Aterradora, por decir, lo menos, es la posibilidad de contagiarse con el coronavirus, después de conocer la angustiosa agonía que produce hasta llegar al fatal desenlace, especialmente en el caso de los mayores adultos. De allí que las medidas de aislamiento adoptadas por el Gobierno están perfectamente justificadas. Pero, al mismo tiempo, resultan catastróficos los daños que un prolongado cese de las actividades causa en la economía. Especialmente en lo que se refiere a la pérdida de empleos y de oportunidades de ingreso para la población.

De allí que la gestión de la crisis sanitaria debe estar orientada por un riguroso análisis científico y una prudente gestión de los recursos. No es ésta la oportunidad para sacar beneficios políticos de semejante tragedia.

No parecen entenderlo así los populistas aferrados a una ideología en desuso, pero conveniente a sus personales intereses. No de otra manera se explica la chabacanería rayana en la ignorancia exhibida por la alcalde de Bogotá para hacer populismo en medio de la pandemia. No ha perdido oportunidad para maltratar a los empresarios y al gobierno nacional, pretendiendo aparecer como la única defensora de los humildes y desamparados. Lo que no explica es por qué se gasta miles de millones de pesos en publicidad, mientras deja a miles de familias pobres sin la modesta ayuda de un mercadito para su subsistencia. Argumenta que el progresivo regreso de los trabajadores a su labor le causará problemas al sistema de transporte, mientras concede licencia no remunerada a su secretario de movilidad para que pasee por la Argentina en plena crisis sanitaria. Haciendo gala de su supina ignorancia se atreve a desafiar la autoridad presidencial, olvidando un claro mandato constitucional que reza:” Son atribuciones del alcalde: (…) Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República…” (Art. 315, num.2).

Para convertir a Colombia en la capital imaginaria del infierno, es decir, en el pandemónium, todo el populismo de extrema izquierda pone su grano de arena: En Cali, su pintoresco burgomaestre, como si estuviera en campaña y no rigiera los destinos de tan querida urbe, incita al personal de la salud a no trabajar si las EPS no les garantiza “extremas medidas de bioseguridad”. Entonces, ¿cuál es el deber de las autoridades ante la pandemia, tirarle la pelota a otro o dar soluciones a sus gobernados?

La pandemia ha valido para corroborar aún más la inutilidad del Congreso. Manipulado por las bancadas filo-comunistas del farcsantismo se empeña en estériles discusiones sobre la validez de las sesiones virtuales, como si viviera en el siglo XIX, en lugar de cerrar filas alrededor del Gobierno para salvar al país del desastre.

Mientras tanto, sigue la guerrilla marxista de las FARC cultivando y explotando la coca, con la tranquilidad de que su productivo negocio no será afectado por la aspersión con glifosato. Todavía se están haciendo estudios para cumplir con las exigencias de la Corte Constitucional, a pesar de que la experiencia reciente nos enseñó que las hectáreas sembradas se redujeron con la fumigación aérea en tiempos del Presidente Uribe, y que, al suspenderse a raíz de los pactos de Santos con las Farc, se multiplicó por cinco el área cultivada. ¿Qué estudio puede superar a la realidad histórica?

Sigamos, pues, en este pandemónium, soportando la zafiedad de la publicitada alcalde, o las mentiras del senador Petro que salió subrepticiamente a Cuba a reunirse con sus camaradas del Foro de Sao Paulo, sin pedir permiso a nadie, o la desafortunada gestión de quien rige los destino de Cali.

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