La ignorancia inexcusable es un conocido término jurídico aplicado generalmente a jueces y magistrados. Ello implica la necesidad de no rebasar el umbral mínimo del conocimiento exigible a cualquier juez o magistrado, imputable al mismo, y que provoca una sentencia o resolución manifiestamente injusta. No se malicien que no me refiero a las sentencias sobre la profanación de la tumba de Franco, ni a la del Pazo de Meirás, ambas recurridas y por consiguiente no firmes. No, me refiero a que hay cosas que un Magistrado no puede no saber. No puede desconocer que España es una Monarquía Parlamentaria, cuya Constitución consagra el estado social y democrático de derecho que promueve como valores supremos del ordenamiento jurídico: la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político. Esta sujeción a la ley, debería ejercerse con total independencia por los jueces y magistrados.

Ese viejo aforismo jurídico, recogido también en el código civil español y normas consuetudinarias de nuestra civilidad, rebaja el listado de exigencia a que: “la ignorancia de la ley, no exima de su cumplimiento”, lo que traducido al leguaje coloquial, equivaldría a sostener que el desconocimiento de cualquier norma legal de obligado cumplimiento, de no estar incapacitado o con alguna anomalía evaluable, no te redime del deber de cumplir con lo que señalan las distintas leyes del estado; so pena de sanción administrativa, civil o penal.

Me importa distinguir dos tipos de ignorancia; una menor y reconvertible, y otra mayor, querida, consentida y, por tanto, rechazable punitivamente. La ignorancia del Sr. Prats sobre la reciente historia de España, antes de que él naciera; palmariamente reflejada en la entrevista al presidente de la Fundación Nacional Francisco Franco, Juan Chicharro, es menor y disculpable. No obedece a las deficiencias de información de su progenitor, ya en la cumbre de la comunicación, por méritos propios y de lo políticamente correcto; sino por lo que le enseñaron en el Colegio, no precisamente comunista, de la historia sobre Franco. Esa ignorancia, fácilmente vencible si al Sr. Prats le interesara la cultura de la historia en la vertiente de los hechos y no la de los tópicos, se inoculó desde la infancia a todas las generaciones nacidas a partir de 1975. ¡Urge rectificar!

Ya existe en la conciencia del pueblo, esa que sólo se manifiesta en momentos muy puntuales y casi siempre dramáticos, de que Pedro Sánchez es un impostor peligroso, falsario y mentiroso, mendaz y vanidoso, totalitario y peligroso, capaz de cualquier cosa por mantener el poder de “esa manera”. El ascenso al poder, en su partido, define magistralmente lo que son los dos, sujeto y predicado, Pedro Sánchez y el PSOE. El primero, sujeto de un aventurero sin moral, ni escrúpulos; sin principios, ni ganas de admitirlos. Lo segundo, predicado con ciento cincuenta años de historia, devenida en una simple estructura clientelar e instalada desde hace cuarenta años en el poder, del que viven y al que tienen minado, cuan termitas, todas las instituciones del edificio estatal. Y esa férrea estructura de usurpación del poder, no la ha disfrutado nadie, en Europa, desde la II Guerra Mundial. Y sólo acabará por consunción o mediante una revolución social.

El Real Decreto Ley 900/2020 de 9 de octubre demuestra cuanto acabo de señalar y obedece a esa ignorancia mayor, patológica, que troca en petulante osadía, cuando se contradice a quien cree tener y quiere, ejercer y conservar, el poder; que para eso le han votado. Un Auto del Tribunal de Justicia de Madrid del día anterior, 8 de octubre, contradijo los planes políticos y la voluntad de Sánchez de confinar la Comunidad de Madrid, además de señalarle la ilegalidad cometida en fondo y forma. Y claro, el estado de derecho y el imperio de la ley son una molesta contrariedad, cuando no te dan la razón, y cuando se ejerce el poder de manera despótica y arbitraria. Una vez dominado el legislativo, el ejecutivo, los medios de comunicación, la abogacía del Estado y la fiscalía. Una vez profanada la tumba de Franco, con el beneplácito eclesial y de una Sección de lo Contencioso del T. Supremo, de cuyos nombres no quiero acordarme; ¡Ancha es Castilla!, pensaría Sánchez.

