1) Una legislación de excepción

 

El periodo republicano, frecuentemente idolatrado como un periodo de neta democratización de las instituciones políticas, fue también una época llena de tensiones políticas e ideológicas donde no siempre cuajó del todo una tendencia de democracia liberal, si no que a lo largo de ésta se promulgaron o propusieron medidas de difícil encaje democrático prácticamente desde sus inicios.

 

Si bien la Segunda República nació como una reacción democrática a la falta de libertades del periodo monárquico, no siempre sus primeras leyes fueron netamente democráticas. Entre septiembre y diciembre de 1931, cuando se aprobó, se discutió el único proyecto constitucional que ha estado vigente en la historia de nuestro país y que se plasmó con la promulgación de la constitución republicana de 1931

 

Sin embargo, a la par de este amplio proyecto legislativo, el primer gobierno republicano de 1931 aprobó otras duras medidas que se hacían más similares a régimen dictatoriales de excepción como los que se vivían en la cercana Italia que a régimen democráticos que tenían en la libertad y la justicia social su principal reivindicación.

 

Nos referimos en este caso a la polémica ley de defensa de la república. Según aparece en la Gaceta de Madrid, esta ley pre constitucional se aprobó el 21 de octubre de 1931, apenas dos meses antes de ser promulgada la constitución republicana y estuvo vigente durante los primeros años de gobierno republicano. Amprándose en ella, de hecho, y según afirma Alberto Oehling de los Reyes, se atacaron y neutralizaron;  

 

"...los disturbios de Burgos de 9 de noviembre de 1931, la sublevación anarquista del Alto Llobregat en Barcelona de 22 de enero de 1932 –por la que, precisamente, en aplicación de la Ley de Defensa de la República, en torno a doscientos implicados fueron deportados a África–, y, más tarde, en los sucesos de Casas Viejas del 10 al 12 de enero de 1933, en donde hubo hasta 25 muertes, intervinieron la Guardia Civil y unidades de Infantería del Ejército, los sucesos del 3 y 4 de enero de 1932, con un saldo de cinco obreros heridos, los altercados de Arnedo, donde murieron once obreros y otros muchos resultaron heridos, y en los disturbios de Calatrava la Real en Ciudad Real, donde murieron otros dos trabajadores".

 

La Ley de Defensa de la República afirmaba en su articulado entre otras cosas;

 

"Artículo 1.° Son actos de agresión a la República y quedan sometidos a la presente Ley:

 

III. La difusión de noticias que puedan quebrantar el crédito o perturbar: la paz o el orden público.

  1. Toda acción o expresión que redunde en menosprecio de las Instituciones u organismos del Estado.
  2. La apología del régimen monárquico o de las personas en que se pretenda vincular su representación, y el uso de emblemas, insignias o distintivos alusivos a uno u otras.

VIII. La suspensión o cesación de industrias o labores de cualquier clase, sin justificación bastante.

  1. Las huelgas no anunciadas con ocho días de anticipación, si no tienen otro plazo marcado en la ley, las declaradas por motivos que no se relacionen con las condiciones de trabajo y las que no se sometan a un procedimiento de arbitraje o conciliación.
  2. La alteración injustificada del precio de las cosas.
  3. La falta de celo y la negligencia de los funcionarios públicos en el desempeño de sus servicios.

 

Artículo 3.° El Ministro de la Gobernación queda facultado:

  1. Para suspender las reuniones o manifestaciones públicas de carácter político, religioso o social, cuando por las circunstancias de su convocatoria sea presumible que su celebración pueda perturbar la paz pública.
  2. Para clausurar los Centros o Asociaciones que se considere incitan a la realización de actos comprendidos en el artículo 1.° de esta Ley".

