Impulsar el paro por prorrogar el estado de alarma con Bildu. Eso es lo que va a conseguir el Gobierno con el acuerdo al que llegó el pasado día 20 de mayo con el partido político independentista del País Vasco, que consiguió un pacto con Pedro Sánchez del que podrán presumir en la campaña por las elecciones autonómicas vascas.

Para conseguir apoyos de cara a una nueva prórroga del estado de alarma y a la siguiente, el PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo con Bildu por el que “las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la Reforma Laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular”, destacando que “la derogación deberá ser efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid- 19”. Posteriormente, antes de la medianoche del mismo día 20 de mayo, el PSOE divulgó una nota en la que reproducía al acuerdo de gobierno con Unidas Podemos al señalar, en relación con el pacto entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu, que “se anula el punto primero de dicho acuerdo”, añadiendo que “derogaremos la reforma laboral”, que “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012” y que “impulsaremos en el marco del diálogo social la protección de las personas trabajadoras y recuperaremos el papel de los convenios colectivos”.

La rectificación solo ha servido para complicar la situación, pues Bildu y Unidas Podemos entienden que el acuerdo firmado es válido en sus estrictos términos, pero en el PSOE entienden que hay que matizar el contenido de la primera cláusula, algo que no parece necesario a la luz de la contundencia de las palabras que se recogen en el documento firmado por Bildu, Unidas Podemos y el PSOE. Ciertamente, el texto suscrito por los tres partidos políticos es claro y notoriamente preocupante, pues no deja dudas sobre el objetivo de dejar sin efectos las reglas instaladas por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.

Que se hable de derogar el contenido de la normativa por la que se produjo la reforma laboral de 2012 entre partidos políticos sin consultar a los sindicatos y a los empresarios quiebra el conocido como “diálogo social”, reventando cualquier espejismo de participación efectiva de los empleadores y los trabajadores. Además, genera una inseguridad jurídica que derivará en una incertidumbre que a muchos empresarios les llevará, lamentablemente, a finalizar el ejercicio de su actividad económica, al no tener certeza sobre la regulación laboral futura, por la que podrían verse obligados a asumir más costes de los que su contabilidad permite.

Derogar el contenido de la regulación de la reforma laboral del año 2012 restaría flexibilidad al mercado laboral y podría provocar que, en un futuro no muy lejano, se genere la necesidad aprobar una reforma laboral con la que se insertaría una regulación que podría gustar menos a Unidas Podemos que la actual. Por ese mismo motivo, el PSOE podría hacer todo lo posible para no dejar sin efectos la integridad del contenido que se incluyó en el ordenamiento jurídico por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aunque los actos del Gobierno pueden haber favorecido decisiones como la de los directivos de Nissan, que han optado por cerrar el centro de producción de Barcelona.