Quienes en los últimos meses hemos cargado contra la medida –de corte medieval– del oneroso confinamiento y recelamos contra la efectividad de las mal llamadas vacunas, hemos sufrido el oprobio y el ostracismo que en el pasado se reservaba a los apestados sociales. Ahora que los países con un alto índice de vacunación –Israel, Chile, Gran Bretaña– han resultado no estar blindados contra la pandemia, ni los vacunados con dos dosis inmunizados contra el virus; y que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el confinamiento y la reducción de la movilidad de los españoles, podemos afirmar, sin dejar resquicio a la duda, que hemos vivido y aún vivimos sometidos bajo una Dictadura Sanitaria. Dicha forma política de raigambre totalitaria se ha valido de la supuesta crisis sanitaria para suspender determinadas libertades inalienables de los ciudadanos que son sagradas en toda democracia. Y aunque el Tribunal Constitucional ha derrochado mucha prosopopeya para convencernos de la añagaza según la cual el veredicto ha sido el resultado de un caviloso debate, de otro lado muy ajustado, ya se puede apuntalar con un legajo jurídico en la mano que el Estado de Alarma aprobado por el PSOE es anticonstitucional e ilegal, conformando una violación de los derechos de los españoles sin precedentes en la historia moderna.

A pesar de la degollina dentro de sus propias filas practicada recientemente, con rictus impasible, por el ambicioso Sánchez, el Gobierno que acaudilla desde la vacuidad y con la connivencia, al alimón, de separatistas y comunistas, se encuentra ensudariado y bien amortajado para acabar siendo sepultado en luctuosa ceremonia electoral dejando, así, paso a otros arribistas de la política tras unas pertinentes e inaplazables elecciones generales. No hay otra, después de tantas tropelías y tan hondos descalabros como los que hemos visto y padecido por parte de nuestro actual Gobierno en los últimos dos años, constantemente asaeteados de despropósitos inverosímiles acompañados sin remisión de un hediondo efluvio tiránico. A pesar de estar mellado y maltrecho, Sánchez pretende conservar el trono de barro hasta el último momento porque su vanidad onanista se excita con cada uno de los segundos televisivos que llena con su figura, haciendo gala de una gravosa retórica y de su deplorable imagen de alfeñique al servicio de la ubicua Agenda 2030. Los pésimos resultados, en la estela de la sangría madrileña, que pueden obtener los socialistas de Sánchez y los comunistas de Podemos en unos hipotéticos comicios despojados de fraude disuaden al Gobierno de apretar el inevitable botón de autodestrucción que certifique la voladura de lo que siempre ha sido una ópera bufa, una corte de los milagros, un sindiós que, sin embargo, es el resultado de una operación exterior que ha calculado y dirigido de forma milimétrica cada paso que se daba. Sencillamente, es hora de sacrificar el peón.

La Dictadura Sanitaria no solo es nacional: es global y está organizada. Pensar lo contrario denota candor, oligofrenia, falta de perspectiva o desconocimiento del funcionamiento real del mundo. Tampoco Pablo Casado, líder de la oposición y, se supone, hipotético relevo de Sánchez según todas las previsiones, resulta, con su propuesta de una “Ley de Pandemias” y sus amistades dentro Bilderberg, donde ha sido iniciado y adoctrinado con las pertinentes directrices, una alternativa real, ya que es, en definitiva otra forma, complementaria y conveniente a ojos de las élites, de hacer lo mismo pero dando la sensación de que hay variedad de propuestas y alternancia política. Aunque eso no significa que Casado vaya a enfangarse en el lodazal con el afán infecto que ha demostrado Sánchez.

Así, en Francia, país con una innegable tradición dada a remachar en una picota las cabezas de sus necios gobernantes, buena parte de la población ha estallado, decidida a generar estruendo y a manifestar su justificada desaprobación, ante la medida decretada por el inenarrable Emmanuel Macron de hacer obligatoria la vacunación entre los sanitarios e imprescindible el certificado de vacunación para quienes anhelen poder penetrar en los locales de ocio. Ha vuelto la estrella amarilla, como dice el editor Francisco Arellano, y se trata de un jalón más en la consecución de una Dictadura Sanitaria global que discrimine sin paliativos, que culpabilice con vehemencia, a los no-vacunados y los acuse de todos los males de la sociedad. Esta y otras medidas similares por venir pretenden amedrentar y disuadir a los no vacunados de su actitud disidente mediante una coacción poco sutil y no muy acorde con los derechos humanos —al menos según el Código de Núremberg promulgado en 1947—, a la que muy pocos parecen querer oponerse más allá de con un breve e histriónico pataleo público, lo que no es poco dado el panorama circundante.

En ningún caso es verdad que la Dictadura Sanitaria haya sido dinamitada gracias a la ajustada sentencia del Tribunal Constitucional. Sencillamente ha sufrido un contratiempo, de entre tantos hasta la fecha, que ha sido posible gracias a las últimas ascuas de la democracia que todavía relucen en nuestra mortecina España. Pero que nadie se confíe: el tiempo no nos devolverá los meses de confinamiento ilegal; ningún gobernante pedirá perdón por haber conculcado nuestras libertades; la ciudadanía no reprochará nada, y mucho menos en las urnas, a quién le ha empobrecido desdeñando sus derechos. La Dictadura Sanitaria continúa, a paso triunfante, su vigorosa marcha global. Sus mejores aliados no son los Gobiernos enviciados en mezquinas corruptelas –una deriva ínsita a toda forma de poder– y capaces de saltarse la ley por orden de sus amos, sino aquellos ciudadanos que han renunciado, jactanciosos, a su conciencia individual para convertirse en censores vocacionales del Sistema.