En el 40º Congreso del PSOE, las conclusiones llegan a hablar de la necesidad de establecer una España multinivel, en la que puedan coexistir diferentes regímenes para lograr la plena aceptación de las nacionalidades y regiones que la integran, en particular la de Cataluña. Dicho de otro modo, se establecerían, por la iniciativa del PSOE, reglas que permitieran hablar de distintas regiones atendiendo a sus particularidades y necesidades, aunque ello suena, lamentablemente, a reforma legal contraria al artículo 2 de la Constitución, que establece que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Otra opción sería modificar la Constitución, pero esa medida es complicadísima en la medida en que el Título Preliminar de la Constitución requiere, necesariamente, el procedimiento agravado de reforma del artículo 168 de la Constitución, que necesita dos mayorías de dos tercios de las Cortes Generales en dos legislaturas distintas y ratificación mediante referéndum.

 

No es baladí hablar de la solidaridad y de la igualdad de todos los españoles en lo que concierne a la organización del Estado en general y a la financiación de las Comunidades Autónomas en particular. Precisamente, ha de tenerse en consideración que la presión nacionalista está provocando que, para evitar el avivamiento de sentimientos secesionistas, se opte desde el Gobierno estatal por incrementar las concesiones, principalmente en materia económica, a aquellas Comunidades Autónomas que están controladas gubernativa y parlamentariamente por partidos políticos independentistas. Lo gracioso es que, por la lógica propia del coste de oportunidad, el incremento de dinero dirigido a determinadas Comunidades Autónomas supone una reducción para las restantes Comunidades Autónomas, que se pueden llegar a sentir tentadas por la fijación de doctrinas secesionistas con el simple objetivo de ser tenidos en cuenta.

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es muy clara en lo que se refiere a la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles, que se ven reflejados en varios preceptos de la Constitución, como los artículos 2, 139 y 156. Al analizar este asunto, la Sentencia del Tribunal Constitucional 135/1992, de 5 de octubre, declaró, en relación con la política económica, que uno de los “límites intrínsecos radica en el principio de solidaridad que nuestra Constitución invoca repetidas veces y que en definitiva no es sino un factor de equilibrio entre la autonomía de las nacionalidades o regiones y la indisoluble unidad de la Nación Española (art.2)” y que “Su contenido más importante es el financiero y en tal aspecto parcial se le alude más adelante con carácter genérico (art. 156.1) y también con un talante instrumental, como fundamento del Fondo de Compensación, con la finalidad de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad (art. 158.2), cuya salvaguardia se encomienda al Estado, que ha de velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, con particular atención a su componente insular (art. 138.1)”, añadiendo que “No faltan referencias a tal principio en los Estatutos, en alguno de los cuales -precisamente el catalán- es calificado en su preámbulo como garantía de la auténtica unidad de los pueblos de España, con un contenido material muy concreto, desde el momento en que ha de servir para determinar la participación de la Generalidad en los impuestos estatales [art. 45.1 c)]”. Más tarde, la Sentencia del Tribunal Constitucional 13/2007, de 18 de enero, afirmó que “no existe un derecho de las Comunidades Autónomas constitucionalmente consagrado a recibir una determinada financiación, sino un derecho a que la suma global de los recursos existentes de conformidad con el sistema aplicable en cada momento se reparta entre ellas respetando los principios de solidaridad y coordinación” y que “Por este motivo, habida cuenta de que la cifra de la financiación no es ilimitada y de que su distribución debe efectuarse de conformidad con los intereses generales y en función de los de todos los entes territoriales afectados, no puede pretender cada Comunidad Autónoma para la determinación del porcentaje de participación que sobre aquellos ingresos le pueda corresponder la aplicación de aquel criterio o variable que sea más favorable en cada momento a sus intereses, reclamando de nosotros una respuesta que sustituya la falta de acuerdo entre las instancias políticas”.

 

Desde hace muchos años se lleva gestando esa España multinivel a base de concesiones a País Vasco y Cataluña. Ello ha ido resquebrajando política, económica y jurídicamente a todos los ciudadanos del Estado español, provocando consecuencias desastrosas para los sentimientos de unidad que, en teoría, deberían tener todos los ciudadanos de un mismo país y con independencia de la región en la que residen.

 

Hoy por hoy, fijar una España multinivel es inconstitucional. No obstante, poco parece importar al PSOE ese hecho, pues lo que parece pretender es marear a los independentistas para que se diluyan sus pretensiones secesionistas, aunque, desgraciadamente, ello puede llegar a suponer el empeoramiento de cualquier Comunidad Autónoma que no se caracterice por seguir doctrinas contraria a la unidad de España.