En pocas ocasiones un dicho es tan certero, como aquel que afirma que el español piensa bien pero tarde. La democracia española se sustentó en una mentira que todos dieron por buena, aún a sabiendas de que lo era. Se agarraron al referéndum constitucional del 78, obviando el de diciembre de 1976, que sentaba las bases de una transición de la ley a la ley, lo que significa que la legitimidad de la actual monarquía parlamentaria viene del franquismo y nunca de la II República que lo único que intentó y consiguió fue romper la convivencia entre los españoles.

José María Aznar se equivocó gravemente, cuando en sede parlamentaria, condenó el Alzamiento del 18 de julio de 1936, una sublevación necesaria, y me atrevería a decir que obligada, dada la ruptura de la legalidad por parte de las fuerzas de izquierdas que se apoderaron de la república, excluyendo a la oposición, a la que persiguieron e intentaron eliminar, no solo ilegalizando algunas de sus formaciones, también asesinando a varios de sus líderes. El error de Aznar, condenando a la España cuyo único delito era el de no dejarse matar, condenando a sus padres y abuelos, fue aprovechado rápidamente por la izquierda, con la promulgación de la Ley de memoria histórica del 2007 de José Luis Rodríguez Zapatero, ante la ceguera de la oposición y de la jefatura del estado, que pensaron  que esto nada tenía que ver con ellos. El entonces Rey Juan Carlos I, aceptó esa ley que suponía de facto su propia deslegitimación. El Partido Popular tampoco se opuso, ni siquiera teniendo mayoría absoluta, intentaron su derogación. Desde ese momento, la izquierda se encontró con una “autopista”, con una “vía libre”, que les permitía conseguir, más rápido de lo que habían imaginado, su anhelado objetivo de cambio de régimen. Faltaban algunos flecos, algunos obstáculos menores, pero nada que no fuera fácilmente superable. La transición ya no era de la ley a la ley, era de la ley a la ruptura.

La siguiente fase consistía en seguir tensando la cuerda y ver la reacción del principal partido de la oposición y de la Casa Real. Como era de esperar, esta reacción nunca se produjo. Se profanó el cadáver del anterior Jefe del Estado, el cuerpo de Franco, y se profanó el monumento de la reconciliación y se procedió al blanqueamiento de todas las organizaciones terroristas, como ETA o FRAP, primando su carácter antifranquista, por encima de sus crímenes, y considerándolas organizaciones que habían luchado por la democracia y la libertad. Equiparando ser antifranquista con ser demócrata. La gran mayoría volvió a pensar que esto nada tenía que ver con ellos. El Rey Emérito fue un iluso si pensaba que después de Franco no vendría él, y Felipe VI también lo será, si no se da cuenta de que, después de su padre, él será el siguiente. El partido Popular ya está avisado, el actual vicepresidente se lo ha dejado muy claro, “ustedes nunca volverán al consejo de ministros”. El blanqueamiento de ETA ,y en menor medida del FRAP, cierra una herida dentro de la izquierda, por un lado, les permite negociar con Bildu los presupuestos generales del Estado, y por otro lado Pablo Iglesias rehabilita a su padre.

Al Jefe del Estado, a Felipe VI, se le prohíbe ir a Barcelona y también se le prohíbe que manifieste su malestar. El gobierno mantiene secuestrado al monarca y está procediendo al golpe de estado institucional, han pisado el acelerador y creen que es el momento del cambio de régimen. Basan su legitimidad en la II República, en una república excluyente, plurinacional, que contempla el derecho de autodeterminación y donde ellos eligen quién puede o no participar, quién puede o no ser oposición. Ahora son muchos los que se dan cuenta de que la ley de memoria histórica, la profanación de Franco, el blanqueamiento de ETA, el modelo autonómico, la ley electoral, son todo lo mismo y formaban parte de un plan cuidadosamente elaborado, que nos conduce de forma irreversible al secuestro de la libertad y la democracia, y posiblemente, a la propia desaparición de España. El español piensa bien, pero tarde.