 

El referido Decreto es una patada en la mesa de la división de poderes; un puntapié en el trasero de todos los jueces, lo que equivale a una patada en la boca de todos los españoles, privados de nuestro derecho fundamental a desplazarnos libremente. Es la rabieta del poderoso mimado al que le quitan un juguete y rompe toda la estantería. El del matón de barrio que señala a la victima tres opciones, con magnanimidad: que te tires por la ventana; que negociemos cómo tirarte; o que te tire yo. El del soberbio que dicta, con maquina de escribir, como debe funcionar la judicatura bajo su tutela. Un despropósito que espero despierte a todos los estamentos de la sociedad civil y le pase factura.

 

¡Cómo se atreven los jueces! A contradecir una Orden Ministerial, aunque ni siquiera viniera firmada por el ministro, de mí gobierno. ¡Cómo se atreven! a indicar que la limitación del ejercicio de derechos fundamentales, como la libertad de desplazamiento y circulación de las personas, sólo puede realizarse mediante una disposición con rango de ley. Pues se van a enterar: dos tazas. ¡Cómo!, al día siguiente, un Decreto Ley, para salvaguardar las formas y veremos quien se atreve a entrar en el fondo, sobre la vulneración de derechos fundamentales. Someterá al Tribunal Constitucional, cuya composición han elegido ellos, si sigue el mismo criterio del TJM. O, de lo contrarió, finiquitará, ya lo está intentando mediante modificación legislativa, la independencia del Tribunal Supremo y del Constitucional de una tacada. Hace tiempo que viene intentándose, desde el gobierno, el control absoluto del poder judicial y el vaciamiento e inutilidad de los poderes y la figura del Rey. No necesita asesoramiento de Maduro, tiene a Zapatero, o, a su subalterno, Pablo Iglesias.

 

¡Se acabó la fiesta señores! Llegó el intrépido Sánchez a lomos de un bípedo con chepa y mandó certificar la muerte de Montesquieu, anunciada hacía treinta años por un guerrero llamado Alfonso. Quienes amáis la libertad, deseáis que los derechos fundamentales os sean respetados, y aspiráis a que un poder judicial independiente, honesto y valiente, defienda la Constitución, mientras no sea modificada o derogada, única garantía de un estado de derecho, debéis revelaros. Ya todo está claro. No hay tiempo que perder. Esto no es una democracia, ni caminamos hacía ninguna mejora, en ningún aspecto. El despotismo sanchista nos espera a la vuelta de la esquina, sino le damos esquinazo y la vuelta, a la esquina y a nuestro destino.

 

Y recordad y releer a Tocqueville. Nuestros derechos, la libertad, la justicia, la dignidad personal, la igualdad ante la ley, no dependen del arbitrio de los gobiernos de turno. Depende de nuestra voluntad de seguir siendo españoles y del arrojo en defenderlos. La democracia, por sí misma, no garantiza nada; y tal vez lo único que puede garantizarte es la dormidera propagandista que te impide ver la realidad. No es ninguna ensoñación el que tengamos que plantearnos si queremos ser libres o siervos; si queremos seguir confiando en un gobierno, dentro del estado, que busca el suicidio de nuestra nación. No es de ningún mal sueño, el despertar, viendo que nos gobiernan quienes quieren destruir nuestra patria, trocear la soberanía del pueblo, han sido terroristas antes de ayer y comunistas del mañana.

 

Cuantos siglos llevamos sabiendo que el derecho no lo configura la voluntad del poder, sino la omnipresencia de la justicia, el bien común, los intereses generales y la libertad ilustrada de un pueblo organizado y con voluntad de progreso colectivo e individual. Y de qué nos va a servir, si nos empeñamos en repetir errores y confiamos en el último demagogo que se asienta en la plaza a movilizar nuestra pereza. ¿Vamos a mantener en nuestras vidas y continuar sosteniendo el mito de Sísifo, cada cien años? Prefiero recordar a Cicerón y con él gritarle a la cara, como todos los españoles: “hasta cuando abusarás Pedro Sánchez de nuestra paciencia”. Hasta que el socialismo español no acabe como su homónimo francés o italiano, en la irrelevancia y ostracismo más absoluto, no será posible la democracia real en España.