Como en alguna ocasión les he manifestado, la clase política española sabe muy bien cómo es el pueblo que pastorea. Sabe que desde la Transición se han demolido una a una todas las certezas y fortalezas de la nación española: su deslumbrante historia preñada de hombres ilustres, sus virtudes heroicas, la cultura y el arte de nuestros mayores talentos, o la Fe que expandimos por todo el mundo. Nuestra potencia moral, el espíritu nacional (sí, ese que Franco formaba en los niños desde su más tierna infancia)..., todo lo que fuimos y lo que éramos, ha sido reducido a cenizas por la sacrosanta democracia liberal.
 
A los pueblos que quedan así, desnortados, sin alma, sin convicciones, sin Fe, sin nada importante en lo que creer que no sea llenar la tripa o sus bolsillos, a ese tipo de pueblos es muy fácil engañarlos y manipularlos. Lo vemos claramente con motivo de esta pandemia que permite a unos politicuchos, sin ninguna experiencia ni virtud demostrada, robarnos los derechos más elementales sin que haya la menor reacción en contra. Empujándonos sin remedio al desastre sanitario, a la ruina económica, posiblemente al hambre y la necesidad de nuestros hijos, mientras improvisan sus chapuzas diarias. Porque saben perfectamente que enfrente de ellos no hay nadie.
 
Es lo que tienen las democracias liberales como la nuestra, desprovistas de todo sentido trascendente, de espaldas a Dios y a los santos, y con el relativismo moral como única religión aceptada por todos. El pueblo, que antaño atesoraba una dignidad colectiva inexpugnable para reyezuelos o mandarines corruptos, hoy es una masa amorfa de egoísmos al que todo le importa una higa, todo menos los planes del fin de semana o cómo afanar unos euros más para sus vicios. Un universo que va del estómago a las ingles, en viaje de ida y vuelta, sin búsqueda de cerebro ni de corazón.
 
A una España así, enfangada en miedos de laboratorio masónico y asomada al precipicio de la miseria colectiva, se le puede perfectamente administrar una buena dosis de memoria democrática, o de lo que haga falta. En la certeza de que casi nadie se ha preocupado por saber qué ocurrió realmente en los años previos a la Guerra Civil, que es lo que explica el posterior conflicto. En la seguridad de que apenas quedan españoles de menos de 70 años que hayan oído hablar de las checas de Madrid, del genocidio de Paracuellos, del maquis, de los bombardeos republicanos a las familias del Alcázar de Toledo, de las violaciones y asesinatos de monjas y sacerdotes por parte del Frente Popular. Toda esa memoria ha sido hurtada a las nuevas generaciones, robada a punta de decreto, por todos los gobiernos demócratas y, especialmente, los de izquierdas, facilitando su posterior tarea de ingeniería social.
 
El engendro que Sánchez e Iglesias quieren perpetrar ahora de nuevo, con la señora Calvo "alias Pixie y Dixie" como portavoz autorizada, da la espalda a la verdad histórica de España de manera deliberada, porque la verdad ya no importa. Desde hace cuatro décadas, la verdad es un ejercicio retórico de voluntarismo. Es la mentira, debidamente adornada con las palabras que tanto gustan a los iletrados, la que dirige toda actividad legislativa en este terreno. Y el PSOE, con Podemos de socio y los arietes parlamentarios del terrorismo etarra y del golpismo catalán, se han propuesto acabar para siempre con todo rastro de la dignidad que alguna vez tuvimos. Primero, profanando la tumba de un Jefe de Estado sin encontrar la más mínima oposición de nadie. Y ahora, intentando volar la Santa Cruz del Valle de los Caídos, echando de su casa a los monjes benedictinos, e ilegalizando la Fundación Francisco Franco.
 
Como los españoles estamos tan ocupados echándonos gel en las manos y viendo qué modelo de mascarilla nos ponemos mañana, apenas tenemos tiempo para pensar en esta pequeñez. Pero esta nueva ley de memoria histórica, que con toda seguridad verá la luz en el Congreso, nos convierte en peleles en manos de un poder ya sí decididamente autoritario. Un poder orwelliano y omnímodo, mucho más dictatorial que aquel cuya memoria dice querer combatir. Entregándose a la más absoluta arbitrariedad jurídica para intentar ganar, ocho décadas después, la guerra que perdieron en el campo de batalla gracias a la Providencia. Eso es lo que pretenden estos generadores profesionales de odio y discordia.
 
La memoria no hay que esconderla ni adjetivarla. La memoria hay que ejercerla. Los hechos ocurridos el siglo pasado en España están ahí, a disposición de quien los quiera conocer, en múltiples libros, archivos y documentos que todos los españoles tienen el derecho y casi el deber de conocer. El peor gobierno de España en los últimos 800 años, en acertada descripción de Santiago Abascal, sabe que los españoles de hoy tampoco tienen el menor interés por conocer la verdad, sobre todo si ese conocimiento entraña el esfuerzo de la lectura. Prefieren escuchar dos minutos a la vicepresidenta egabrense diciéndoles lo buenos, lo demócratas que son si se creen las mentiras del Gobierno.
 
Pero el precio de esa laxitud general, el precio del desprecio por la verdad, conduce a la peor dictadura posible: la dictadura de la inmoralidad.