 

Como vemos, esta polémica ley, aprobada por el Presidente del Gobierno Manuel Azaña, y el Ministro de Gobernación, Casares Quiroga contemplaba, entre otros, como un acto de agresión al estado y penado por ley delitos como ser monárquico, mostrar indisciplina, las huelgas no anunciadas, o incluso hasta la "falta de celo" de los funcionarios, reservándose el derecho para ello de suspender reuniones o clausurar sedes civiles, en una legislación durísima más propia de un estado totalitario o de excepción que de un momento, octubre de 1931, en el que el nuevo régimen republicano apenas echaba a andar, se presentaba a sí mismo como garante de las libertades civiles frente a la tiranía monárquica y aun ni siquiera había tenido la ocasión de experimentar o sufrir graves alteraciones sociales como las que el régimen republicano vivía en años posteriores por la actividad de derecha e izquierda en las calle.

 

Una legislación de excepción difícilmente presentable como democrática que, sin embargo convivió con la constitución legal durante varios años y que amparó, junto con el resto de la legalidad republicana supresión de huelgas y manifestaciones como las mencionadas o incluso actos tan poco democráticos como el secuestro y prohibición de un periodo por el mero hecho de serlo, El Fascio, salido a la luz el 16 de marzo de 1933 y automáticamente secuestrado y censurado por el Gobierno de Azaña.

 

Durante la época republicana, sin embargo, esta polémica ley antidemocrática y de excepcionalidad constitucional no fue la única medida o propuesta que puso en cuestión al estado de derecho en época republicana previa a la guerra civil.

 

2) Maura y la dictadura nacional republicana

 

Para 1936, España se jugaba el tipo en unas nuevas elecciones generales de las cuales saldría un gobierno inestable en un ambiente político muy enrarecido. A las elecciones de febrero de 1936 se acude en bloques diversos. Por un lado se produce el surgimiento de un Frente Popular, a propuesta del líder de los republicanos de izquierdas, Manuel Azaña, que culminó con la creación del bloque electoral antifascista con las fuerzas obreras del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Republicana, Unión Republicana, Partido Comunista de España (PCE), Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), y Partido Galeguista. Enfrente tuvieron a una derecha disgregadísima liderada por la CEDA de Gil Robles, Renovación Española de Calvo Sotelo, y el Partido Radical, fuertemente desprestigiado por el gobierno conservador, que fue incapaz de crear un frente unido. Por su parte, FE-JONS se presentaba en solitario por no querer sumarse a ninguna candidatura de tipo contrarrevolucionario y no tuvo apenas éxito electoral alguno. 

 

Los resultados electorales dieron el triunfo a la coalición de izquierdas Frente Popular, que ganó las elecciones en el país. Automáticamente y casi desde el mismo día del triunfo electoral frentepopulistas, las masas favorables a éste iniciaron una política callejera de hostigamiento a los enemigos políticos. De hecho, la misma noche del triunfo electoral, según afirma El Heraldo de Madrid, ven la céntrica plaza madrileña, había quienes cantaban «La Internacional» y quienes prorrumpían  en mueras con los puños en alto, ante el cartel gigantesco de Acción Popular-CEDA, en Sol.

 

Nuevamente afirma El Heraldo de Madrid que, desde primeras horas de la mañana, del día siguiente a las elecciones, varios grupos de activistas se dedicaron a recorrer las obras y talleres de la capital para pedir a los obreros que acudiesen a las calles del centro de la ciudad con el fin de formar una manifestación, que recorrió las calles Preciados, Santo Domingo y Leganitos con un gran cartel en el que se había escrito con grandes caracteres de letras la palabra «¡Amnistía!».

 

El miércoles 19 de febrero, el líder del Frente Popular, Manuel Azaña, formaba gobierno con ministros de Izquierda Republicana y Unión  Republicana. Se produce, a continuación, una maniobra política destinada a eliminar de los principales centros de poder a los políticos más moderados del panorama republicano, y que se cobró como primera víctima al que había sido jefe del Estado republicano desde el mismo 1931, Niceto Alcalá Zamora.

