En 1995, el Gobierno de Felipe González creó la Fiscalía Anticorrupción para centralizar y encubrir las denuncias contra los políticos y contra las autoridades públicas, es decir, contra la metamafia.

Ese mismo año, se creó el Sindicatos Manos Limpias, con dos actividades, por un lado la actividad propia de un sindicato y, por otro lado, la de denunciar la corrupción de la metamafia institucional.

Las denuncias de Manos Limpias hicieron que todos los países del mundo supieran que todas las instituciones españolas son corruptas. Lo supieron por sus embajadas, que conocen las noticias en España, y por su prensa local, porque la mayoría de los grandes medios extranjeros publicaron cientos de noticias sobre la actividad de Manos Limpias, especialmente por la imputación de la Infanta y de su marido.

Cuatro años más tarde (1999), se crean las primeras normas europeas contra la corrupción y en 2003 la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC por sus siglas en inglés).

Tanto la Unión Europea como Naciones Unidas resumen la definición de corrupción como abuso de poder; por tanto, no es necesario el lucro para que haya corrupción.

Nunca se ha condenado a España en los tribunales europeos ni en la ONU por infracción de estas normas, es decir, por corrupción. Según la Unión Europea, la corrupción española suponía casi un 8% del PIB en 2018. ¡La corrupción es el negocio más rentable de España! La corrupción gana más dinero que el sector financiero, la construcción y las empresas de energía juntas.

Cabe preguntarse si estos organismos intermetamafias (intergubernamentales o internacionales) hicieron las normas para impulsar el gigantesco negocio de la corrupción.

En el artículo 6.1 de la UNCAC se establece que los estados crearan oficinas contra la corrupción y España no hizo caso.

Tres años más tarde, España ratificó la UNCAC y la Generalidad de Cataluña creó la Oficina Antifraude que es considerada la primera en España contra la corrupción.  La información sobre los resultados es escasa y en catalán, lo que hace que no sea creíble que trabajan contra la corrupción ni que sea un organismo independiente, como dicen. Su actividad puede resumirse en el título de un informe de ellos: “10 años, 10 casos”. Dado que no se proporcionan datos sobre las condenas a corruptos, tal vez estos 10 sean los casos finalizados en condena.. En el informe se dice que recibieron 1.735 denuncias. Entre 2011-2017, el 72% de los denunciantes se identificaban, mientras entre 2018-2019, el 67% de los denunciantes eran anónimos o pedían que no se les identificara. Con estos datos, cabe preguntarse si represaliaban a los denunciantes, saltándose la prohibición de las normas internacionales.

Tras el encarcelamiento injusto de Miguel Bernad de Manos Limpias en 2015, se han creado varias agencias anticorrupción, en la Comunidad de Valencia, en Baleares y en algunos Ayuntamientos, como el de Madrid y el de Barcelona.

De esta forma se ha institucionalizado la lucha contra la corrupción. Los corruptos gobernantes eligen a los dirigentes de las agencias contra la corrupción. A nivel nacional, el PP y el PSOE eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial y éstos eligen a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que archiva de forma sistemática todas las denuncias contra aforados (gobernantes y parlamentarios, jueces y fiscales de alto rango, etc).

Esta situación de politización de estos organismos anticorrupción, sólo puede servir para investigar a corruptos con la finalidad de extorsionarlos o para castigar a alguien que sea incómodo, además de para encubrir la corrupción, para represaliar a denunciantes de corrupción y para disuadir a la sociedad civil de perseguir la corrupción. En otras palabras estas agencias son parte del despilfarro o malversación de caudales públicos para defender el negocio de la corrupción.

Por otro lado, el PP y el PSOE siguen existiendo, primero por prevaricación judicial y, después, porque la mayoría de la población no entiende el problema de la corrupción, aunque se queja de sus consecuencias, y les sigue votando.

En este escenario, la corrupción ha ganado en España.

El coronavirus está cambiando o acelerando todo. La Unión Europea está retrasando las ayudas, después de que varios países se opusieran, alegando que la inmensa deuda pública de algunos países se debía a la corrupción. Países como Grecia, Italia, España, Francia o Bélgica.

Esta situación ha llevado a que la Unión Europea esté vigilando la actividad de los jueces de todos los países miembro y que decidiera que, en el caso, de fallar el sistema judicial pueda rebajarse la cantidad de las ayudas o eliminarla.

Los jueces españoles a examen.

¿Ganará también la corrupción en instancias internacionales?