Desde mi innata ideología derechista y exvotante del PP por la enfermiza e injustificada prepotencia que os aqueja, a ti, Pablo Casado Blanco, presidente del PP, a ti, Teodoro García Egea, Secretario General del PP, a ti, Pío García-Escudero Márquez, Presidente del PP de Madrid, y a ti, Pablo Hispán Iglesias de Ussel, Jefe del Gabinete de Presidencia, os dirijo estas líneas en justa correspondencia con vuestros siguientes agravios que provocan la indignación de cualquier ser humano.

En respuesta a mi escrito previo, el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad regida a la sazón por José Antonio Nieto Ballesteros, miembro del PP y actual portavoz del Grupo Parlamentario Popular Andaluz, en resolución de REF NOR, Nº SALIDA 3982 Y FECHA 14/07/2017 me comunica que las reuniones con finalidad religiosa en lugares de tránsito público deben quedar sujetas al régimen general de comunicación de los artículos 8 a 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión (LODR)…, añadiendo que dicho organismo ha remitido escrito a la Delegación del Gobierno en Madrid para que se implementen las actuaciones necesarias para adecuarse a tales extremos.

Igualmente, el entonces Subdelegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid y actual Secretario General Técnico de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, en escrito de fecha 02/11/2017 me confirma que la Delegación del Gobierno en Madrid tramitará las solicitudes de procesiones religiosas conforme a la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.

Hasta el día de hoy, en todo el territorio nacional y en la ciudad de Madrid en particular, se vienen tramitando los actos religiosos en la vía pública solicitando autorización a los respectivos ayuntamientos, vulnerando por tanto lo dispuesto por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, cuyo Artículo octavo establece que la celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente (delegados y subdelegados del Gobierno) por los organizadores o promotores de aquéllas.

A pesar de mis numerosos escritos pendientes de respuesta, dirigidos a vosotros y a otros dirigentes del PP, en solicitud de que respetaseis e hicieseis respetar la citada Ley Orgánica 9/1983, los entonces Ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido Alvarez, Secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto Ballesteros, delegados y subdelegados del Gobierno, entre ellos la Delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa Treviño y el Subdelegado del Gobierno en Madrid, Luis Martínez-Sicluna Sepúlveda, en un insuperable ejercicio de incompetencia, estulticia, falacia y falta de respeto a mi persona, se han ciscado en su respectiva resolución y escrito que asombrosamente no parece haber recibido José Luis Martínez-Almeida Navasqüés a pesar de mis notificaciones y exhortaciones al efecto.

La abominable conducta de estos sujetos, recompensada con otros altos cargos y generosos sueldos en lugar de las sanciones que sus actos merecen, vulnera además los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica discriminando a la población católica al darle un trato distinto a cualquier otro colectivo en la celebración de sus actos en la vía pública.

Resulta tan irracional como inverosímil que, intentando establecer con vosotros un diálogo civilizado para que respetéis y hagáis respetar una Ley Orgánica que distinga a España de cualquier dictadura bananera con el consiguiente deterioro de su prestigio interior y exterior, vuestro patológico despotismo al parecer crónico que os sitúa por encima de la ley y del respeto al ciudadano que se dirige a vosotros para un asunto de la entidad del presente, no os haya permitido más que un displicente e irrespetuoso silencio perturbador de la paz social y de cualquier sistema nervioso que, en recíproca correspondencia, justifica y pide a gritos cualquier respuesta adecuada a vuestra conducta.

Los hechos expuestos, incompatibles con las más elementales normas del civismo, la sensatez y la cortesía, convierten en mera apología cualquier epíteto negativo al especto, mancillan vuestra imagen personal, la de los militantes del PP y hasta la de vuestro árbol genealógico, anulan vuestra demencial desfachatez para exigir a otros en sede parlamentaria o a través de los medios de comunicación el cumplimiento de la ley o de su palabra y os dejan huérfanos de sensatas empatías.

Carecéis de la fuerza moral necesaria para censurar a otros estos mismos hechos, lesivos para la dignidad del ciudadano que os paga vuestro sueldo y para la vuestra, errores que os impiden solicitar su voto mirándole a la cara sin que os sonroje la vergüenza por vuestros desatinos.

Si decidís comportaros como personas responsables, decentes y civilizadas, la razón dicta que debéis rectificar presentándome públicamente las satisfacciones que requieren vuestros agravios debatiendo las razones que dudosamente os asistan con este ciudadano español, o continuar la detestable ejecutoria descrita obligando a la militancia del PP a desertar del partido por vergüenza, sentido del decoro y ética personal, o a expulsaros diligentemente del partido para evitar vuestro contagio y diferenciarse de vosotros.

Con estas arbitrariedades habéis dilapidado el escaso crédito político que conservabais ahuyentando el voto del ciudadano que huye de vuestra falta de respeto y abuso de poder, presagian futuros desastres electorales hasta la pronta desaparición del PP de la escena política impuesta por estas credenciales.

Si optáis por continuar como hasta ahora, es decir vulnerando la ley con Las consecuencias que de ello se derivan, os devuelvo el desprecio con el que me habéis obsequiado en los 3 últimos años, quedando a vuestra entera disposición en caso contrario.

Coronel Efrén Díaz Casal

Coronel de Infantería (R)