Las movilizaciones desarrolladas por los defensores de Pablo Hasél terminaron provocando numerosos daños en las vías públicas y en bienes privados. A este respecto, no es complicado encontrar imágenes con losetas levantadas y fracturadas, contenedores de basura ardiendo y motocicletas quemadas.

Queda por saber quiénes pagarán los costes de los daños y perjuicios. Precisamente relevante es el coste de reparación de los bienes públicos y privados afectados por las protestas. El régimen jurídico aplicable depende de la edad de las personas que sea condenadas por los actos vandálicos, pues se sabe perfectamente que fueron detenidos sujetos mayores de edad y algunos que son menores de edad.

En lo que se refiere a los mayores de edad, hay que observar los artículos 109 a 122 del Código Penal en relación con los artículos 100 a 117 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De esos preceptos se infiere que toda persona responsable criminalmente también responsable civilmente, de modo que los condenados por un delito tienen que restituir las cosas sustraídas, reparar los daños e indemnizar los perjuicios, existiendo responsabilidad civil solidaria de todos los coautores en lo que concierne a las indemnizaciones, así que a cualquiera se le podrá exigir la cuantía total.

En lo que se refiere a los menores de 18 años, debe atenderse al contenido de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. El artículo 61 de esa norma indica que, cuando el responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores, acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden, pero, cuando éstos no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos.

Dicho lo anterior, hay que resaltar que, lamentablemente, no parece que los condenados por los actos vandálicos ejecutados en diversas ciudades vayan a tener recursos económicos suficientes para sufragar los gastos de reparación de daños. Por ese mismo motivo, las aseguradoras aportarán el dinero comprometido por las pólizas y cada uno tendrá que pagar por lo demás, los particulares por los menoscabos sufridos en sus bienes y todos los ciudadanos por los daños de los bienes de dominio público.