 

Éste fue destituido por las cortes republicanas de la Presidencia de la República el 7 de abril de 1936, y sustituido por Manuel Azaña, que dejó la presidencia del Gobierno el 13 de mayo al republicano de izquierdas moderado Santiago Casares Quiroga.

 

Se iniciaba desde ese momento, mayo y hasta julio dos meses de una espiral de huelgas, sabotajes, incautaciones y enfrentamientos casi permanentes en las calles entre derechas e izquierdas que hacían el país francamente ingobernable.

 

Por ello, no es raro y extraño ver cómo, no desde las filas contrarias, si no desde el mismo campo republicano se empezaron a alzar voces críticas a este desgobierno que, incluso, llegaron a pedir una suspensión de las garantías constitucionales, suprimir la democracia y proclamar una "dictadura nacional republicana" nada menos.

 

El que lo propuso, en los meses previos a la guerra civil, no fue otro que nada menos que un ex ministro del primer gobierno provisional que proclamó el 14 de abril de 1931 el régimen republicano, Miguel Maura.

 

Miguel Maura Gamazo, tal y como se recoge en su famoso libro de memorias "Así  cayó Alfonso XIII", si bien, como él mismo recoge en sus memorias, nunca llegó a ostentar cargos de importancia política durante el reinado Alfonsino, estuvo ligado, casi por nacimiento a la vida política española. Hijo de Antonio Maura Montaner, quien fuera  Jefe del Partido Conservador desde 1902-1913 y uno de los más destacados e insignes representantes del bipartidismo monárquico de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, se inicia en las Juventudes Mauristas.

 

Opuesto al golpe de estado y la consiguiente Dictadura del General Miguel Primo de Rivera (1923-1930) por la supresión de los partidos políticos tradicionales, decide pasarse a las filas republicanas a mediados de febrero de 1930, en una entrevista personal con el monarca español Alfonso XIII y funda, junto con el liberal Niceto Alcalá Zamora el partido Derecha Liberal Republicana (DLR) vigente entre julio de 1930 y agosto de 1931, y que fue el máximo símbolo del republicanismo conservador.

 

Con el establecimiento del nuevo régimen republicano el día 14 de abril de 1931, la DLR se lanza a la arena política, participando en la redacción de la Constitución de la II República, aportando al nuevo régimen republicano al primer Ministro de la Gobernación en la figura de Miguel Maura (abril-octubre 1931), y al primer Presidente de la República en la figura del, a su vez, dirigente de la DLR, Niceto Alcalá Zamora (diciembre de 1931- abril de 1936).

 

Existiendo aún la DLR y estando aún en el gobierno, Miguel Maura rompe y se separa de la DLR, y ya en declaraciones al ABC el 25 de julio de 1931 afirma  que "yo no tengo nada que ver con esa minoría, no quiero saber que existen siquiera", evidenciando una primera escisión, que dará lugar a que la DLR se rompe, surgiendo de sus cenizas el nuevo partido de  Miguel Maura, el Partido Republicano Conservador (PRC), cuya vida se limitó entre 1932 (cuando fue fundado en un mitin en el Teatro Cine de la Ópera) y julio de 1936.

 

El desencanto de Maura con la política republicana se manifestó en no volver a ocupar ministerio ni cargo político alguno durante el resto de su vida y en un partido, el PRC totalmente marginal y minoritario en la vida política parlamentaria española.

 

No obstante Maura, a pesar de su insignificancia política, no dudó en denunciar los males del gobierno republicano, especialmente del nuevo gobierno frentepopulista de 1936, en una durísima carta publicada en el diario El Sol el martes 23 de junio de 1936, menos de un mes antes del estallido de la guerra civil (casual o no, quien sabe), titulado nada menos que "La salvación está en una dictadura nacional republicana".

