El felón de la Generalitat, que presidía un gobierno regional de traidores que permanece impune jaleando  la hispanofobia y acariciando el hispanicidio, ha sido inhabilitado por la paquidérmica y emasculada Justicia española mediante una sentencia que es una timorata amonestación, y un castigo que es un pellizco de monja: inhabilitación con derecho a pensión, coche oficial, chófer y secretaria. Desde el empalamiento persa y la crucifixión romana no se imponía una pena tan severa a ningún traidor a su patria como la que el Tribunal Supremo le acaba de imponer a Torra por la comisión, además, del menor de los delítos que ha cometido: contumaz desobediencia por un quítame allá una pancarta ridícula, colgada del balcón de la guarida en la que vivaquean todos los que han hecho de la traición a España, financiada por España, el oficio más rentable de Cataluña. Se quita la pancarta pero se deja intacta a la Generalitat y al gremio de corsarios separatistas que la gobierna, que es como arriarle la bandera pirata a los barcos de Barbarroja sin hundirlos y pagándoles los fletes para que sigan navegando a su antojo y libre albedrío.

Produce más vergüenza la levedad del castigo al traidor autoproclamado, que la permanente felonía cotidianamente consumada en Cataluña, sin más respuesta que la oferente actitud del Gobierno español, cuya última ofrenda depositada en el felpudo del separatismo catalán ha sido inhabilitar al Rey para que viajase a esa región española.

Españoles, he ahí las Justicia que emana de vuestro pueblo: 150.000€ de multa por decir que Franco ha sido el militar y estadista más grande desde los Reyes Cotólicos, y una levísima inhabilitación a Torra, no por traicionar a España sino por colgar y no retirar una pancarta ridícula garabateada por su colla de felones con barretina. Roma no paga traidores. España, sí.