El artículo 5 de la Constitución establece que "La capital del Estado es la villa de Madrid". Sobre este precepto, se afirma en Comentarios a la Constitución Española que "la definición jurídica de la capitalidad de un Estado siempre ha cumplido dos funciones: la de ser símbolo espacial del lugar desde el que se ejerce la soberanía en un Estado (de ahí también la relevancia y pertinencia en el Derecho internacional y las relaciones entre Estados de identificar sus capitales), lo que va unido también a su condición de sede fija, y la de solventar la cuestión jurídico-territorial de asentar en un lugar las instituciones que encarnan la unidad del poder público en un Estado territorialmente descentralizado".

Pensando que el tema puede perjudicar a Isabel Díaz Ayuso por mermar lo que se ha denominado "el efecto capitalidad", el Gobierno ha abierto el debate sobre la capitalidad de Madrid, que es inamovible y difícilmente reformable por los artículos 5 y 168 de la Constitución. Para ello, se ha propuesto plantear el traslado de la sede de determinadas instituciones estatales a otras Comunidades Autónomas, dispersando así la localización de la infraestructura de diferentes entidades del Estado.

Parece que el nuevo plan tiene más peso por la incidencia que puede tener para Madrid que por el beneficio que puede acarrear para otras provincias. De ese modo, se une el Gobierno a la estrategia que desde ciertos sectores del independentismo catalán se está aplicando para culpabilizar a Madrid de los males de las demás regiones del país.

Podria pensarse en repoblar la España vaciada a partir del traslado de sedes de instituciones estatales. Sin embargo, en esa parte del territorio no hay infraestructuras suficientes y, si se hubiera querido, se podría haber creado una partida presupuestaria en el Estado para las zonas que comprenden la España vaciada, utilizando para ello dinero de, por ejemplo, la partida destinada al bono cultural de 400 euros para los jóvenes.

Es posible que se lleven sedes del Estado que ahora se sitúan en Madrid para ubicarlas en otras ciudades importantes. Posteriormente, se podría proceder con el traslado de la sede de otras instituciones estatales a otras Comunidades Autónomas, resultando coherente que, además, se descapitalicen las capitales autonómicas, trasladando las sedes de las instituciones propias de cada autonomía a otras provincias. Además, ya para finalizar, se podrían descapitalizar las provincias, trasladando sedes de las provincias de los principales municipios a otros periféricos, para terminar con los ayuntamientos, que no deberían estar en el centro de las ciudades, sino en las zonas colindantes con otros municipios.

Quizá sería buena opción, para dar ejemplo y mostrar los beneficios de descapitalizar Madrid, trasladar la Moncloa a Cataluña.