Ximo Puig propuso un impuesto para Madrid por los beneficios que obtiene de su capitalidad, que supone una mayor facilitad para atraer inversiones y personas con altas rentas. Parecía haber en el Gobierno algún apoyo, pero se ha descartado aplicar esa medida porque, entre otras cosas, podía suponer el inicio de un conflicto entre Comunidades Autónomas.

 

Desde el punto de vista político puede tener sentido hablar de un impuesto a la capitalidad para Madrid si se busca el conflicto con Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, desde esa misma perspectiva se podría llegar a la lógica de exigirse tontamente impuestos autonómicos para todas las capitales en cada Comunidad Autónoma porque también se ven favorecidas con respecto a los territorios de los municipios restantes y lo mismo podría suceder a nivel provincial con respecto a los municipios que ostenten la capitalidad provincial. No obstante, la visión política puede resultar insuficiente para comprender que carece de sentido exigir un impuesto a la capitalidad, que tiene un difícil encaje en la Constitución.

 

El artículo 31 de la Constitución se refiere al deber de todos los ciudadanos para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio. Además, por el artículo 139.2 de la norma fundamental, ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

 

Las personas deben pagar impuestos de acuerdo con su capacidad económica y no por donde viven, sin perjuicio de lo que proceda determinar para las relaciones entre las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas. Para la compensación entre territorios, el artículo 158.2 de la Constitución determina que, con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso. Precisamente, la Comunidad de Madrid aporta mucho más a ese fondo que otras Comunidades Autónomas cuyos dirigentes dicen ser víctimas de abusos económicos por parte del Estado, como sucede en el caso de Cataluña.

 

La política actual parece basarse más en hacer daño al contrario a efectos electorales que en atender al interés de la ciudadanía. Ello resulta preocupante cuando se mandan mensajes por los dirigentes cuya utilidad es nula por referirse a mecanismos de difícil encaje en la Constitución para alcanzar los objetivos que se logran por otros mecanismos que si están directamente contemplados en la norma fundamental. Ximo Puig lo intentó de manera tan carente de sentido que tuvo que desistir con su propuesta.