La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 66/2020, de 10 de marzo, condenó a Isa Serra, líder de Unidas Podemos en la Comunidad de Madrid, por la comisión de delitos de atentado, daños y lesiones leves al intentar impedir un desahucio en 2014, durante el que la dirigente soltó lindezas a una agente, entre las que se pueden destacar las siguientes: “Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales”; y “vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro”. Pablo Iglesias indicó en su cuenta de Twitter, en relación con esa resolución, que “las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia”, añadiendo que “en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos, mientras se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso”, afirmación que ratificó posteriormente.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial publicó un comunicado señalando que “el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno del mismo, en su condición de garante de la independencia judicial, no puede por menos que expresar su profundo malestar respecto de unas declaraciones formuladas por un miembro del Gobierno de la Nación en las que no solo cuestiona una actuación judicial, sino que también propaga una sospecha de falta de imparcialidad de los jueces españoles, que según él otorgarían un trato desigual y privilegiado a unos colectivos que, por su influencia y contactos, serian impunes a la acción de la justicia”, destacando el mismo documento que “estas afirmaciones merecen un absoluto y rotundo rechazo, pues más allá del legítimo derecho a la crítica generan una sospecha inaceptable respecto del proceder de Juzgados y Tribunales cuando es público, notorio y reconocido que éstos, a lo largo del tiempo, han dado sobradas muestras de su independencia, imparcialidad y objetividad, cualquiera que sea la posición política o social de los enjuiciados, como no podía ser de otra manera por quienes han prometido o jurado cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.

Posteriormente, como respuesta al comunicado del Consejo General del Poder Judicial, varios juristas, entre los que se encuentran Baltasar Garzón y José Antonio Martín Pallín, firmaron un manifiesto en el que critican la declaración del órgano de gobierno de los jueces y en el que se expresa que “supone una interferencia inadmisible en un Estado de Derecho” y “confunde la independencia judicial” con “la presión corporativa contra una opinión libre”.

No hay que olvidar que muchos de los defensores de Pablo Iglesias afirman que el líder de Unidas Podemos realizó la crítica en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión conforme al artículo 20 de la Constitución. Sin embargo, Joaquim Bosch, juez muy vinculado por colaboraciones con La Sexta, ya afirmó, por buenas razones, que “la libertad de expresión no ampara el derecho a mentir”. Pablo Iglesias ha mentido al afirmar que, con carácter general, hay personas privilegiadas que se encuentran en una esfera de impunidad, siendo cierto que, aunque no ha cometido hecho ilícito alguno, el vicepresidente del Gobierno si que ha realizado un acto que es moral y socialmente reprochable por constituir una crítica sobre una resolución que no se leyó y que justifica perfectamente la condena a Isa Serra por varios delitos cuya comisión quedó acreditada.

Ciertamente, la reacción de Pablo Iglesias y de otros dirigentes contra la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 66/2020, de 10 de marzo, resulta desproporcionada. El modo en el que se ha desarrollado ese comportamiento podría servir para inferir que Pablo Iglesias y sus defensores, además de para defender a Isa Serra, han podido aprovechar la ocasión para desviar la atención de la mala gestión que el Gobierno está desarrollando para combatir el Covid-19. No sería raro, pues no es táctica extraña buscar problemas menores para convertirlos en problemas graves controlados que ayuden a dejar en un segundo plano problemas graves que no se saben solucionar con plena solvencia.