Siempre he defendido y he estado orgulloso de nuestras Fuerzas de Seguridad y del Orden Público. En mi despacho exhibo, en lugar preferente, las placas de reconocimiento de las unidades de Policía Judicial con las que colaboré, codo con codo, en la lucha contra el delito y en el esclarecimiento de asesinatos que me correspondió investigar en mi etapa de juez instructor en Valverde del Camino. Luego trabajé con la unidad de policía de menores en casos complicados, con ellos colaboré en cursos de formación, cuando fui magistrado de familia en Sevilla… y por último he apoyado las reivindicaciones de JUSAPOL para que Guardia Civil y Policía Nacional tengan un salario digno y proporcional a sus responsabilidad, dedicación y esfuerzo por mantener la paz social, y en equiparación a las retribuciones percibidas por otros cuerpos de seguridad autonómicos.

  En la misma medida, siempre he defendido y he estado orgulloso de pertenecer a la carrera judicial, en la que ahora estoy en situación de excedencia voluntaria, pues siempre he considerado, y sigo considerando, que un Poder Judicial fuerte y verdaderamente independiente es la mejor garantía y salvaguarda del Estado de Derecho, poniendo freno a las arbitrariedades y abusos de los otros poderes.

  Ahora bien, una vez que he dejado claro lo anterior, ello no significa que se pueda ser crítico con ciertas actuaciones concretas de esas Fuerzas del Orden y del Poder Judicial, que no encuentran explicación ni justificación en el principio de legalidad que están obligados a servir. Porque no se pueden anteponer las veleidades, caprichos y planteamientos ideológicos del gobierno de turno, a ese sagrado principio, que, por cierto, también está empezando a ser contaminado por un poder legislativo bajo el control de quienes francamente se proclaman enemigos de España, o son sus cómplices y aliados. En tal sentido, se empiezan a publicar leyes cargadas de tintes ideológicos, leyes que, o bien rayan el esperpento por mor de intentar contentar a determinados colectivos afines, o que directamente conculcan derechos y valores fundamentales de nuestra Constitución. Ciertamente, aún cabría esperar que algunos jueces valientes puedan plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra esas leyes, pero, lamentablemente, la politización de esta Institución tampoco nos puede hacer albergar muchas esperanzas.

 En estos días, hemos podido conocer dos noticias que a muchas personas han causado estupor e indignación, aunque ya hay mucha gente en este país que no se sobresalta e indigna con nada, y que se limita, tan sólo, preocuparse de que no le falte su pensión a final de mes. Una, ha sido la del hombre detenido en Motril tras la muerte de su esposa en su domicilio, por causas naturales. La autopsia, así lo determinó. No voy a entrar en las descalificaciones y calumnias públicas vertidas por gentuza que acusa, dispara y esconde la mano, sin, por supuesto, pedir perdón. Hay políticos y libelos digitales, que se autodefinen como periódicos, que se dedican a eso. Lo que más indigna y debería indignar, es que ese hombre fue inmediatamente detenido e incluso no pudo asistir a las exequias de su mujer fallecida. Una detención injusta y arbitraria que no se ajusta a la legalidad, pues en España no existe ninguna ley o protocolo que obligue a detener de forma inmediata a un denunciado o sospechoso de violencia de género, es más, según circulares de la Fiscalía, únicamente en circunstancias excepcionales se debe proceder a la detención del denunciado o sospechoso. Como por ejemplo cuando exista un riesgo real contra la integridad de la denunciante. Sin embargo, se está deteniendo sistemáticamente, muchas veces los viernes, lo que implica que el detenido permanezca en un calabozo hasta el lunes; conculcándose el principio de legalidad, supeditado a un principio de “no vaya a ser que…” Luego, eso sí, si se denuncia por detención ilegal, sistemáticamente los jueces rechazan esas denuncias en base a esa segunda máxima, pues lo más saludable es no complicarse la vida y hacer una interpretación laxa de la legalidad vigente, en este caso, sometida a una justicia feminista, que es la que controla, supervisa y amedranta la actuación profesional de policías y jueces, pues detrás de ese “no vaya a ser que…”, está el miedo a la espada inexorable de la represalia pública y disciplinaria.

  El otro caso, aunque se trate de un suceso ocurrido hace meses, es la reciente resolución de la Audiencia de Madrid, que no sólo no admite una denuncia por desobediencia a unos ciudadanos, que podrían estar infringiendo normas administrativas (y por ciertol de dudosa legalidad) en su domicilio ( y por cierto, Sr ministro Marlaska, un piso turístico, e incluso una habitación de hotel, tienen la consideración jurisprudencial de morada a los efectos de su protección ante un allanamiento). Y es que no se puede entrar en una morada por la fuerza salvo que exista un flagrante delito, que es obligado evitar, o se disponga de una orden judicial de entrada. Entrar en un domicilio por la fuerza, sin cumplir esos requisitos, es hacerlo, dando no sólo una patada en la puerta, sino a la legalidad.

En definitiva, se trata de actuaciones, que, me consta, desde dentro del propio Poder Judicial y por la inmensa mayoría de los miembros de esas fuerzas y cuerpos de seguridad, se critican y reprueban, pero desde las catacumbas del anonimato. Porque saben que, si alguien con nombre y apellidos, alza la voz, es represaliado, como le ha pasado, en más de una ocasión, a Alfredo Perdiguero. El peligro está en que este desgobierno, que hará todo lo legal e ilegal para intentar perpetuarse, quiere tener un Poder Judicial rendido a sus plantas y unas fuerzas del orden, convertidas en policía bolivariana. Afortunadamente, y pese a que algunos jueces y mandos nombrados de forma arbitraria y discrecional, ya están en sintonía con ese ejecutivo, me consta que la mayoría siguen juramentados al principio de legalidad, al Estado de Derecho y la Democracia. Esperemos que el miedo no les haga traicionar esos juramentos de servicio.