Se pudo conocer, gracias a diversos medios de comunicación, lo ocurrido con la Comunidad de Madrid y la compañía distribuidora de la sopa con la marca Gallina Blanca. Lo que parecía un rentable negocio en un principio, se acabó transformando en un conflicto que originó un litigio.

La Comunidad de Madrid contrató al conocido bufete Garrigues con la intención de lograr un buen asesoramiento jurídico en la defensa frente a la demanda que ha presentado contra el Gobierno autonómico la sociedad Airina SL, propiedad de la sociedad Agrolimen, que comercializa las famosas sopas Gallina Blanca. Airina SL ha reclamado una indemnización de 62916000 euros, a los que hay que sumar 9631319 euros de intereses, por el frustrado negocio con unos terrenos de Arganda del Rey, que la compañía vendió a Arpegio, una entidad que es dependiente de la Comunidad Autónoma.

 

Se han hecho comentarios en relación con algunas sospechas relacionadas con la posible comisión de infracciones en el desarrollo del procedimiento administrativo de contratación con Garrigues. Según ha indicado expresamente el diario El Confidencial, en un día laborable, a través de un procedimiento negociado, con una reducida concurrencia y sin publicidad, se adjudicó la dirección del asunto al famoso despacho, que va a recibir 225.000 euros.

Parece que se van a realizar actos de investigación para saber lo que ha ocurrido con el procedimiento de contratación. No es extraño, pues hubo escasa transparencia con la selección de Garrigues, aunque parece que los trámites administrativos se ajustan, objetivamente, a la legislación aplicable.

Es cierto, como se ha indicado desde el Gobierno autonómico, que se necesitaba obrar con agilidad por el reducido margen del tiempo existente, pero también es verdad que se conocía la situación conflictiva desde hacía tiempo, siendo fácilmente predecible el comienzo de un proceso judicial, y que hay que garantizar un efectivo control de la actividad administrativa, que debe exigir, en cualquier caso, la exposición de todo lo ocurrido con absoluta claridad y precisión.

Lo que puede destacarse principalmente es que, como los abogados de Garrigues no logren hacer una buena defensa de la posición de la Comunidad de Madrid, los madrileños van a terminar perdiendo una cantidad de dinero brutal por la indemnización a la parte actora, que podría ver estimada su demanda, y por el pago a los abogados. Todo está ya en manos del juez competente.

Es mejor prevenir que curar. Por eso, la próxima vez, la Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes tendrán que obrar más adecuadamente para evitar que se repitan situaciones como la vivida con Airina SL.