(Continuación de los ERE) En una entrevista concedida al periódico ABC, la juez Mercedes Alaya dijo que PSOE y PP votaron en el CGPJ «apartarla» de las macrocausas porque había miedo a que siguiera investigando los cursos de formación, donde habían encontrado hechos «sumamente graves». Y en una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI de Madrid, afirmó lo siguiente: «Tenemos al poder político metido en el poder judicial». ¿Puede haber mayor corrupción? ("El dinero público no es de nadie": Carmen Calvo)

La Junta de Andalucía, que se personó como acusación particular, en su escrito de acusación exculpó a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, en julio de 2019 y en una decisión sin precedentes, acusó a María José Rofa, exasesora técnica de la Dirección General de Trabajo y testigo clave que rebatió la supuesta ignorancia esgrimida por los expresidentes citados, como responsable de un menoscabo de fondos públicos. El nuevo gobierno andaluz ordenó el pago de al menos 924 mil euros a una veintena de procesados en la causa judicial para costear sus defensas.

El 15 de diciembre de 2019, el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez intervino financieramente a la Junta de Andalucía por incumplir la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en 2018, cuando el PSOE-A aún se encontraba al frente del gobierno autonómico presidido por Susana Díaz, cuyas cuentas fueron elaboradas por la entonces consejera de Hacienda de Andalucía y en la actualidad ministra de Hacienda de España, María Jesús Montero.

La cadena de corrupción no se detiene, y en estos días de junio salieron unos cuantos casos más: "Condena a prisión de una exconcejal socialista y su hijo por desviar subvenciones de parados andaluces". La juez ordena investigar el soborno de corrupción de Armengol. "La ex alcaldesa de IU, en Campillo (Jaén) a juicio por prevaricación, malversación y falsedad". "La Fiscalía pide cárcel para Borbolla y un alcalde socialista de Sevilla por desviar 8 millones en ayudas", Numerosas, nada más de estos días, muchas relacionadas con los prostíbulos donde se gastaban el dinero de los parados, y esta ironía: "El PSOE llena de carteles electorales los alrededores del puticlub en el que pagaron con dinero público".  

La corrupción local acorrala a Sánchez con al menos 10 casos "nuevos". Más de una veintena de socialistas han sido detenidos y las causas abiertas en los últimos meses se han disparado con Ferraz tratando de minimizar el impacto mediático. En los últimos seis meses el PSOE ha visto cómo numerosos casos de corrupción han ido salpicando las políticas del Gobierno de coalición. El discurso que había motivado la moción de censura de Pedro Sánchez en 2018, el del fin de la corrupción del PP en manos de Rajoy, se disuelve ahora con nuevas tramas que afectan a numerosos gobiernos locales socialistas repartidos por toda España. ‌

Uno de los últimos casos ha sido el del Ayuntamiento de Cornellá, donde la Policía ha detenido a 11 personas vinculadas al gobierno local del PSC. Pero hay, al menos, diez "nuevas" causas graves abiertas en toda España que ponen en jaque a Ferraz y condicionan el discurso político de Sánchez desde la Moncloa. Aunque no son tan nuevos, puesto que muchas de las tramas llevan siendo investigadas varios meses e incluso años por la Policía y Guardia Civil.

Los casos de corrupción del PSOE en Madrid (y uno de UGT) La Comunidad de Madrid ha sido una de las zonas que más casos nuevos de corrupción ha sufrido por parte del PSOE en los últimos meses. A finales de diciembre del año pasado, la Guardia Civil intervino el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias por presunta corrupción urbanística. Hubo doce personas detenidas,  ‌entre las que se encuentra la exalcaldesa socialista, Marilu Lastra, acusadas de desviar presuntamente dinero público a empresas relacionadas con el pantano madrileño de San Juan.

La operación policial se saldó con tres exconcejales socialistas detenidos, además de la alcaldesa, por participar en una trama en la que, supuestamente, el anterior equipo de gobierno del PSOE realizaba adjudicaciones a empresas de familiares o de amigos con una relación estrecha. Una trama que destapó la actual edil, del Partido Popular, al comprobar irregularidades contables y de documentación del consistorio. ‌

Otro caso de corrupción socialista en la comunidad es el de los ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles. En este último, su alcaldesa, la socialista Natalia Psoe, ha sido imputada junto a toda su Junta de Gobierno por hacer la vista gorda y dejar pasar unas tasas a una ITV. Algo que habría provocado que el consistorio perdiese más de 2,5 millones de euros.

Hay otros nueve condenados en la causa que, de momento, no han realizado dicha devolución. Ni la alcaldesa ni el exalcalde han sido apartados del PSOE madrileño. De hecho, la dirección los ha protegido diciendo que "solo si la sentencia es ejecutiva y firme se exigiría que ese alcalde asumiera responsabilidades en política". ‌

Otro caso, menos conocido, es el del ayuntamiento de Cenicientos, donde el Tribunal de Cuentas ha acordado enviar a juicio a su alcaldesa, Natalia Núñez Jiménez, al apreciar la "posible existencia de un menoscabo en los fondos públicos" del consistorio por presuntas "irregularidades en la gestión económico-financiera" de las Ferias Taurinas municipales entre 2017 y 2019.

España perdida por la corrupción que empezó la izquierda y contaminó a la derecha para cogerla de chivo expiatorio, y que pagara la suya, aunque sea incomparable. La derecha paga el pato. La trampa urdida está consumada. Así son los socialistas, "progresistas". Desde siempre: depravados, puteros, ladrones y sinvergüenzas. El mejor caldo de cultivo para esta corrupción galopante