Pablo Iglesias afirmó en el Congreso que “hoy es un consenso social que son necesarios instrumentos como una tasa de reconstrucción que permita a las grandes fortunas, que lo están deseando, ejercer su solidaridad con España, aportando recursos directamente a las arcas públicas”, pues “si bajamos mas los impuestos a los que más tienen vamos a tener una sanidad y educación peor” añadiendo que “todo el mundo debería estar de acuerdo con tener un sistema fiscal para que prepare a España ante cualquier eventualidad como el Covid” y “que las grandes fortunas paguen los impuestos que les corresponden” por “patriotismo fiscal”. Sin embargo, él no muestra el patriotismo presupuestario que las actuaciones circunstancias requieren, pues no ha hablado de imponer la posible supresión de ministerios o de la reducción de determinadas subvenciones, como las aportadas a diferentes entidades gestoras de cadenas de televisión, que constituirían medidas idóneas para reducir el gasto público en partidas presupuestarias que no repercuten favorablemente en la sociedad.

El patriotismo fiscal se refiere precisamente a la aceptación del sometimiento a una mayor tributación, debiendo relacionarse el patriotismo presupuestario con la aceptación de recortes de gastos públicos cuya productividad es escasa o nula para los ciudadanos con la intención de poder dedicar más recursos a los servicios públicos. Pablo Iglesias puede hablar del patriotismo fiscal, pero no se podrá confiar en él mientras no muestre su intención de dedicar el dinero obtenido con los impuestos al interés general, que resulta incompatible con el incremento de cargos en los ministerios, que podrían reducirse perfectamente, y con la prestación de ayudas sociales cuya finalidad puede ser únicamente electoralista.

Es posible que a bastantes ricos no les importe pagar cuotas tributarias más altas a Hacienda siempre que el dinero recaudado se invierta adecuadamente. Sin embargo, existe, entre muchos ciudadanos, el lógico miedo de sufrir un incremento de la presión fiscal solo para que el Gobierno pueda regar con dinero públicos a asociaciones, entidades y personas afines. Por ese motivo, el liberalismo tiene tantos adeptos, pues la confianza en el Estado, en las Comunidades Autónomas y en los entes locales se vio quebrada desde el momento en el que se comprobó con qué facilidad pueden destinarse fondos públicos a financiar redes clientelares, que están siendo muy bien cuidadas precisamente por el actual Gobierno, como se deduce del proceso de incremento de los ministerios y de su estructura y del reparto de subvenciones a sus amigos de la televisión y del cine.