La ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática (que así se llama, no es ningún sarcasmo) ha presentado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, una iniciativa imprescindible para resolver los gravísimos problemas a los que se enfrenta nuestra Nación, como todo el mundo sabe. Después de varias cajas de Lexatín y unas cuantas vomitonas he conseguido terminar de leer las 56 páginas.

Solo el título (“Memoria Democrática”) es una aberrante imbecilidad, una patada a la semántica, pero eso es lo de menos, lo grave es lo que viene después. La totalidad del texto, pero en especial la exposición de motivos, es una alucinación, es una sucesión de mentiras flagrantes, clamorosas estupideces, contradicciones y frases sin sentido (“La principal responsabilidad del Estado en el desarrollo de políticas de memoria democrática es fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural”; “resignificación democrática contemporánea de las políticas franquistas de memoria”; “marco memorial integrador de políticas públicas de memoria”; “haber situado la memoria personal y familiar en el ámbito de la ciudadanía democrática”, ahí queda eso) que abochornarían a cualquier estudiante de primer curso de derecho, un ejercicio de propaganda al más puro estilo ‘goebbelsiano’. La intoxicación ideológica se detecta desde la segunda línea, cuando se refieren a los conflictos que asolaron Europa en el siglo XX y solo mencionan el Holocausto, olvidando -por supuesto- el genocidio de Stalin en Ucrania (‘Holdomor’), el ‘Gulag’ comunista, los millones de muertos de la Revolución Cultural y otras purgas masivas de los comunistas chinos o el genocidio en Camboya de los ‘jemeres rojos’ comunistas.

Como su predecesora, la infausta ley 52/2007 de “Memoria Histórica” (sic), todo se basa en el odio, en el rencor de los derrotados y en tres grandes patrañas que llevan repitiendo machaconamente desde el año 2002 cuando se aprueba con los votos favorables de los cretinos del PP, que tenían mayoría absoluta (Aznar), una Proposición no de Ley que promulgaba el “reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la guerra civil española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista”, mentiras que ya casi han conseguido que se conviertan en verdades indiscutibles: (1) “la Segunda República y sus avanzadas reformas políticas y sociales … fue un proceso inclusivo, tolerante, de igualdad, justicia social y solidaridad”; (2) durante el ‘franquismo’ “se produjeron de manera sistemática desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, políticas de campos de concentración, trabajos forzados, torturas, violaciones e incluso secuestro masivo de recién nacidos bajo una política de inspiración genética” y (3) Franco llegó a la jefatura del Estado mediante “un golpe de Estado en julio de 1936 que contó con el apoyo de unidades regulares de las Fuerzas Armadas de Alemania e Italia y sus respectivos Gobiernos, que intervinieron en territorio español como prólogo de las agresiones a otros Estados que fueron juzgadas y condenadas por el Tribunal de Núremberg en 1946”.

Respecto a la primera y a la segunda no hay más que leer cualquier libro de historia escrito por un historiador objetivo y veraz para saber (1) que la Segunda República fue un régimen revolucionario criminal, profundamente totalitario y liberticida, que nació de un golpe de Estado (14 de abril de 1931) y que arrasó España en sus cinco años de existencia y (2) que durante lo que llaman “el franquismo”, salvo por los juicios militares por delitos de sangre en 1940-41 que resultaron en la ejecución de unos 9.000 autores probados de terribles atrocidades, todo lo demás es simplemente mentira, alguna demostrada como tal en sede judicial (los inexistentes “niños robados”) y el resto probablemente copiado de modo literal de algún relato de la actuación del Ejército Rojo (comunista) en Berlín y resto de ciudades y pueblos alemanes en 1945, donde -entre otras barbaridades- violaron sistemáticamente, muchas veces en grupo, a cualquier mujer entre 8 y 80 años. Respecto a la tercera, calificar como “golpe de Estado” al Alzamiento del 18 de julio, es una manipulación más sutil, más fácil de colar a los poco leídos, pues si bien es innegable que se trató de una sublevación militar, lo fue contra un gobierno ilegítimo, salido de unas elecciones fraudulentas, las de febrero de 1936, por lo que -en todo caso- se trataría de un “contragolpe” para restablecer la legalidad, aunque el hecho de que inicialmente no triunfara en toda España y tuviera lugar una larga y cruenta guerra civil, de efectos devastadores, hizo que en abril de 1939 cualquier plan de acción que tuvieran los alzados en julio de 1936 para “el día después” fuera ya inservible y que la única forma de reconstruir una España destrozada era hacer lo que afortunadamente se hizo.

