El consenso capitalismo-socialdemocracia, ha basado toda su política económica en el consumismo, toda su política cultural en el hedonismo relativista y toda su política social en el individualismo y la dependencia del Estado. El Estado de bienestar se ha construido sobre los pilares del mayor consumo, el culto a los mercados y la subvención al que no podía participar en aquel festival. En todo Occidente, el obrero, menestral u oficinista, que se incorporó a la clase media tiempo atrás, ya no está interesado en la lucha de clases. La “igualdad” que les preocupa es aquella que les permite poder cambiar de coche, irse de vacaciones a la playa, acudir al restaurante de moda, tomarse una caña con su tapita al sol y poder comprar el último modelo de móvil o el plasma más grande del mercado. Por eso el Estado subvenciona los libros de texto de los hijos, mientras los padres les compran el Samsung o iPhone de turno. Por eso el Estado paga el PER mientras importa mano de obra inmigrante para hacer un trabajo que los nacionales subsidiados no quieren hacer. Por eso las políticas de la derecha e izquierda del establishment han venido confluyendo en la potencial expansión del Estado de bienestar, a través del capitalismo de Estado, fortaleciendo a las elites financieras que manejan los mercados, mientras debilita a las clases medias, a las que grava con crecientes impuestos para mantener una amorfa e ingente bolsa de consumidores.

El problema es que el Estado de bienestar, con la crisis del COVID19, va a necesitar de cientos de billones para mantener el actual sistema de crecimiento basado en el consumo. Por ello, precisamente en estos tiempos, lo que se precisa para lograr la recuperación es cambiar tal paradigma y fomentar una economía de ahorro y trabajo para poder financiar las nuevas inversiones que redundarán en un mayor crecimiento de nuestra economía y, a largo plazo, en un mayor nivel de vida. La tasa de ahorro de un país es fundamental porque constituye su principal fuente de financiación. En este sentido, cuanto más ahorren las familias, más recursos dispone la economía a nivel interno para financiar todos los gastos e inversiones, tanto públicos como privados. En el momento en que falta ese ahorro, la única salida para las economías es el endeudamiento, la liquidez fiduciaria. Un mecanismo que, de mantenerse sistémicamente, provocará efectos perversos sobre la economía, pues al carecer de respaldo real, acabará con el empobrecimiento y quiebra total de la Nación.

Precisamente, para gozar de una capacidad de inversión sana, lo último que habría que hacer en estos momentos es castigar el ahorro. Pero eso es ni más ni menos lo que se propone hacer este infame gobierno. Por un lado quiere una renta básica universal, que al instaurarse de manera ilimitada en el tiempo e incondicional para el beneficiario, fomenta el parasitismo social, (auténticas trampas de pobreza y clientelismo como se ha demostrado con el PER en Andalucía), desincentiva el trabajo y rompe con cualquier equilibrio entre lo que los beneficiarios contribuyen y lo que reciben. Por otro lado, la brutal subida de impuestos que preparan socialistas y comunistas se ceba implacablemente con el ahorrador. Subidas en el IRPF, subidas en la tributación de las rentas de capital, eliminación de las desgravaciones fiscales de los planes de pensiones, nuevos impuestos sobre los inmuebles, elevar el impuesto de sucesiones y donaciones, tasas sobre las operaciones financieras, nuevo gravamen sobre los depósitos dinerarios, con independencia de sus rendimientos, y además establecer un tipo del 35% en el Impuesto de Sociedades para las bases imponibles superiores al millón de euros, introduciendo, además, un tipo mínimo del 15% sobre el resultado contable.

Tales medidas ahuyentaran la inversión extranjera y lograran que todo aquel ahorro nacional que pueda huir de España lo haga. Los que hayan tenido la previsión de ahorrar y no puedan escapar de esta confiscación organizada por el gobierno, sufrirán un empobrecimiento que impulsará el efecto dominó sobre la economía española. En vez de contar con más inversión, el Estado colocará a la clase media al borde de la ruina y privará de liquidez a las empresas. Sin inversión privada, la quiebra de las grandes compañías sólo podrá salvarse con la intervención estatal. Las nacionalizaciones o la participación pública en el capital societario a que se ha referido Borrell y que ya reclaman los sindicatos UGT y CC.OO estarán al orden del día. Y con los consejos de administración dominados por políticos y sindicalistas, la corrupción, las tarjetas back, y la ineficiencia, lastraran aún más nuestra economía. Además, con millones de españoles suspirando por un puesto de trabajo, estas empresas nacionalizadas en malas manos se convertirán en un instrumento más de clientelismo social.

Mientras las clases medias se hunden, el supuesto Estado de bienestar ya no podrá ser sostenido con los aportes presupuestarios, y el Estado, que ha sido tan patibulario y necio de depredar el ahorro de su propia comunidad nacional, estará cada vez más prisionero de los mercados financieros y las ayudas internacionales. Llegará la hora de la miseria y la desestabilización, el porvenir se vuelve un escenario dantesco.