar de decir lo contrario, o los trámites de la contratación pública y del reparto de subvenciones.