Ya conocemos que la igualdad que desde la progresía reclaman para los inmigrantes sólo se refiere al disfrute de derechos, no al cumplimiento de obligaciones ni al respeto del ordenamiento jurídico español. Por supuesto la igualdad implica que todo aquel quien incumple una ley deba sufrir sus consecuencias, ya se trate de un español que viola la normativa urbanística y construye ilegalmente su casa en terreno protegido o de un extranjero que viola nuestras normas de control de fronteras y reside ilegalmente en España.  Algo bastante sencillo de comprender, pero que el dogma de la discriminación positiva de las minorías y la pretensión globalizadora de la abolición de fronteras pone en tela de juicio en todo Occidente.

No es pues de extrañar que el fenómeno de la inmigración ilegal siga sin solución. Para perjuicio de nuestras sociedades y para desgracia de los inmigrantes que acuden a las redes de trata de seres humanos para entrar clandestinamente en Europa. En el caso de los MENAS, menores extranjeros no acompañados que entran y residen ilegalmente en España, la situación es escandalosa, como pone de manifiesto el largo y constante goteo de noticias de conductas violentas, antisociales o delictivas que protagonizan.

Basta con hacer una somera búsqueda en google, para encontrar los numerosos incidentes de orden público en que, tan sólo durante este verano, han estado implicados MENAS. Que si asaltaron la casa de un guardia civil en Palma de Mallorca y le robaron la pistola, que si se han enseñoreado de la Casa de Campo en Madrid, los altercados y agresiones en los centros de menores de Andalucía, Madrid, Gran canaria y otras regiones, agresiones sexuales en Vascongadas… Un largo etcétera al que hay que añadir el incívico comportamiento respecto a las medidas sanitarias preventivas del COVID19, ya que los trabajadores en los Centros de Menores se ven impotentes porque no hay manera alguna de imponer disciplina a un gran porcentaje de MENAS.

Contar la verdad no es estigmatizar a nadie. Ocultarla es hacer irresoluble un problema. Y la realidad no es otra que los MENAS tienen un índice de criminalidad, nada más y nada menos, que del 1000% superior a los menores españoles. Siendo los de origen magrebí los que peores estadísticas presentan. Pese a ello, la legislación española no prevé la expulsión de los menores extranjeros condenados por a la comisión de un delito. El art. 8 Convenio Europeo Derechos Humanos y art. 3.1 Convención sobre los Derechos del Niño, obligan, ante todo, a tener en cuenta el interés del menor a permanecer junto a su familia frente a otros fines relativos a la seguridad u orden públicos. Pero en el caso de los MENAS, carecen de familia en España, conforme al art. 35 Ley Extranjería corresponde al Ministerio Fiscal y los servicios administrativos competentes en cada Autonomía hacerse cargo de la tutela de estos menores. Asombrosamente respecto a ellos tampoco cabe su expulsión, puesto que nuestra legislación, como ya indicamos, sólo la prevé para mayores de edad condenados. Eso sí, no habría ningún impedimento legal para proceder a su repatriación. Repatriación que tan sólo exige respetar el interés del menor, es decir, que se le devuelva a su lugar de procedencia para reagruparse con su familia o para disfrutar de la adecuada protección que, en su caso, le brindarían las instituciones de menores de su país.

Esta repatriación podría efectuarse, tanto en el caso de comisión de delitos, como en el caso de entrada ilegal. Sin embrago su uso y efectividad es anecdótica. Sólo 5 menores fueron repatriados el último año en que constan estadísticas. ¿Por qué no se repatrian más? En primer lugar, por las dificultades en su documentación, que nuestro Tribual Supremo dificulta aún más, al considerar que la Administración no puede hacer nada para averiguar la edad real de un joven cuando de su documentación resulta que es menor de edad y dicha documentación no presenta indicios de falsedad ni de manipulación, aunque la precepción de hecho haga evidente la divergencia. Prevalece la apariencia formal frente a la verdad material. A continuación  de lograr documentarles hay que localizar a sus familias en su lugar de origen, tarea, podemos decir, imposible. Ahora bien, determinada la nacionalidad del MENA, por supuesto los servicios administrativos competentes en materia de menores de su país están perfectamente identificados. De nuevo surge la pregunta ¿por qué entonces no se repatrían más? Y aquí la respuesta es que no hay voluntad política, ni en España ni en la Unión Europea. Como nuestros Servicios Tutelares de Menores están mejor dotados, es mejor que se queden aquí. Que sea nuestra sociedad y no la sociedad a la que pertenecen realmente, la que cargue con su manutención y con los problemas de orden público que provocan.

No es posible mantener este doble discurso, que considera igual de fiables que los países europeos a todos estos países del Magreb cuando se trata de hacer indiscutible la documentación que expiden,  pero se los considera subdesarrollados, inadecuados o incapaces de gestionar apropiadamente su Servicio Tutelar de Menores. Con independencia de que la Unión Europea pueda subvencionar dichos Servicios para que mejoren su atención a los menores, todos y cada uno de los MENAS que llegan a España deben ser inmediatamente devueltos a sus países de origen una vez se conozca su nacionalidad o lugar de partida, para ser puestos a disposición del Servicio Tutelar de Menores del país conocido con el que guarden mayor grado de conexión. Por supuesto, no se hará así, es mejor dedicar cerca de 1.000 millones de euros anuales a su manutención e integración en España, que sólo dedicar una parte a subvencionar y supervisar los servicios de protección de menores de sus países de origen para lograr su efectiva repatriación. Que no se estropee el negocio que algunos tienen montado aquí y mucho menos la agenda del Sr. Soros y compañía para acabar con la identidad de Europa. Total, las consecuencias las van a sufrir los españolitos de a pie y los tontainas de los contribuyentes.