El Gobierno ya ha mostrado en varias ocasiones durante los últimos meses su intención de impulsar un incremento de la presión fiscal. La justificación la extraen, principalmente, del desolador escenario dejado por la pandemia del Covid-19.

Líderes de los partidos políticos que forman la coalición gubernamental estatal han afirmado que su objetivo no es otro que conseguir que paguen más los que más tienen a través de una elevación de las cuotas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades, que iría acompañada de una armonización del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y de la creación de las llamadas tasas Tobin y Google. Además, desde Unidas Podemos se ha propuesto la creación de un nuevo impuesto estatal que sustituiría al Impuesto sobre el Patrimonio, que buscaría alterar enormemente las reglas del juego financiero en España mediante la supresión de las bonificaciones que hay para ese impuesto en varias Comunidades Autónomas y con el que se recaudarían 11.000 millones de euros pagados por contribuyentes con patrimonios cuyo valor sea superior a un millón de euros.

Hay que tener presente que el Gobierno va a tener que gastar mucho dinero en los próximos meses. Diversas partidas presupuestarias serán necesarias para impulsar la actividad económica y para garantizar el sustento de los más desfavorecidos por la crisis ocasionada por las medidas aplicadas para luchar contra el Covid-19. Sin embargo, no serán pocas las partidas presupuestarias que se dirijan a garantizar la subsistencia de entidades conectadas con los partidos políticos que controlan el Gobierno y con los numerosos ministerios.

Aunque desde Unidas Podemos se diga que se van a recaudar 11.000 millones de euros, esa previsión es de imposible cumplimiento, pues no serán pocos los "ricos" que saquen su residencia de España y muchos de los que se queden podrán aprovechar diversos mecanismos para evitar el incremento de la imposición. Ello provocará una subida encubierta de la presión fiscal a los ciudadanos de la clase media a través de reformas legislativas que busquen suprimir beneficios fiscales y reducciones y disminuir deducciones y bonificaciones evitando que la prensa pueda decir gran cosa.

Al final, muchos tendrán que pagar mayores cuotas tributarias a Hacienda sin tener grandes recursos mientras escuchan voces que, desde el Gobierno, afirmarán que son los más ricos los que pagan más.