Todos recuerda el célebre tuit en el que Pablo Iglesias indicó que “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general (Artículo 128 de la Constitución)”. Ese mensaje, limitado a la reproducción de un precepto meramente simbólico e interpretativo de la Constitución presentado sin explicaciones que pudieran servir para entender a qué se estaba refiriendo el vicepresidente del Gobierno, han ayudado a promover una fuga de capitales de ciudadanos españoles que están trasladando sus cuentas y depósitos a bancos de Luxemburgo y Suiza que, como Lombard Odier, Pictet, Mirabaud, Julius Baer, Quintet Private Bank y Andbank, se están beneficiando de la falta de diligencia de Pablo Iglesias, que generó inseguridad jurídica absoluta.

Ciertamente, no es posible determinar qué va a hacer el Gobierno, pues Pedro Sánchez y sus ministros no parecen tener un plan económico para el largo plazo. Sin embargo, son muchos los que encuentran razones para pensar en un plan del Gobierno para promover la confiscación o la intervención pública de depósitos bancarios o de cuentas con dinero privado, algo que parece una locura, pero que, con Pablo Iglesias en el Gobierno, resulta una medida de posible ejecución cuyos efectos perjudiciales solo se pueden evitar llevando el dinero a otro Estado.

Pablo Iglesias, en conjunción con otros miembros del Gobierno, ha provocado una incertidumbre ante la falta de previsibilidad que se deduce de la ya reconocida inexistencia de planes para el Consejo de Ministros. Ello atenta claramente contra la seguridad jurídica, que se garantiza por el artículo 9.3 de la Constitución y sobre la que la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/1990, de 15 de marzo, establece que “La exigencia del 9.3 relativa al principio de seguridad jurídica implica que el legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de la materia sobre la que se legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas.

Lo gracioso es que, si muchos residentes en España han decidido llevarse su dinero fuera de España, resultará probable que muchos que tenían pensado traer su dinero a este país decidan no venir con fondos, debido a la acreditada inseguridad jurídica provocada por el Gobierno y, aunque no se quiera reconocer por algunos, todo ello perjudicaría a todos los ciudadanos, que no podrán aprovechar las ventajas de determinadas inversiones extranjeras que terminarán siendo muy necesarias para la economía española, guste o no guste a los dirigentes del Consejo de Ministros, que verán como se deja de ingresar mucho dinero en las arcas públicas por el tuit de Pablo Iglesias, que no procedía publicar de esa manera con las actuales circunstancias.