Cuando la escasez de un producto se une a su necesidad, la Microeconomía nos indica que su precio sube. Durante una crisis, es lógico que un gestor público trate de minimizar los efectos sociales de ese tipo de subidas, especialmente en lo que se refiere a los “económicamente débiles”. Pero, ¿los efectos de las medidas son siempre los buscados?

La crisis del coronavirus ha supuesto numerosos cambios en la vida social. Entre otros, la necesidad de profilaxis ante un mal inclemente y deletéreo, lo que llevó, por poner un ejemplo, a plantear la adquisición masiva de mascarillas al Cuerpo Nacional de Policía ya en enero del presente 2020 [1]. Poco después, el mero hecho de comprar mascarillas en cualquier farmacia de España se volvería francamente difícil a lo largo del mes de marzo, en el que comenzó el confinamiento en España [2]. El desabastecimiento sobre productos de tan alta demanda y urgencia ha motivado al fin, una actuación administrativa, en definitiva, una política pública regulatoria y prescriptiva [3]: la intervención del precio de las mascarillas quirúrgicas desechables. Ante una medida de este tipo, ciertamente es de interés un examen aunque sea a vuelapluma.

La medida concreta ha consistido en un Acuerdo de la Comisión Interministerial de los Precios de los Medicamentos (BOE 23/04/2020), que, entre otras circunstancias, ha determinado que el precio de las dichas mascarillas quirúrgicas desechables deberá ser como máximo, de 0,96 €. Sin más, podríamos pensar en que es una medida interesante y de alto contenido social. En principio beneficiaría a todos como recipiendarios del derecho a la salud, individual y colectiva, pero como toda intervención, tiene un trasfondo no desdeñable. Para empezar, el citado Consejo es una mera instancia burocrática sin participación de sectores interesados, sino sólo de diversos ministerios, con asistencia de las Comunidades Autónomas, esencialmente informativa y todo ello con sucesivas renovaciones de sus miembros. No existe, por tanto, presencia de los afectados (industria farmacéutica, laboratorios, distribuidores, organización colegial, profesionales farmacéuticos y sobre todo, los consumidores).

El contar con la opinión de los anteriormente mencionados, como de la sabia voz de los economistas, tal vez nos puede hacer pensar en que el decisor público debiera tener más en cuenta a los técnicos. No hace falta, sin embargo, ser un experto en Microeconomía para saber que el fuerte incremento de la demanda precisaría de ser contrarrestado con más oferta, esto es, con producción propia o importación, para evitar el efecto indeseado de una subida de precios, e intervenidos estos, no caer en el desabastecimiento y acaparamiento por el mercado negro. A mayor abundamiento, a la malhadada Comisión no se le ha ocurrido promover una exención o un “tipo 0” o reducido de IVA para este material (a pesar de contar con un Director General proveniente del Ministerio de Hacienda como miembro de la misma hasta junio de 2020). Tales decisiones impremeditadas (o tal vez no tanto) constituyen un verdadero desincentivo a los farmacéuticos, distribuidores y fabricantes, conduciéndonos a una situación potencialmente mucho peor a la del punto de partida [4].

En este momento, se ha producido una decisión política ejecutada y debida por automatismo a cuestiones meramente ideológicas y no a reales necesidades del ciudadano. Es una maximización del poder burocrático sin medir las consecuencias, y, desde luego, obviando los diversos tipos de ciclos descritos por los expertos para la elaboración de las políticas públicas (por ejemplo el ciclo “reconocimiento-análisis-diseño-consultas-discusión-ejecución”)[5]. El Estado Autonómico, no produce mascarillas, pero sí las ha requisado. Ha tardado semanas en importarlas, mientras ponía toda clase de pegas a operadores privados, como el autor de estas letras ha comprobado, ante el frustrado intento de un importador que finalmente se ha llevado una serie de sustanciales partidas de China hacia un tercer país. En lugar de facilitar la libre disposición de Equipos de Protección Individual, su actitud contradictoria y dubitativa ha expuesto y de qué manera a la población, y al mismo tiempo, también ha hecho cruelmente lo propio con un indefenso personal sanitario al contagio [6]. La cuestión no acaba aquí. Sólo se ha regulado el precio de las mascarillas quirúrgicas desechables y de algunos geles desinfectantes, pero no se ha tratado aún por la Comisión Interministerial la regulación de otras mascarillas higiénicas, diferida a una próxima convocatoria. El problema entonces, es susceptible de agravarse o de solucionarse. En evitación de acaparación y sus secuelas de desabastecimiento y mercado negro, es tiempo de rectificar, de colaborar con todos los implicados y abandonar la actitud adolescente, el pensamiento mágico que opina que un mandato basta para resolver cualquier problema sin medir las consecuencias.

Notas:

[1] El Mundo, 14/03/2020, en

https://www.elmundo.es/espana/2020/03/28/5e7f558721efa05a7f8b45e1.html

[2] A comienzos del mes de abril de 2020, las listas de espera para la adquisición de mascarillas en farmacias de Madrid han sido comunes, llegándose a vender mascarillas no homologadas como Equipo de Protección Individual por unos 11,5 € unidad.

[3] Baena del Alcázar, M. “Curso de Ciencia de la Administración”, Vol I., Tecnos, Madrid (2000), p. 264 passim.

[4] Consultados por quien escribe este artículo, diversos farmacéuticos manifestaron el hecho de sentirse víctimas de una información ministerial tendenciosa contra el colectivo, con la particularidad de que en Cataluña y Valencia se ha colapsado el sistema, al anunciar “mascarillas gratis”. Las mascarillas deben comprarlas los farmacéuticos, que pagan religiosamente su suministro, siéndoles abonadas con posterioridad, a los 45 días, con la facturación. Todo ello para que el usuario se las lleve sin aparente coste para él (y sin valorar un bien escaso en España).

[5] Cuadrado Roura, J. “Introducción a la Política Económica”, Mc Graw-Hill, (Madrid), 1995, p. 102, citando al clásico Kirschen.

[6] Han muerto ya decenas de médicos, enfermeros y otros técnicos y auxiliares, pero también farmacéuticos.