 

Este provocador título era la antesala de un, no menos, provocador articulo donde carga duramente contra el rumbo político del país. En el texto, Maura afirma que;

 

"Nos equivocamos al convocar a las Constituyentes y emprender la obra de redactar y votar la Constitución del Estado a los pocos meses de instaurado el nuevo régimen, porque era inevitable que, de un lado la inoperancia en la función de gobernar y de otro la tensión revolucionaria de las masas, dieran como fruto una ley fundamental plagada de errores en su parte orgánica y cargada de sectarismo y de demagogia en su, parto dogmática.

 

Nos equivocamos al poner en práctica el sistema y negar el diálogo y la convivencia a los adversarios políticos, incluso a los servidores del régimen, porque falseamos la función de las Cortes, desnaturalizamos su misión, abrimos el cauce para la protesta justificada de la opinión.

 

Nos equivocamos al emprender, apenas trascurridos los primeros meses, una política de tipo partidista y de clase, no sólo divorciada, sino hostil a cuanto no fuera la fracción gobernante, en vez de practicar una política nacional.

 

Nos equivocamos al buscar el remedio a males transitorios y de origen conocido en la promulgación y aplicación de leyes excepcionales, siempre injustas  y vejatorias, pero francamente insufribles para todo españoles.

 

Vemos hoy que la realidad nacional nos muestra el Frente Popular roto y deshecho en toda España; las huelgas provocadas y mantenidas por los partidos obreros adscritos a la mayoría parlamentaria, arruinando al país y provocando conflictos inacabables a los Gobiernos; los desórdenes, algaradas y atropellos de las masas obreras que forman las filas del Frente Popular, entronizando la anarquía rural".

 

Frente a este demoledor diagnóstico de la vida política republicana entre 1931-1936, Maura propone una solución polémica que entroncaba con lo que muchos decían ya;

 

"Pues bien; si no se quiere abrir un período caótico en la vida de España, llegado ese momento  no habrá  sino una solución: la de reconocer todos los errores, los vicios, loa defectos, que el sistema político creado en la Constitución del 31 ha puesto de relieve en la experiencia de cinco años, y rectificar de una vez y sin paliativos el rumbo de la República, dejando en suspenso los preceptos de la Constitución, clausurando el Parlamento; es decir, despojando a la República  del traje arcaico con que la vestimos y emprendiendo una nueva ruta con ella desnuda, tal cual advino el 14 de abril, y tras un periodo cuya duración han de fijar las circunstancias.

 

Es inútil emplear eufemismos cuando se está ante una realidad notoria; dictadura republicana se llama la solución que postulo. Es indiferente que a ella se arribe a través de fórmulas de plenos poderes otorgados por las Cortes o derechamente y sin rodeos. Cuanto mayor y más claro aparezca el deseo de abrir una nueva etapa de la vida del régimen, mayor será la autoridad del Gobierno.

 

La dictadura que España requiere hoy es una dictadura nacional, apoyada en zonas extensas de sus clases sociales, que llegue desde la obrera socialista no partidaria de la vía revolucionaria hasta la burguesa conservadora que haya llegado ya al convencimiento de que ha sonado la hora del sacrificio y del renunciamiento en aras de una justicia social efectiva que haga posible la paz entre los españoles.

 

Dictadura regida por los hombres de la República, por republicanos probados, que unidos y juramentados para no escindirse ni separarse hasta terminar su labor, antepongan el interés supremo de España y de la República a toda mira partidista o de clase, gobiernen para toda la nación y acometan la obra de construir el Estado. Dictadura avanzada y atrevida en su política social y económica, y conservadora en sus procedimientos y en su actuación gubernativa.

 

Ésta y no otra es la solución que España tiene ante sí paro los males que padece. ¿Se juzga aventurada o excesiva? ¿Sigue prevaleciendo en el ánimo de los responsables dirigentes del Estado el prejuicio de conservar la apariencia de respeto a principios que de hecho vienen ellos mismos violando y atropellando día tras día? ¿Se anteponen esos prejuicios u otra clase cualquiera de escrúpulos al interés supremo de la República y de España? ¡Ah! Pues si tal acontece, nadie se forje ilusiones engañosas".

