En Economist & Jurist se publicó un interesante artículo con un titular que indica que "el 89,7% de los juristas opina que el Constitucional está dividido internamente por razones políticas". El texto expresa, de manera tajante, que "casi 9 de cada 10 encuestados reconoció que las repetidas divisiones internas del Tribunal se deben a razones de tipo político" y que "8 de cada 10 juristas opina que el TC está politizado". Todo ello se extrae de una amplia encuesta realizada por el medio indicado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad parcial del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se acordó el primer estado de alarma para combatir la pandemia derivada del Covid-19, que ha generado una gran polémica por la sentencia y por todo lo que rodeó a su dictado, con argumentos más afilados por el odio que por la técnica jurídica para intentar justificar un estado de alarma que no procedía prorrogar cuando la situación era la propia del estado de excepción.

Desde hace muchos años, se habla de la politización del Tribunal Constitucional con argumentos suficiente a causa de la configuración que tiene la designación de sus miembros, que tienen que ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional. Precisamente, el Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Más que la propia división por motivos políticos del Tribunal Constitucional, el problema es la percepción que tiene la ciudadanía sobre la orientación ideológica y política de los miembros del máximo intérprete de la Constitución, por la que resulta cómodo y sencillo encasillar a cada magistrado adscribiéndolo a un partido político, que, generalmente, será el mismo que propuso su designación. Ello termina provocando la debilidad de la legitimidad del Tribunal Constitucional por motivos intrínsecos, a los que se unen motivos extrínsecos como las críticas o valoraciones negativos de la opinión pública, degenerándose la imagen de sus magistrados de una manera tan peligrosamente acelerada que sus resoluciones no reciben el respeto que debieran merecer, lo cual puede llegar a derivar en futuros incumplimientos de las sentencias del Tribunal Constitucional basados en la falta de fuerza moral, cuya sostenibilidad se sostiene ya a duras penas cuando recibe piedras desde el Gobierno y desde algunos magistrados que, aunque solo en borradores, llaman legos del Derecho a sus compañeros sabiendo que es prácticamente imposible hallar desconocedores del funcionamiento del ordenamiento jurídico en el Tribunal Constitucional.

Que las riñas políticas del Parlamento y de la calle lleguen al Tribunal Constitucional es una mala noticia para sus magistrados, pero es aun peor para los ciudadanos, que terminarán sufriendo las consecuencias del debilitamiento de la Constitución que se va a derivar de la endeble unidad de los magistrados del máximo intérprete de la norma superior del ordenamiento jurídico, a la que ya están llegando desde hace algunos años los efectos de la putrefacción de la política española.