Fiel a la tradición dinástica multisecular, el rey emérito Juan Carlos, al igual que sus borbónicos antepasados, puso pies en polvorosa ante el mínimo problema. Se barrunte que su salida de España en plena canícula estival fuere por torpe decisión de la Casa Real o por malevolencia del presidente Sánchez, quien sobreactuado manifestó su malestar por “las inquietantes y perturbadoras” revelaciones de la prensa sobre las cuentas suizas del monarca jubilado, lo más relevante de todo esto es el enorme simbolismo que desprende: la estrepitosa caída del ídolo erigido sobre el pedestal del régimen borbónico del 78.

Ha debido obrar ya cierta suerte de justicia poética sobre esta historia de la que quedan todavía capítulos por escribir. Quizá, como rey perjuro que liquidó el régimen anterior alguno le quiera conceder, por traicionar a un dictador, cien años de perdón. Pero hay otras perfidias imprescriptibles.

Así, no habría ni amnistía ni perdón para quien sin ser todavía proclamado rey, arrogándose las exorbitantes atribuciones ex oficio de la Jefatura de Estado de aquel entonces, bajo instrucción del “amigo americano” entregó al moro la provincia española del Sáhara a cambio del reconocimiento internacional a su inmediato reinado.

Por lesa patria será reo ad aeternum: en pago por adelantado creyó poder comprar la lealtad de las oligarquías de los pseudonacionalismos periféricos regalando porciones de la soberanía nacional del pueblo español. Así, concedió órganos preautonómicos a las “nacionalidades históricas”, ya antes incluso de que se aprobara el nuevo marco jurídico-político de la funesta Constitución del 78 que empotraba el nefasto artilugio autonómico. ¿Alguien cree todavía que el separatismo ha surgido por generación espontánea?

Si se permite la elipsis, podría glosarse que su reinado, celebrado por su llaneza personal, transcurrió entre paquidermos: de probable tapado “elefante blanco” durante el autogolpe del 23-F fue transformado en el salvador de la incipiente democracia española, “borboneó” cuanto pudo y, en la recta final de su oficio regio, se las tuvo que ver con un elefante de Botsuana para poco después abdicar y pasar al cementerio de elefantes como emérito a tiempo parcial, compaginando escarceos y barbacoas con su obsequiada “amiga” delatora.

Benefactor de los españoles por otorgarles, dicen, el régimen de libertades, elevado a los altares del mito fundacional de la manida transición por todo género de corifeos-babosa y plumillas-pasteleros durante décadas, no ha resistido ni dos telediarios al ser reprobado. Pero de sus correrías y mordidas estaba al corriente toda la Corte. Representaba aún el espíritu de una época de excesos que aunó a las viejas oligarquías de las finanzas y los oligopolios con las nuevas, algunas surgidas de los pelotazos facilitados por el PSOE, el partido “obrero” favorito del gran capital.

Buena cuenta de sus andanzas y negocios comisionistas quedaron bien reflejados en un libro del periodista Jesús Cacho de hace ya más de veinte años: amigo de la desmesura, prisionero de sus pasiones y de la avidez por el dinero, rehén y protegido del PRISA de Polanco.

No obstante, hasta hace dos días, se le exaltaba desde las tribunas de la partitocracia, en informativos, prensa y tertulias como nuestro mejor embajador y relaciones públicas, conseguidor de fabulosos contratos en el extranjero para nuestras grandes empresas. Pero ahora está claro que no gratis et amore, sino que se trataba de sus prerrogativas regias remuneradas en porcentajes, puestos bien lejos y a buen recaudo del fisco, de quien loado por todo lo que había dado a los españoles se cobraba sus servicios reales confiando en que su prestigio le hacía intocable y, además, en que su irresponsabilidad e inviolabilidad le hacían impune.

No debería sorprender el turbio paralelismo que el destino ha deparado en su ocaso al emérito con otro de los grandes personajes de la transición, antaño también ensalzado y honrado por el régimen, el también emérito presidente de la Generalitat de Cataluña, el molt honorable Jordi Pujol, reputado corrupto comisionista.

Aunque Juan Carlos I no hubiera sido un corrupto sino un ejemplar monarca frugal y virtuoso, tal y como se pretende ahora de su sucesor Felipe VI, el pueblo español, teóricamente soberano, se debe oponer igualmente a la monarquía por postulados estrictamente políticos e ideológicos: la monarquía usurpa parcelas de la soberanía nacional-popular por su naturaleza antidemocrática. Así se le atribuye la representación de la unidad de la Nación y la continuidad del Estado en el plano simbólico. Su instauración es indisoluble del engendro centrifugador autonómico. Es una pervivencia medieval apuntalada por la Constitución del 78, junto a conciertos, cupos y regímenes forales, que atenta contra igualdad de los españoles e impide su acceso a la Jefatura del Estado. Participa del mecanismo de investidura parlamentaria previsto para imponer la partitocracia. La monarquía corona, en definitiva, el régimen de dominio del gran capital y la partitocracia a su servicio sobre el pueblo español.

Es una institución que condena a la impotencia a aquellos de nuestros compatriotas que creen que es baluarte contra las acometidas separatistas y fían todo a su permanencia e, incluso en esta falaz identificación con la unidad nacional, ponen la figura del Rey por encima de España. Se aferran al rememorado discurso de octubre de hace tres años, pero ignoran la posibilidad de que la Corona, en estos momentos más debilitada que nunca por los escándalos del emérito, con tal de perpetuarse en la poltrona como muestra su ejecutoria, igualmente podría reinar la confederación plurinacional de “nacionalidades” con la que sueña PSOE-Podemos.

Surgen nuevos monárquicos que declaran su afección a la Corona ante lo que denuncian como campaña contra la monarquía bajo el pueril y limitado esquema de los enemigos de mis enemigos son mis amigos. No hacen falta acudir a supuestas conspiraciones social-comunistas-bolivariano-castristas-iraníes para promover un cambio de régimen atacando al Rey o aislándole. Porque PSOE y Podemos son parte esencial de este régimen, como Felipe VI, y, aunque estos días se oiga jarana pretenciosa de vislumbrar horizontes y acometer tareas fundamentales republicanas, si se recurre a este cartucho y se carga la recámara está por ver si se dispara, porque sería el propio régimen el que apretase el gatillo cuando precise que todo cambie para que todo siga igual si el inminente y brutal deterioro socio-económico de España aconseja acudir a la fórmula gatopardista para que las oligarquías y los oligopolios perpetúen sin sobresalto su poder. Así, de una monarquía parlamentaria autonómica-confederal al servicio del gran capital se podría pasar sin mayores a una república parlamentaria plurinacional al servicio, por supuesto, del gran capital. Pero eso no sería un cambio de régimen.

Por eso, lo que hace falta es preconizar un verdadero cambio de régimen: la refundación de España en una República nacional, presidencialista, unitaria e indivisible que transfiera los grandes medios de producción y sectores estratégicos a la Nación poniendo fin, de una vez por todas, a nuestra disolución nacional y al dominio del gran capital. Nada que ver, por tanto, con la republiquilla de Pablo Iglesias y su pandilla morada.