 

Este demoledor artículo de Maura, que propone franca y abiertamente la liquidación del estado de derecho en favor de una república aristocrática de "republicanos probados" o puros, excluyendo a la misma oposición a la que párrafos antes lamentaba de haber excluido el gobierno republicano hasta entonces, suscitó no pocas polémicas al respecto, como es lógico, proveniente de las bancadas frentepopulistas más izquierdistas que veían en esta propuesto del ex ministro una aberración cercana a la que pedía la extrema derecha. Como afirma Eduardo Montagut;

 

"En el mes de junio publicó unos artículos en El Sol, que generaron no poca polémica. En ellos abogaba por la instauración de una dictadura nacional republicana, un régimen transitorio para restablecer el orden frente a la radicalización general que se vivía en la primavera. Quería que se enfrentase a los sectores más radicales de la derecha y la izquierda para salvar a la República.

 

Al parecer, cuando estalló la guerra el propio Azaña quiso nombrarle para que se formase un gobierno de unidad nacional para enfrentarse a la situación. Pero él exigía poder establecer ese régimen transitorio. Aunque los sectores menos radicales de un lado y de otro no veían, en principio, con malos ojos a Maura el resto de los republicanos y los sectores a la izquierda del PSOE se negaron en rotundo a aceptar esta solución".

 

Al final, paradójicamente, fueron los falangistas, los acusados de ser más anti republicanos que nadie, los únicos que acabarían dándole la razón a Maura y apoyando una propuesta que para ellos en realidad tenía otro nombre. Al final fueron los llamados "anti-republicanos" los únicos que tendieron franca y sinceramente la mano abierta a Maura para salvar y regenerar a una República moribunda por 5 años de crisis y especialmente por 4 meses de caos revolucionario al frente del gobierno nacional.

 

Esta propuesta de frente nacional no sería muy diferente a la que, apenas 2 meses después, en agosto y ya en el contexto de la guerra civil, propondría desde la Cárcel de Alicante donde se encontraba preso, el fundador y Jefe Nacional de FE-JONS, José Antonio Primo de Rivera, para salvar a la nación y evitar una guerra fratricida.

 

Así, esta coincidencia de opiniones la manifestó en carta privada el propio José Antonio a Maura apenas 5 días después de la publicación de la propuesta en El Sol en los siguientes términos;

 

"He leído tus artículos con el interés que su contenido merece, aparte del que les da su firma, y hasta he creído del caso formular a ellos algunas afectuosas objeciones.

 

Lástima que aún no te atrevas a llamarla por su nombre. Cuando analices enfrío esto de la "dictadura nacional republicana" verás que lo de republicana, si quiere decir algo más que no monárquica (nota negativa en que todos ahora, menos los insensatos, tienen que estar conformes) ha de aludir a su contenido institucional incompatible con la idea de dictadura. De ahí que para salvar la contradicción tendrás que concluir aspirando a un régimen autoritario nacional capaz de hacer (¿recuerdas?) la revolución desde arriba, que es la única manera decente de hacer revoluciones. ¿Y a qué otra cosa aspiramos nosotros?

 

Pero ya verás; ya verás cómo la terrible incultura, o mejor aún la pereza mental de nuestro pueblo (en todas sus capas) acaba por darnos o un ensayo de bolchevismo cruel y sucio o una representación flatulenta de patriotería alicorta a cargo de algún figurón de la derecha. Que Dios nos libre de lo uno y de lo otro".

 

Al final, ni a Maura con su "dictadura nacional republicana", ni a José Antonio con su "régimen autoritario nacional" les acabaron haciendo caso, a pesar de los gritos de alerta que ambos alzaron en los días previos al estallido de la guerra civil y, en efecto, se acabó cayendo en un enfrentamiento fratricida que condujo a España al abismo.