El cierre de la planta española de Nissan y la de Alcoa va a dejar a miles de trabajadores en la calle. Algunos incautos del pensamiento cortoplacista creerán que tales cierres son consecuencia de la crisis de coronavirus y la ineptitud del actual gobierno social comunista, pero lo cierto es que se trata de las consecuencias de la agenda mundialista.

La desindustrialización de España comenzó hace ya décadas, cuando la reconversión de los años 80 y nuestro afán por entrar en el Mercado Común a cualquier precio, dio lugar al cierre de obsoletas empresas del sector secundario, especialmente naval y siderúrgico, y a preferir incentivar el establecimiento de multinacionales extranjeras en vez de potenciar una industria española moderna y competitiva. Paradigmático es el sector automovilistico, que siendo la principal actividad industrial de nuestro país (económicamente solo por detrás del turismo), está completamente en manos extranjeras. En su día, gracias a los incentivos y los costes laborales españoles convino a multinacionales como PSA o Renault instalarse en España, pero ahora, cuando Francia va a destinar 8.000 millones de euros para repatriar la producción del sector de la automoción, ¿qué sucederá?

A la globalización económica y la deslocalización de la producción hay que añadir las políticas verdes de la agenda mundialista basadas en el mito del cambio climático. Europa abandera la reducción de las emisiones de CO2, lo que se traduce en la penalización de todo tipo de actividad industrial con altas emisiones del gas de marras y una política contraria a los vehículos de combustión interna. Ya no sólo se trata de si lo del cambio climático es o no un cuento, sino de que sistemáticamente se engaña a la población y se le oculta el coste económico y social de todas estas políticas medioambientales.

En el plano energético, las nuevas tecnologías de energías renovables aún no están lo suficientemente desarrolladas como para producir eficientemente en cantidad y coste la electricidad que necesitamos. Si añadimos las políticas contrarias a la producción eléctrica a través de saltos de agua y plantas nucleares, la única consecuencia posible es el encarecimiento de la factura eléctrica. Pero no sólo son las familias quienes pagan la factura más cara, también es la industria quien sufre un encarecimiento de los costes, especialmente aquellas que consumen altas cantidades de electricidad, como Alcoa, dedicada a la producción del aluminio.

En la industria automovilística, tampoco está lista la tecnología que permita sustituir los vehículos de combustión por los eléctricos, pero si están vigentes las políticas contrarias a la producción de coches diésel, con la reducción en la demanda de estos últimos. Menos ventas, menos beneficios, y las plantas que ya estaban tocadas como Nissan, que ya había reducido su producción al 30 % de su capacidad, sólo necesitaban el empujoncito de una crisis como el coronavirus para cerrar.

Hasta ahora esos mayores costes se venían enjugando a través de subvenciones a las empresas afectadas. Es decir, que la reducción de beneficios empresariales provocada por las políticas verdes era compensada con el dinero de los contribuyentes. Hoy se alzan airadas voces pidiendo la nacionalización de Nissan para mantener los puestos de trabajo. Pero por mucho que se nacionalice, lo que no se va a conseguir es que una empresa que da perdidas pase a dar beneficios por arte de magia. Lo que sucederá será, de nuevo, que esas pérdidas, multiplicadas, las pagará el contribuyente con un aumento de la deuda y la carga impositiva.

En España debemos además añadir a la ecuación económica la situación política. Una Nación resquebrajada por los separatismos, una sociedad dividida y un gobierno ultraizquierdista no son las condiciones ideales para afrontar el esfuerzo común de una reconstrucción nacional.

La Historia tarde o temprano pasa factura, y los españoles pronto vamos a recoger la cosecha que sembramos durante estos últimos 50 años.