Este anteproyecto de ley es una nueva vuelta de tuerca a la infausta ley de “Memoria Histórica” (sic) de 2007, la que se aprobó con la abstención del PP y que no derogó Rajoy con su mayoría absoluta, como había prometido, pero con tres avances (avances para ellos, para los españoles retrocesos) en esta especie de suicidio colectivo al que nos quieren llevar: la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco, a cuyo patronato me honro en pertenecer, algo largamente anunciado y deseado pero que la anterior ley no les permitía hacer; la destrucción del Valle de los Caídos tal como lo conocemos, otra obsesión enfermiza de estos fanáticos; más una tercera que es nueva, aunque conociendo a los autores era previsible, y que es dar cobertura legal a un nuevo saqueo de las arcas del Estado en favor de familiares, amigos, compañeros y correligionarios, a través -por un lado- de la creación de numerosas comisiones, órganos consultivos, grupos de trabajo, etc. para colocar a los afectos y -especialmente- por el inmenso melón (podrido) que abren con las reparaciones y compensaciones por los imaginarios daños, de todo tipo, causados según ellos por la ‘dictadura, incluyendo, entre otros “restaurar la completa vigencia de las pensiones a favor de huérfanos”, establecer “indemnizaciones por tiempo de prisión y a favor de ex-presos sociales (sic)” y dotar de fondos (subvenciones a fondo perdido) a lo que denominan “entidades memorialistas” (sic). En este sentido, introducen una nueva mentira, no usada hasta ahora, que es el imaginario “expolio” llevado a cabo por los “franquistas”, algo de lo que hasta la fecha no se han atrevido a hablar ni los más acérrimos enemigos del régimen del general Franco, pues nunca existió, y que les da pie a la realización de una “auditoría” para identificar los supuestos bienes “expoliados” y reintegrárselos a los que ellos decidan que son los ‘legítimos’ propietarios incluyendo, y lo citan expresamente, “los partidos políticos respecto a los bienes inmuebles y derechos de contenido patrimonial o económico que hubiesen pertenecido a personas físicas o jurídicas vinculadas a dichos partidos políticos con carácter fiduciario o bajo cualquier forma de cobertura jurídica anclada en negocios o pactos de interposición personal”. No se puede tener menos vergüenza.

Consideran “victimas” no solo al que sufrió directamente el presunto daño, del tipo que sea, sino al cónyuge “o persona ligada por análoga relación de afectividad” y a “sus descendientes, sus ascendientes y sus colaterales hasta el cuarto grado”, esto es, entre los descendientes incluye hasta los tataranietos (nietos de los nietos) y entre los colaterales, por ejemplo, hasta los nietos de un primo carnal de la presunta víctima. Es decir, la masa de ciudadanos que legalmente pasan a tener derecho a esas “reparaciones” es casi la totalidad de la población, ya se ocuparán sus comisarios políticos de seleccionar, siempre en favor de los suyos, y siempre con toda flexibilidad para inventarse una victima y un parentesco lejano que justifique la dádiva, a costa del erario público, a los suyos. Es más, en la propia ley se establece que cualquier “víctima” (con la definición ya mencionada, hasta los tataranietos) pueda solicitar “al departamento competente en materia de memoria democrática” (¿un futuro Ministerio de la Verdad?) una “Declaración” de su condición de víctima, un salvoconducto o “carnet de limpieza democrática” para institucionalizar, ya de modo definitivo, las dos Españas y, obviamente, actuar en consecuencia en favor de “la suya” y en contra de “la otra”.

El propio anteproyecto define muy bien, indirecta e involuntariamente, de que se trata esta propuesta cuando describen lo que ellos llaman (textualmente) “políticas de memoria totalitaria” (sic) señalando falsamente que “El régimen franquista impuso desde sus inicios una poderosa política de memoria que excluía, criminalizaba, estigmatizaba e invisibilizaba radicalmente a las víctimas de los vencidos tras el triunfo del golpe militar”: ahora, el régimen social/comunista, con esta ley, aspira a excluir, criminalizar, estigmatizar e invisibilizar a los que salvaron a España del caos. Estupendo ejercicio de “memoria democrática” (sic).

Por lo demás, hay cosas realmente extravagantes, como la constitución de una “comisión estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España” (¿qué tendrá que ver?) o renombrar al Panteón de Hombres Ilustres como “Panteón de España” (probablemente porque están en proceso de matarla y enterrarla), y otras que podrían parecer menores pero que inciden en todos los peores aspectos de su diabólica agenda ideológica, como cuando anuncian “actuaciones de reconocimiento y reparación de las mujeres que … sufrieron privación de libertad u otras penas como consecuencia de los delitos de adulterio e interrupción voluntaria del embarazo (aborto)”, o cuando se refieren a las “organizaciones feministas” existentes (y represaliadas, según ellos) durante la ‘Dictadura’ (no conozco a otra distinta a la Sección Femenina, y esa -naturalmente- no fue represaliada), o cuando prevén la aplicación temporal de la Ley de Expropiación Forzosa para la ocupación de terrenos de propiedad privada donde alguien diga que hay alguna víctima enterrada, o cuando establecen que “los documentos obrantes en archivos privados y públicos relativos a la Guerra Civil y la Dictadura se declaran constitutivos del Patrimonio Documental y Bibliográfico”, esto es, los pueden incautar, etc. etc.

 

En definitiva, con esta nueva vuelta de tuerca, no solo inciden en el liberticidio que supone esta imposición no ya del ‘pensamiento único’, sino de la MENTIRA ÚNICA, sino que se dotan de una poderosa herramienta ‘legal’ para poner en marcha una nueva modalidad de saqueo: las “reparaciones” por imaginarios daños (físicos, morales, patrimoniales o del tipo que en cada momento se inventen) durante la Guerra Civil y lo que llaman la ‘Dictadura’. Ese si que va a ser un expolio.

 

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