Según se ha podido saber por El Confidencial, Juan Carlos I está pensando en regularizar su situación tributaria para evitar la acusación por los delitos fiscales que haya podido cometer desde que abdicó en 2014.

Hay que tener presente que la Sentencia del Tribunal Supremo 209/2019, de 22 de abril, establece que son tres los presupuestos del delito fiscal del artículo 305 del Código Penal: a) en primer lugar, un comportamiento típico encaminado a la elusión del pago de un tributo o de cantidades debidas a Hacienda, a la obtención indebida de devoluciones o al disfrute indebido de beneficios fiscales; b) en segundo lugar, un ánimo de defraudar a la Hacienda Pública; y c) en tercer lugar, un resultado lesivo para la misma por un importe superior a 120.000 euros, por debajo del cual las infracciones serán objeto de expediente sancionador en vía administrativa. La misma resolución llega a destacar que "La elusión del pago de impuestos viene integrada por dos elementos : primero, el quebrantamiento de un deber fiscal jurídicamente exigible contenido en el art. 31 CE, cual es el de declarar los ingresos; y segundo, que el incumplimiento de dicho deber persiga intencionadamente ocultar los ingresos a la Administración Fiscal (STS 01/02/2006)".

Para poder facilitar la recaudación de las cantidades defraudadas a Hacienda, se apostó por excluir la responsabilidad penal de aquellas personas que decidieran regularizar su situación tributaria antes de que se inicien actuaciones de naturaleza procesal penal. Concretamente, la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, configura la regularización de la situación tributaria como el verdadero reverso del delito de manera que, con la regularización, resulte neutralizado no sólo el desvalor de la acción, con una declaración completa y veraz, sino también el desvalor del resultado mediante el pago completo de la deuda tributaria y no solamente de la cuota tributaria como ocurre antes de la reforma, de manera que la regularización guarde una relación de equivalencia práctica con el pago tempestivo del impuesto, tal y como han destacado tanto la Fiscalía General del Estado, como el Tribunal Supremo, que de forma muy expresiva se han referido a la regularización como el pleno retorno a la legalidad que pone fin a la lesión provisional del bien jurídico protegido producida por la defraudación consumada con el inicial incumplimiento de las obligaciones tributarias y considerándose, por ende, que la regularización de la situación tributaria hace desaparecer el injusto derivado del inicial incumplimiento de la obligación tributaria y así se refleja en la nueva redacción del tipo delictivo que anuda a ese retorno a la legalidad la desaparición del reproche penal. Por la reforma del año 2012, el artículo 305.4 del Código Penal establece que "Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias".

Juan Carlos I, con la regularización fiscal, podría evitar una pena por el delito fiscal, debiendo tenerse presente que, según el artículo 305.4 del Código Penal, "La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria". Sin embargo, hay dudas sobre lo que respecta a la responsabilidad por posibles delitos de blanqueo de capitales cometidos para introducir ilícitamente el producto del delito fiscal en el mercado monetario en la modalidad de autoblanqueo, admitido por el Código Penal desde el año 2015, ya que los autores especialistas en las materias penales exponen dos posiciones: una por la que la regularización fiscal excluye la sanción penal por el delito de blanqueo de capitales y otra por la que la regularización fiscal no obstaculiza la imposición de una pena por el blanqueo de capitales. A este incertidumbre doctrinal se añade la falta de resoluciones judiciales sobre la materia.

Debe destacarse que lo más razonable es pensar que, por los términos del Preámbulo de la Ley Orgánica //2012, resulta necesario extender la exclusión de la responsabilidad penal por la regularización tributaria en el delito fiscal del artículo 305 del Código Penal al delito de blanqueo de capitales del artículo 301 de la misma norma, ya que, entendiendo que la conducta el obligado tributario, tras la regularización, deviene lícita, también resulta lícita la introducción del dinero en el mercado monetario, pues ese capital que era ilícito accede a la legalidad, lográndose asimismo promover la regularización fiscal, que es lo que se pretendía con la reforma del artículo 305 del Código Penal.