Se cuentan por miles las personas que sufren prisión en los diversos centros penitenciarios de España.

Con exclusión de aquellos presos condenados por delitos de terrorismo, asesinatos y otros delitos más graves, es evidente que miles de reclusos tendrían no solo el mismo derecho a ser indultados, sino mucho más derecho que los que pretende el Gobierno indultar, y que no solo no se arrepienten sino que estarían dispuestos a delinquir nuevamente.

La medida que va a adoptar el Gobierno, puede suponer en el ámbito penitenciario, una mecha de incendio en los centros penitenciarios.

Esos miles de reclusos en las cárceles españolas, sí que están arrepentidos de haber cometido un delito, esos miles de reclusos de las cárceles españolas, sí que están tratando de rehabilitarse para ser útiles a la sociedad.

Justicia y equidad, valores supremos de nuestra Carta Magna, empleadas de manera sectaria, partidista, supone una perversión de nuestro estado de derecho, de una verdadera democracia.

La quimera del art. 14 de nuestra Constitución, de que todos somos iguales ante la ley, nos convierte en un país donde la seguridad jurídica, depende no del ordenamiento jurídico, sino del capricho de un gobierno dictatorial, que retuerce torticeramente la ley para ajustarla a intereses partidistas y espurios.

A los privilegios descarados de los golpistas catalanes en la prisión de Lledoner, en el trato, los permisos concedidos, se va a unir ahora su libertad con la fórmula de los indultos aplicados en contra de la Ley.

Para mayor escarnio de indecencia se pretende que en la mesa de negociación Gobierno Central – Gobierno Generalidad, (en condiciones de igualdad, como si Cataluña fuera “otro estado”, y no una simple autonomía), representen a esta última los golpistas.

Manos Limpias ya denunció en su día la Mesa por inconstitucional y delictiva y en esa misma línea de denuncia continuaremos cuando se reanude. Alguien tiene que poner freno a estos comportamientos delictivos.