Ayer tarde el pleno del Congreso ha aprobado definitivamente la reforma del Código Penal que permite castigar con penas de cárcel de entre tres meses y un año las concentraciones de los provida que acuden a las inmediaciones de las clínicas abortivas para rezar y repartir folletos.
 

Se trata de un ataque más de este desgobierno a la libertad, a las libertades y a la libertad de expresión. O sea, que informar, sin presionar a nadie, es un delito. ¿Y no son delito las presiones que ejercen los piquetes llamados informativos de los sindicatos socialista y comunista, UGT y CCOO sobre los trabajadores que quieren trabajar, o la silicona que ponen en las cerraduras de las empresas? No, éstos no son delitos, rezar e informar sobre las alternativas que tienen las mujeres al aborto, sí lo es. ¿Acaso no se nos acercan personas en la calle para ofrecernos infinidad de folletos y propaganda? ¿es esto delito? Lógicamente, no.

Claro, el desgobierno protege el enorme negocio de los abortorios ante la perspectiva de que la Seguridad Social realice abortos y vean menguados sus suculentos beneficios. El negocio de la muerte por encima del derecho a la vida del feto. La madre tiene derecho a abortar, pero el nasciturus (el que va a nacer) carece del derecho a vivir.

¿Y la episcopalía qué dice? Como siempre, nada.