Las restricciones de derechos fundamentales protegidos por la Constitución son inaceptables, y limitadoras de las libertades que son inalienables e intrínsecas a la naturaleza del hombre y de su dignidad.

 

                Nunca he sido un forofo de esta Constitución que es un queso de Gruyere por la cantidad de agujeros que tiene y sus deficiencias fundamentales. No obstante, en su carencia la propia Constitución toma como referencia la Declaración Universal de Derechos humanos a la que se ha de recurrir jurídicamente en ausencia de protección en algún aspecto no recogido explícitamente o no fijado con la suficiente claridad; ya que el Reino de España es firmante de esa Declaración fundamental. Sin embargo, he arriesgado mi vida para defenderla en una tierra (la vasca) donde los derechos más elementales de la persona han estado conculcados sistemáticamente, y limitados los derechos a los caprichos de los señores feudales que nos han estado gobernando con el temor inducido en la población por los “chicos de la gasolina” y del 9 mm Parabellum. Es imprescindible que exista una Carta constitucional bajo un procedimiento no otorgado, sino instaurado, es decir, por vías democráticas y representativas de la soberanía nacional.  No obstante, en ausencia de una fórmula realmente instauradora, nuestra Carta Magna es una buena herramienta de convivencia, si se respetara y se cumpliera. Cosa que hace décadas no se ha hecho, con la pasividad y prevaricación de los poderes públicos actuantes.

                Es evidente que, en España, con la excusa de la Pandemia, se han secuestrado los más elementales principios del Derecho, de forma flagrantemente ilegal, con la complicidad de juristas que por razón de su formación y deber moral deberían ser los garantes de la dignidad de las personas y de su naturaleza genuinamente inviolable.

                Aunque por mi formación académica no soy jurista voy a desgranar en una serie de artículos por qué afirmo que la Constitución ha sido devaluada, degradada, bloqueada, convertida en papel mojado, es decir, inoperante. Voy a dar la versión personal de alguien que es ciudadano español pero que apenas ha podido ejercer de pleno derecho su carta de ciudadanía y a demostrarlo.

 

                Me ahorro comentar el Preámbulo que es una enunciación de propósitos baldíos meramente retóricos, sin ninguna virtualidad ejecutoria.

 

                Pasando al articulado; el Primero de los artículos es el fundamental y pilar de todos los demás. Sin embargo, la efectividad de dichos enunciados conceptuales es prácticamente nula en un régimen oclocrático y cleptocrático, en dosis proporcionales. Dice que España es un Estado social y democrático, y yo afirmo que es un Estado a medias, o mejor dicho un Estado fragmentario concepto que no se contempla en la Constitución. La Constitución establece el modelo autonómico, pero la autonomía es funcional, no es orgánica. Por lo que el actual Estado, más confederal que federal, deja de ser autonómico para ser la idea concebida por el infausto Zapatero, tan chavista él; es decir, una Nación de naciones. Que es como decir un zapato de zapatos o un tonto de tontos. Por tanto, los demás epítetos contemplados en el punto uno de este artículo, y más en concreto los valores de libertad, justicia e igualdad, siguen la estela del preámbulo, una declaración meramente retórica pues ni existe una libertad realmente funcional, y menos ahora con la Pandemia, ni existe igualdad (evidentemente, es obvio) ni justicia, pues ya se han encargado de embridarla con el asalto y control al Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional. No hay separación de poderes, con lo cual, ha habido un golpe constitucional como bien dijo un ministro de Justicia del equipo de Sánchez cuando de forma inconsciente o intencionada afirmó que se abría un “proceso constituyente”. Probablemente fue un lapsus linguae, pero ahí quedó en el Diario de Sesiones, salvo que hayan borrado esas palabras.

 

                El punto 2 de ese artículo 1 habla de la “soberanía nacional” que reside en el pueblo español. Evidentemente es un enunciado vacío de contenido real. Y no hace falta argumentar para demostrarlo. Como mis lectores son inteligentes saben de sobra por qué niego que exista soberanía. Es más que evidente que la soberanía del pueblo español murió en la medida que ha sido sustituida por las soberanías fraccionarias.

