En el proceso, y las correspondientes sentencias de la Audiencia de Palma de Mallorca y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en el mediático juicio contra el matrimonio Borbón-Urdangarín, quiero resaltar dos claves del asunto que ponen de manifiesto que ni el procedimiento ni las correspondientes sentencias se ajustan a Derecho, vulnerado además el principio constitucional de que todos los españoles somos iguale ante la Ley.

          Hubo actuaciones extraprocesales, por no decir otra cosa, debidamente explicadas por numerosos autores y periodistas, y que por lo tanto ya son del dominio público, destinadas a “Salvar a la Infanta”.

          Para ello se utilizaron todo tipo de presiones, coacciones, amenazas e influencias, destinadas a conseguir el dictado de una sentencia absolutoria para la Infanta, como así se consiguió, finalmente.

  1. -  Reseñaremos algunos aspectos importantes que el viento se llevó de la sentencia:

1º. -  La no acusación, y por consiguiente condena, del ex Alcalde de Madrid, don Alberto Ruiz-Gallardón, por haber concedido una subvención de 114.000 euros a Urdangarín para promocionar el Madrid Olímpica 2016, a cambio de dos folios manuscritos por la Gerente Mercedes Cohen. –

2º. -  La no imputación, acusación, y por consiguiente condena, de doña Rita Barberá, qepd, y don Francisco Camps, por las subvenciones millonarias a Urdangarín. –

3º. -  De haberse imputado a esos políticos, en su condición de aforados, el Juez Castro tendría que haberse inhibido en favor del Tribunal Supremo. –

4º. -  Los delitos de blanqueo, organización criminal, administración desleal, etc., tendrían que haberse incluido en los escritos de acusación. –

5º. -  La Infanta tenía que haber sido considerada, y por lo tanto condenada, como cooperadora de dos delitos fiscales, como mínimo. –

6º. – Hacienda no somos todos, y por si nos quedaba alguna duda, lo dejó bien claro la abogada del estado. –

7º. -  La impunidad e inmunidad del Rey Emérito le evitó ser llamado al proceso, por el préstamo escandaloso a su hija para la compra del Palacete de Pedralbes. –

8º. -  La no investigación de los movimientos bancarios y financieros de Diego Torres y Urdangarín en los paraísos fiscales de Panamá, Belice, Islas Vírgenes, Delaware, etc. –

9º. – La aplicación de la “doctrina BOTÍN”, creada ex novo para proteger a ese banquero, que creía estar, y en la práctica estaba, por encima de la Ley. – 

10ª. -  Intimidación de la Fiscalía al que suscribe, pidiéndome nada menos que 24 años y 10 meses de prisión. – (Teniendo en cuenta que he cumplido 75 años, “necesito” llegar a los 100 para poder cumplir con la Patria…). –

  1. – Lo que la venganza aportó al procedimiento:

1º. -  La criminalización de Miguel Bernad y el Sindicato MANOS LIMPIAS, para deslegitimar la única acusación real –y nunca mejor dicho- contra la Infanta, intentado así su expulsión del proceso, evitando así que doña Cristina tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados. –

2º. -  La participación de las “cloacas del Estado” en la operación, diseñando un “Plan para salvar a la Infanta”. 

3º. -  La figura del fiscal defensor de la Infanta, y de la abogada del estado que o defiende el interés público, sino solamente a la ciudadana Borbón. –

4º. -  Las nuevas figuras de la “mujer florero” y de la “hormona del amor”. –

5º. -  La falacia de la extorsión a Miguel Roca, cuando fue todo lo contrario. –

6º. -  La vergonzosa condena en costas al Sindicato MANOS LIMPIAS, la organización que más ha luchado –y sigue luchando- contra la corrupción en España. –

7º. -  Las amenazas y descalificaciones al Juez Castro, a la Letrada de Manos Limpias, la señora López-Negrete, y al que suscribe, Miguel Bernad, fundador y secretario general del sindicato. –

8º. -  La petición ¡de la ilegalización de MANOS LIMPIAS, como acusación popular! –

9º. -  La advertencia a “navegantes de que el sistema no permite que se traspasen determinadas “líneas rojas”, pues ello traerá funestas consecuencias a quienes osen hacerlo. –

10º. – La persecución de esa policía política llamada UDEF, no de los denunciados, como sería lo lógico, sino de los denunciantes, algo que sospecho solo pasa en Cuba, Coria del Norte y algunas “democracias” similares., como España…

 

          Quiero terminar esta exposición con una manifestación valiente de la juez doña Mercedes Ayala:

          “Hay una justicia para ricos y otra para pobres”.

          La sentencia del caso Nóos avala estas declaraciones de la señora Ayala. -