Hay hecho delictivos que bajo ningún concepto pueden ser objeto de pactos. Me refiero a las agresiones sexuales.

La primera sentencia, cuando dos policías locales fueron detenidos en Estepona (Málaga) por delitos de agresión sexual a una joven de 18 años, se solicitaron 30 años por parte de la Fiscalía y 33 años por parte de la víctima, se solventó con una indemnización de 80.000€ y un programa de educación sexual, pactado por la víctima y la Fiscalía.

La segunda sentencia, el caso de un encargado de 67 años de una finca agrícola de Murcia que violó a una jornalera que tenía contratada, se solventó con una indemnización de 6.000€ y sin entrar en prisión y con un programa de educación sexual, pactado entre la víctima y la fiscalía.

Que la reparación del daño de una agresión sexual o violación, se solvente a cambio de dinero, haciendo valer el dicho “poderoso caballero es don dinero”, con el visto bueno del que debe ser defensor de la legalidad vigente el Ministerio Público deja la justicia con un repugnante olor a estiércol.

Es cierto que el ordenamiento jurídico, existe la posibilidad de sentencias pactadas, pero también no es menos cierto que conductas repugnantemente delictivas no deberían ser pactadas a cambio de monedas.

Y una última reflexión. ¿Dónde están las asociaciones feministas ante tal disparate de sentencias, que han convertido a las mujeres víctimas en moneda de cambio?.

Esa sentencia cómplice, desacredita cualquier otro tipo de reivindicación y defensa de las mujeres.

Estas sentencias publicadas en pleno mes de verano hay que darlas una gran publicidad para poner además en evidencia que el lema de políticos y feministas, “de tolerancia cero”, es una auténtica farsa.

Por las feministas se ha dado un mejor trato al esperpéntico día internacional del orgasmo femenino que a las atroces violaciones,