La deriva totalitaria en la que este Gobierno ha sumido a nuestro país como estrategia de amedrentamiento de la población para tratar de esconder su pésima gestión es cada vez más evidente. Así lo confirman los últimos episodios vividos en las calles de diferentes ciudades españolas, donde se reprimen dos derechos fundamentales, como son la libertad de expresión y de reunión, amparándose en la inconstitucional suspensión que de los mismos se ha llevado a cabo a través del estado de excepción encubierto en el que estamos sumidos.

Este ejecutivo social comunista se atreve a dar lecciones de democracia a diario y saca pecho en materia de justicia social. Pues ni lo uno, ni lo otro. El sabio refranero español nunca suele fallar: “dime de lo que presumes, te diré de lo que careces”. ¿Cómo pueden a estas alturas dar lecciones de democracia dos sujetos como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Sólo puede encontrarse una explicación: la falta de vergüenza y decoro que adorna a ambas personalidades. La trayectoria política del actual Presidente y Vicepresidente del Gobierno está jalonada de mentiras, trapiches y triles incompatibles con la asunción de la titularidad de las Altas Magistraturas del Estado que en la actualidad detentan. En cualquier país serio habrían desaparecido de la vida pública hace tiempo, como el propio Sánchez se encargó de recordarnos desde la tribuna del Congreso cuando aludió al plagio de su tesis doctoral por parte de un miembro del Gobierno alemán. Lástima que no se haya aplicado a si mismo su propia cita. Habría ahorrado mucho sufrimiento a los españoles.

No creen en la democracia, como demuestra el hecho de que en España el imperio de la Ley desapareció desde el mismo instante en el que se conformó el Gobierno Frankenstein en junio de 2018, reforzado ahora con la presencia en el Consejo de Ministros de Podemos, y visualizado nítidamente en la gestión que del mal llamado estado de alarma se está haciendo. No creen en la división de poderes, como demuestra el hecho de haber intentado suspender el normal desenvolvimiento de las actividades del poder legislativo y judicial con excusa de la pandemia del COVID-19. Sólo creen en el poder absoluto, en el cesarismo y en el sometimiento de la población a la bota bolivariana. Lejos de reconocer derechos, los suspenden, limitan y cercenan. Si esto es progresismo, yo soy el obispo de Mondoñedo. El progreso, como demuestra la Historia, no lo proporcionan supuestos gobiernos autodenominados progresistas.

La estrategia de este Gobierno era conocida desde el principio, pero es ahora cada vez más evidente: erosionar nuestra democracia para forzar un cambio de régimen constitucional que asegure a la izquierda y la extrema izquierda su supervivencia en el poder sine die. Esta estrategia estaba marcada desde el principio y se ha tenido que acelerar como consecuencia de los graves acontecimientos sobrevenidos. Para que dicha estrategia triunfe son necesarias tres cosas: subyugar el poder judicial, acabar con la clase media y desprestigiar, para luego dinamitar, la Jefatura del Estado. Y en eso andan.

La subyugación del poder judicial comenzó ya desde antes de la composición del Gobierno Frankenstein en junio de 2018. De hecho, la moción de censura que dio lugar al derribo del desidioso Rajoy estuvo planificada con apoyo de algún magistrado afín que sirvió de peón útil para introducir convenientemente un párrafo tan injusto como inexacto en una sentencia de la Audiencia Nacional. El posterior nombramiento de la Ministra de Justicia y actual Fiscal General del Estado ahonda en este proceso de acoso y derribo a la Justicia, al ser esta una persona del círculo más próximo del Magistrado ponente de la citada sentencia sobre el “caso Gurtel”, pero, sobre todo, del gran mullidor de esta estrategia en la sombra, Baltasar Garzón Real.

Los ataques al poder judicial del Vicepresidente podemita han sido contundentes y clarificadores de la estrategia a seguir. Dichos ataques no han sido ni siquiera criticados, sino amparados por los miembros socialistas del Gobierno que ostentan la condición de jueces.

El ataque a las clases medias es más que evidente. Todas las medidas económicas que adopta este Gobierno perjudican su situación y patrimonio. La supuesta subida de impuestos a los “ricos” no es más que un eufemismo para destrozar a la clase media y aumentar la nómina de subsidiados y dependientes del Estado, que, como estamos viendo en estos dos últimos meses, crece sin control para regocijo de las hordas podemitas. La destrucción masiva de empleo va a hacer que muchas familias de clase media se vean en situaciones cada vez más complicadas para su propia subsistencia, lo que hará necesario que acudan al manto protector del subsidio estatal, que es lo que se pretende y fomenta.

Los intentos de desprestigiar a la Jefatura del Estado se han producido desde la asunción del poder por parte del actual Presidente del Gobierno y se han redoblado con la presencia en el Consejo de Ministros del representante gubernamental de Maduro en España.

Suplantar la propia personalidad del Jefe del Estado en actos oficiales, mandarle a viajes discutibles, no defenderle de ataques furibundos por parte de la cúpula podemita, aislarle del manejo de asuntos importantes para la Jefatura del Estado es el menú dispuesto por el actual Presidente desde su llegada al poder. La estrategia de erosionar a la Corona es más que evidente. Su Majestad Felipe VI lo sabe y está actuando con una prudencia digna de ser alabada, aunque, llegado el momento, tendrá que responder. Y de seguir la deriva en la que estamos incursos, ese momento llegará más pronto que tarde.

Ante la situación que vivimos, es necesario e imprescindible la reacción ciudadana. La nación es cada vez más consciente del peligro que se cierne sobre todos nosotros. La posibilidad de acabar con un período de estabilidad política como la que ha proporcionado, con sus defectos y sus virtudes, la Constitución española de 1978 es real.

El prolongamiento injustificado de un estado de alarma convertido de facto en un estado de excepción ha sido aprovechado, con la excusa de la pandemia, para cometer todo tipo de tropelías jurídicas, políticas y sociales por parte del actual Gobierno. La Sociedad es cada vez más consciente de ello, a pesar del control dictatorial que el Gobierno lleva a cabo mediante la monitorización de las redes sociales y la subvención a los medios de comunicación de mayor difusión. El pueblo español ha demostrado ser paciente, prudente y magnánimo a lo largo de su Historia. Pero también ha demostrado ser contundente y valiente cuando ha tenido que rebelarse contra la injusticia y el totalitarismo. Lo hizo en 1808 ante la invasión francesa. Lo volvió a hacer en julio de 1936 ante la insoportable violencia de la izquierda radical y la invasión ideológica soviética que a través de ella se produjo. Y, sin duda, lo volverá a hacer ahora ante el ataque a sus libertades y su patrimonio. Los primeros escarceos han comenzado. Sólo falta que el incompetente Presidente del Gobierno y el mozo de mordazas que ha situado al frente del Ministerio del Interior sigan perseverando en su totalitaria huida hacia adelante para que la mecha prenda con fuerza. La gente es paciente, pero no es eternamente paciente, sobre todo cuando se juega su propia supervivencia física y social. En mayo de 2020, como en mayo de 1808, podría haber empezado todo. La reacción frente a la bota bolivariana que han puesto encima de nuestro pecho se hace más necesaria que nunca ahora, porque luego puede ser tarde. El respeto a más de 37.000 muertos y a nuestra propia Historia así lo impone.