 

                En lo que se refiere al punto 3 de ese artículo que habla del régimen de la Monarquía no voy a comentar porque me da mucha pena.

 

                Pero lo más sangrante es el artículo 2, que ha sido radicalmente desarticulado en su contenido y en su principio de fundamento. Dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles; cuando en su mismo texto abre la espita del proceso separatista, ¿de quién?, pues de las “nacionalidades”. Objetivo cumplido. Han dinamitado la soberanía del pueblo español. Ya está, propósito masónico conseguido. Liquidada España se liquida el Catolicismo. Enhorabuena.

 

                Y para qué hablar del artículo 3, cuyo núcleo sustantivo es el reconocimiento de la lengua española como lengua oficial del Estado, y que todos los españoles tenían (en pasado) el deber de conocerla y el derecho a usarla.  Muy buenas intenciones si no fuera porque la realidad es tozuda y ha tenido que aparecer una Asociación (entre otras) para defender y exigir que se desarrolle este artículo. Se presentaron las firmas exigidas para debatir en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular, impecable en sus términos jurídicos que pretendía el desarrollo legislativo de este principio. No solo no fue atendida y acogida esta iniciativa, obligando a trabajar (que para eso les pagamos) a los señores diputados (y diputadas), sino que no tuvimos precisamente apoyos y adhesiones políticas a algo que como ciudadanos estábamos obligados, salvo uno de los partidos que todos mis lectores imaginarán, que nos dio su explícito apoyo.

                En la II República se contemplaba este precepto (artículo 4º de su Constitución): “A nadie se le podrá obligar al aprendizaje o uso de una lengua regional”. La pregunta es por qué aquellos que tanto interés tenían en recuperar el mandato constitucional de la República no recogieron esta fórmula. Igual es porque en su nudo gordiano estaba la intención de la ruptura de España que se está consumando, tal como los propios representantes “del pueblo español” han manifestado en la sede supuesta de la soberanía nacional.

                Es mejor no seguir escribiendo sobre esto por razón de salud mental. Este es el principal caballo de Troya de la descomposición.

                Podríamos seguir desbrozando los siguientes artículos de este Título preliminar, pero calificados como lo hago los primeros enunciados fundantes del resto de la exposición de voluntades  de este Título, poco hay que añadir.

                Pero no voy a eludir mencionar el artículo 6º que habla de que los partidos políticos deberán ser democráticos y que son instrumento de participación política de los ciudadanos. Ni son democráticos ni vehículo de participación. Es tan evidente que no es necesario argumentarlo. Y en lo que se refiere a los sindicatos y organizaciones empresariales cabe la misma objeción.

                Y en cuanto al artículo 8, las Fuerzas Armadas han perdido uno de sus principales elementos de encomienda constitucional. También es evidente. Ni defienden la integridad de España ni el ordenamiento constitucional. Y lo digo con el mayor de los respetos e incluso pleitesía. Pero la obviedad es tan evidente que no hay mucho más que añadir. Simplemente han sido desactivadas a todos los efectos, salvo en lo referente a las misiones de paz en el exterior. Como dicen en mi pueblo ni pinchan ni cortan. La penosa utilización, al principio de la Pandemia, allí por el mes de abril pasado, de mandos de FF.AA y de la G.C. dio una imagen pésima de lo que han de ser unas FF.AA como institución.

                En cuanto a la Seguridad Jurídica que establece el artículo 9, cabe preguntar qué entienden los poderes públicos por Seguridad Jurídica. En este momento ese sintagma es un mero oxímoron. Ni es seguridad ni es jurídica. Todo es arbitrario. Todo es contingente. Todo es voluble, dependiendo de una voluntad, la de un personaje que dejará a Godoy como un príncipe repleto de virtudes por comparación.

 

                Seguiremos en sucesivos artículos. Pienso que los ciudadanos tenemos el deber de ser conscientes de nuestra realidad y mantener el espíritu crítico, antes de ser subyugados en nuevas fórmulas de sometimiento y esclavización.